“Cupón PBI”: la Argentina consiguió un fallo a favor en Nueva York por el juicio de la deuda externa

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló hoy a favor de la Argentina en el juicio por los bonos “cupón PBI” de legislación estadounidense, emitidos en 2005, para canjear la deuda que había quedado en default en 2001. El Estado era acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la metodología para calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013. En paralelo, en Londres sigue otro proceso por una demanda similar sobre los mismos bonos, pero emitidos bajo legislación europea.

El Estado argentino consiguió una victoria en primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de forma conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP Master, 683 Capital, Adona y APE Group, y evitó pagar una indemnización estimada de US$1400 millones. Los demandantes tienen 30 días para apelar el fallo y llevar el caso a una segunda instancia.

“Por las razones expuestas a continuación, se CONCEDE la moción de la República y se RECHAZA la moción contraria de los Demandantes”, dijo la jueza Preska en su sentencia, a la que tuvo acceso LA NACION.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Este instrumento financiero estipuló que, hasta 2035, la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3% en promedio.

La demanda contra el país se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2014. La anterior base de cálculo era de 1993 y contenía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo es necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.

“El fallo de Preska no habló en absoluto sobre una mala fe de la Argentina de cambiar la fórmula del Indec semanas antes de anunciar el pago para el año 2013. Las tres demandas del caso del cupón PBI siempre se dedicaron a hablar sobre el Indec. Preska le dedicó un solo párrafo a eso, diciendo que este juicio no se trata sobre el Indec y sobre la posible mala fe de la Argentina de calcular equivocadamente su PBI, sino de un tecnicismo; es decir, entraron por la puerta equivocada”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra el Estado en exterior.

“La cláusula 4.8 del prospecto [de la emisión de bonos] que se llama no-action clause [sin cláusula de acción] impide a los demandantes haber presentado esta demanda por una variedad de motivos. Pero hay nuevas demandas presentadas de otros fondos que tienen otra estrategia y hay que ver si van a estar alcanzadas por este fallo de Preska”, agregó Maril.

El economista se refirió así a otra demanda iniciada contra la Argentina el año pasado en Nueva York, que señala que el Estado perjudicó a los tenedores de los títulos cupón PBI al cambiar la forma de calcular el PBI, pero se basa en otros argumentos y evita hablar sobre el accionar del Indec. Sobre esta demanda, la defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, tiene 60 días para responder y tiene a favor el fallo reciente de hoy para basar su posición.

Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior, explicó que el juicio se debe a la “cláusula ambigua” que se estableció en la emisión de los bonos para establecer el empalme entre la fórmula de cálculo del PBI anterior y la nueva, con la canasta de productos actualizada. “No pudo haber mala fe, porque la actualización de la fórmula de cálculo era exigida por el FMI, no fue una decisión arbitraria. Y el mismo prospecto de los bonos había contemplado que se iba a cambiar la canasta. El problema es que la cláusula de 2005 era ambigua acerca de la forma en que se tomaría en cuenta el cambio para el pago de los cupones. Deja de ser ambigua y le da la razón a la Argentina, si se la interpreta en el contexto del objetivo económico perseguido por la inclusión de los cupones PBI en el canje”, dijo.

Actualmente, la Argentina enfrenta dos procesos en paralelo por la deuda del cupón PBI. Además del juicio en Nueva York, como los títulos se emitieron también bajo legislación europea, hay otro proceso que se lleva adelante en Londres.

En ese caso, hubo una sentencia en contra en primera instancia en el Tribunal Superior de Londres, después de cuatro semanas de juicio. El juez Simon Picken le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y sentenció daños e indemnizaciones por 1329 millones de euros más intereses.

La Argentina pidió permiso para apelar el fallo, porque, a diferencia de lo que ocurre en los tribunales de Estados Unidos, donde el derecho de apelación es automático, en Gran Bretaña cada instancia debe decidir si lo acepta. El juez Piken aceptó suspender la ejecución de la sentencia, pero determinó que había que establecer una garantía de US$337 millones.

La semana pasada, el Gobierno creó el Fideicomiso Especial de la República Argentina en Nueva York para constituir a través de este instrumento la garantía y llevar el caso a la segunda instancia. La audiencia de tres días en la cual cada parte expondrá sus argumentos se llevará adelante el próximo mes.

La creación del Cupón PBI

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía en promedio más de 3% en el año (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).

En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,22% como establecía el cupón para ese año.

Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que en 2007 se interviniera el Indec de la mano del secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también exige actualizar la canasta de productos que se toman en cuenta para calcular el PBI del país. De hecho, el Indec anunció que este año volverá a modificar la base de cálculo.

Tras ese cambio en 2014, el Indec informó que la Argentina creció 2,94% del PBI en 2013, menos del 3,22% que disparaba el pago del cupón, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.

El cupón PBI se paga cuando, además de tener un crecimiento mayor al 3%, el tamaño del PBI sea superior al teórico que se había pronosticado en 2005, ajustado con la nueva base de 2014. La idea detrás es que la Argentina no pague si el crecimiento fue en realidad un rebote de una caída brusca anterior (como sucedió en 2021 después del año de la pandemia).

Asimismo, la Argentina debe pagar el interés si no se llegó al monto máximo estipulado. Desde el lanzamiento del cupón PBI, el Estado ya pagó alrededor de US$10.000 millones de intereses y quedarían otros US$10.000 millones por pagar si se cumplen con las primeras dos condiciones para completar el monto total. El país no paga el cupón desde 2011, cuando la economía dejó de crecer y se estancó.

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