De un Estado constructor a un Estado facilitador

En nuestro país, el sueño de la vivienda propia sigue tan latente como a principios del siglo pasado, momento donde el tema habitacional comenzaba a tornarse critico por la expansión demográfica que acudía en respuesta al "Gobernar es poblar". Hoy, sin esa expansión demográfica, millones de argentinos no pueden alcanzar el sueño de tener su casa.

La Argentina tiene un déficit habitacional estructural creciente. Desde 2010 este déficit se incrementó un 35% (de 2,76 millones en 2010 a 3,8 millones de hogares este año). ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que nuestros vecinos como Chile, que tenían serios problemas de vivienda hace 30 años, hoy estén mucho más cerca de resolverlo?

No existe una única respuesta. La falta de una política de Estado, de créditos hipotecarios y de tierra disponible; la concentración de la riqueza; el exceso o la falta de intervención estatal; una normativa anticuada y problemas culturales son las respuestas que podrían darse al buscar las causas de la problemática.

A la vez, las crisis contribuyeron a crear la cultura en la cual la única inversión segura fueron "los ladrillos". Esto llevó a concentrar los esfuerzos de los desarrolladores inmobiliarios en proyectos para los quintiles más ricos. Y se dejó sin oferta a muchos sectores obligando al Estado a convertirse en constructor.

Nuestra visión es que el rol del Estado debe ser el de facilitar y coinvertir. La intervención pública debe orientarse a subsidiar la demanda de quienes no alcanzan el mínimo para acceder a una vivienda digna. El relanzamiento de Procrear, que forma parte del Plan Nacional de Vivienda, subsidia y prioriza a las familias según su situación socioeconómica. El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso el proyecto de ley para la aprobación de un régimen de asociación público privada, como nueva herramienta jurídica para ayudar a reducir el déficit de infraestructura y generar mayor interés del sistema financiero. Desde el Gobierno comenzamos desarrollando proyectos de asociación que permiten que no sea sólo el Estado el que genere las soluciones habitacionales, sino que coinvierta con el privado. Para ello fomentamos proyectos urbanísticos integrales, con diseño de calidad y mixtura social. Y con beneficios impositivos buscamos que las empresas desarrollen proyectos de vivienda para empleados.

Por último estamos trabajando en un proyecto de ley con beneficios tributarios para proyectos de inversión vinculados a la construcción, refacción, ampliación y/o reciclaje de viviendas de interés social, de inmuebles cuyo destino sean la venta y/o el alquiler, siguiendo el ejemplo de países como Uruguay. Estas herramientas permitirán incrementar la oferta de viviendas sociales, tan necesarias para disminuir el déficit habitacional que no dejó de crecer en las últimas décadas, y para acercarnos cada vez más al sueño que planteó nuestro presidente: una Argentina con pobreza cero.

El autor es director nacional de Nuevos Desarrollos de Vivienda

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