De la inflación reprimida a los “colchones” preventivos

Antes de analizar cómo cierra la altísima inflación de diciembre y todo el año 2023 a punto de finalizar, conviene hacer una aclaración importante que soslayan deliberadamente el kirchnerismo, la CGT y los dirigentes de organizaciones que gerencian los planes sociales: de las cifras espeluznantes que se volcarán en los siguientes párrafos, solo 20 días corresponden a la flamante gestión presidencial de Javier Milei.

La mayoría de las estimaciones privadas prevén que el alza de este mes en el IPC del Indec –que será difundido el 11 de enero próximo– tendría por delante un número 3. Si fuera 30% redondo, este año arrojará un aumento acumulado cercano a 240%, récord para la Argentina en los últimos 32 años. Nada que ver con Brasil, que cerrará el primer año del tercer mandato –no consecutivo– de Lula con una inflación de 5,5% anual; ni con los demás países de la región –excepto Venezuela–, que también registran cifras de un dígito.

En comparación con diciembre de 2019, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el índice habrá acumulado en cuatro años un incremento de nada menos que 1240%. Un resultado pavoroso, que demuestra la inutilidad de los congelamientos de precios en la cuarentena; su variante intervencionista de “Precios Justos”; el deliberado retraso del tipo de cambio, a costa de la pérdida de reservas internacionales del BCRA; de los combustibles; y también de las tarifas de energía y de transporte en el AMBA, a costa de crecientes subsidios estatales financiados con emisión de pesos sin respaldo.

Cualquier argentino que haya soplado 40 velitas sabe por experiencia que la inflación reprimida con estos instrumentos se asemeja a resortes apretados, que en algún momento habrán de soltarse abruptamente y agravarán el deterioro de sus ingresos reales. Más aún cuando las sucesivas ediciones del “Plan Platita” con fines electoralistas realimentaron el proceso inflacionario.

En 2023, la aceleración de las remarcaciones para recuperar atrasos y/o formar “colchones” preventivos de precios coincidió con las PASO, aunque ya se venía verificando en los meses previos. Una prueba es que el aumento del IPC pasó de 12,4% en agosto a 12,8% en noviembre (último dato oficial), con un promedio de 11,5% mensual.

Otra, más diminuta pero elocuente, surge de los precios de la canasta fija de 30 productos (alimentos, bebidas no alcohólicas y artículos de limpieza y tocador), que son monitoreados por esta columna en la misma sucursal de una cadena de supermercados. El ticket de compra saltó de $49.540 en agosto a $97.800 en la última semana de este mes, con un incremento de 97,4% en cinco meses.

Los resultados de la primera vuelta electoral y del balotaje, junto con el posterior salto de 118% en el dólar oficial, intensificaron las remarcaciones de precios en productos de consumo masivo en vísperas de las fiestas de fin de año. Por caso, en noviembre el ticket ascendía a $65.005 y sólo en diciembre aumentó 50%. De los 30 productos relevados, 19 registraron de un mes a otro alzas muy superiores a la inflación estimada para diciembre. Las más relevantes fueron servilletas de papel (358%); pata-muslo de pollo (197%); papel higiénico (175%); carnes rojas (de 42% a 78%, según los cortes de mayor calidad); agua mineral en botella (80%) y suavizante para ropa (80%).

En la comparación con diciembre de 2022 hubo incrementos interanuales de tres dígitos en 15 de los 30 rubros, que superan con creces a la inflación de este año. Entre ellos, las gaseosas de una primera marca (381%); postres lácteos (407%); pata-muslo (591%); jamón cocido (375%); carnes rojas (380% promedio); papel higiénico (430%); servilletas (963%); azúcar (460%); yerba mate (316%); fideos guiseros (404%) y agua mineral (367%). Un caso extremo son los pimientos rojos, que en un año subieron de $450 a $5000 el kilo, con un incremento de 1011% que triplica o cuadruplica al de frutas, verduras y hortalizas.

Esta vorágine inflacionaria explica por qué antes de cada elección mucha gente llenaba los changuitos de supermercados mayoristas y minoristas para stockearse de productos antes de que los precios siguieran aumentando y luego redujo los consumos al mínimo indispensable o pasó a segundas o terceras marcas. La excepción son las fiestas de Navidad y Año Nuevo para los asalariados formales, que con el cobro del aguinaldo mejoraron transitoriamente en 50% sus ingresos, pero en enero enfrentarán una realidad más dura hasta que se reabran las paritarias. Otro tanto ocurre con los jubilados con haberes mínimos que, si bien en los próximos dos meses percibirán bonos de $55.000, verán licuado su poder adquisitivo con la mayor inflación no sólo en productos básicos y medicamentos. Obviamente, el segmento más perjudicado es el de los trabajadores informales y precarios, con ingresos que tornan prohibitivos la mayoría de los precios.

Con el ajuste macroeconómico en marcha, las cadenas nacionales de supermercados reactivaron en las Fiestas las ofertas por cantidad en busca de hacer lo propio con la alicaída demanda y reducir stocks. También las de provincias, agrupadas en CAS y FASA, lanzaron una canasta de 20 productos básicos con “precios diferenciados”.

Desde hace décadas, con sus sucesivas crisis económicas, los “colchones” preventivos de precios armados por muchas empresas apuntaron a dolarizarlos y/o subirlos todo lo posible para mejorar sus márgenes y cubrirse de riesgos, principalmente indexatorios. El razonamiento es que después habrá tiempo para bajarlos según lo que ocurra con la demanda. Más ahora, cuando la ortodoxia del plan económico ubica a la recesión y la licuación de salarios como principal variable de ajuste, sin efectos reactivantes.

Como telón de fondo, los últimos cuatro años de gobierno del Frente de Todos generaron una fenomenal distorsión de precios relativos, que llevará tiempo corregir y sólo comenzó con un tipo de cambio oficial más realista, pero que puede perder terreno a valores constantes si en tres o cuatro meses no comienza a bajar la inflación.

Un cálculo de la consultora Macroviews, de Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo, precisa que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2023 (último dato del Indec) la inflación acumulada fue de 1429% y divide los precios relativos entre adelantados, “en el medio” y atrasados con respecto a la base más razonable de hace cinco años

En el lote de precios adelantados se ubican las prendas de vestir (2000%); verduras y legumbres (2016%); frutas (2060%); azúcar, dulces, chocolates y golosinas (1960%); compra de vehículos (1948%); carnes y derivados (1840%); productos medicinales (1824%); restaurantes y comidas preparadas (1763%); calzado (1737%) y editoriales (1717%). A ellos se suman ahora el dólar para exportar e importar (2230 y 2386%) y el dólar CCL (2539%).

Los rubros más cercanos o “empatados” con la inflación del período son aceites, grasas y mantecas (1319%); aguas minerales, gaseosas y jugos (1352%); leche, lácteos, huevos, vegetales (1472%); pan y cereales (1505%); café, té, yerba y cacao (1527%) y bebidas alcohólicas (1574%).

Y en los atrasados figuran electricidad y gas (504%); alquiler de viviendas (689%); transporte público (789%); servicios telefónicos (863%); combustibles y lubricantes (871%); medicina prepaga (1000%); equipos de transporte (1021%); tabaco (1056%); educación (1069%); servicios recreativos y culturales (1087%); cuidado personal (1195%) y bienes y servicios para el hogar (1201%). En un apartado aparecen el salario no registrado (586%); el registrado (932%) y las jubilaciones mínimas con bonos (1000%). Todo un desafío para 2024.

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