“De Elon Musk al Papa”: el polémico proyecto para un salario universal se pagaría con más impuestos y subsidios

En medio de creciente pirotecnia pública entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la licuación de los ingresos que provoca la inflación, diputados del kirchnerismo cercano a movimientos sociales presentaron ayer un proyecto de Salario Básico Universal (SBU) -sería permanente no transitorio- cuya implementación, en medio de la implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendría un costo bruto anual de 2,1 puntos del PBI y se financiaría con un aumento del impuesto a las ganancias y una reasignación de subsidios económicos.

Según contaron a LA NACION los autores de la iniciativa, esta posibilidad se debatió hace un año –en el marco de la pandemia- con el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Él conceptualmente estaba de acuerdo”, dijeron. Sin embargo, puso reparos por la cuestión fiscal. “Se podría empezar con un universo más pequeño y después se lo puede ampliar”, sugirieron. Este medio consultó en el Palacio de Hacienda, pero todavía no tuvo aún una respuesta.

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados lleva la firma de Itaí Hagman, diputado del Frente de Todos y referente de Patria Grande, cercano a Juan Grabois. Acompañaron el proyecto Leonardo Grosso, Carlos Selva, Mónica Macha, Hugo Yasky, Jorge Antonio Romero, José Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Graciela Landriscini, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Lía Verónica Caliva, Claudia Beatriz Ormachea, Mara Brawer, María Rosa Martínez y Carolina Yutrovic.

“Queremos establecer un piso de ingresos que garantice que las personas que no tienen ese piso asegurado subsistan”, explicó Hagman. “Eliminás la indigencia, bajás la pobreza e inyectás recursos que incentiven consumo y demanda. Por razones coyunturales y estructurales es una buena medida. Hay un debate en el mundo además para que los sectores que quedan excluidos del sector laboral formal no queden sin ningún tipo de protección”, dijo el economista.

“Sería un salario básico para trabajadores independientes; ese es el centro de la cuestión”, indicó Grabois a LA NACION. “Es para todo tipo de trabajadores, incluso monotributistas de las clases más bajas. Suma a los trabajadores en relación de dependencia informales y también a aquellos que son formales, pero están por debajo de la pobreza”, sumó.

“Propuestas como estas las hacen desde Elon Musk hasta el Papa Francisco”, afirmó y completó en medio de los chispazos oficiales por los ingresos: “No es una cuestión ideológica; sino una forma pragmática de enfrentar la realidad del mundo del trabajo dignamente. Hay que terminar con la informalidad laboral, pero en la transición hay que garantizar ingresos”. Tanto Hagman como Grabois dijeron que esta medida no va contra la creación de empleo formal de calidad.

¿Cómo definen el SBU los autores del proyecto? “Es una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena, se desempeñen como cuentapropistas o en la economía informal”, indicó la iniciativa de Hagman a la que tuvo acceso este medio.

El universo, el monto y el costo

Los beneficiarios serían desocupados, informales, monotributistas sociales, trabajadores agrarios y de casas particulares. Cobrarían un 50% los monotributistas de la categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de la misma ($38.850 mensuales en 2022). El proyecto prevé contraprestaciones: terminar estudios primarios o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral; talleres de orientación laboral, para la búsqueda de empleo o de orientación al Trabajo Independiente; talleres de Profesionalización del Trabajo Doméstico; y desarrollo de actividades sociocomunitarias.

El SBU puede se complementaría con una política de registro de cuentapropistas de bajos ingresos que trabajan con ingresos en negro y no bancarizados. Para eso se crearía un Registro Nacional del Salario Básico Universal (ReNaSBU). “Se estiman 2,5 millones de cuentapropistas no profesionales que desarrollan su actividad sin estar registradas en el régimen de Autónomos, Monotributo ni Monotributo Social. Este universo es el núcleo de la economía popular”, indicó un informe de la Ocepp, el centro de estudios que dirige Hagman, autor del proyecto.

El monto es móvil –a diferencia del Ingreso Familiar de Emergencia, que era fijo- y sería lo que indica la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto equivalente. A marzo de este año sería de $12.900. Otra diferencia con el IFE -algo que prende las alarmas de los técnicos del FMI que siguen a la Argentina- es que este es un pago permanente no transitorio.

“Con condicionamientos socioeconómicos y patrimoniales se estima una cantidad de SBU a otorgar de 9 millones”, indicaron. Serían personas de 18 a 64 años. El SBU no es compatible con los planes de empleo, pero sí con la AUH.

El costo fiscal bruto anual es de 2,1% del PBI. Sin embargo, si se restan el gasto afrontado por otros programas, sería de 1,3% del PBI. En tanto, si se tiene en cuenta el “retorno fiscal”, el costo a financiar, dicen los autores del proyecto, sería de 0,9% del PBI. Teniendo en cuenta este último número, 0,58% del PBI, dicen los promotores, podría financiarse mediante una reasignación del 20% de los subsidios de tarifas de energía y transporte.

“Un 0,30% del PBI podría financiarse mediante la creación de un nuevo tramo con alícuota marginal de 45% en el impuesto a las ganancias para los contribuyentes cuya ganancia neta sujeta a impuesto en 2021 supere los $110.194 mensuales por encima del mínimo no imponible, lo que equivale a sueldos netos mensuales de aproximadamente $200.000 de 2021″, cerraron. Las posibles fuentes de financiamiento no aparecen en el proyecto presentado en el Congreso. “No pusimos porque es una cuestión abierta para debatir en el Congreso”, dijo Hagman consultado por este medio.

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