Cuatro años y medio de un juicio quieto, una fiscal solitaria y una nueva puerta de salida que abrió la Casación

Pasaron casi seis años y en la causa Cuadernos se puede encontrar un maravilloso compendio de fórmulas procesales, argumentales y jurídicas destinadas a terminar con el proceso antes de que llegue a juicio oral. Ese incómodo momento donde se leen los cargos, declaran los testigos, se produce la prueba, se escuchan los alegatos y, finalmente, se conocen los culpables y los inocentes, es la instancia que la gran mayoría de los imputados quiere evitar. Unos, porque saben que los condenarán; otros, por la banalidad de evitar la foto en el banquillo que quedará para siempre en las bibliotecas digitales. Ni siquiera los que se consideran inocentes quieren ese día, prefieren otro artilugio antes que el juicio oral.

La política y, el poder en general, no quieren juicios orales. Les resultan incómodos y para muchos empresarios, poco estéticos. Algo así como darle absoluta entidad a aquella premisa que reza que, si no hay imágenes, pues no existió. Para la consecución de ese fin se impuso la estrategia de la dilación.

Fue la propia fiscal del Tribunal, Fabiana León, la que presentó un recurso ante el Tribunal de Casación en el que puso de manifiesto el “retardo de justicia”. “Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aún contando con 4 colaboradores y poco espacio”, dijo el 12 de junio pasado a LA NACION la fiscal León, tras presentar un escrito en el fuero. Se refiere a la demora de cuatro años y medio que lleva el Tribunal Oral conformado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que jamás fijó fecha de inicio.

Hasta septiembre del año pasado, cuando la fiscalía hizo un inventario del proceso, la causa acumuló 159 imputados. Actualmente ese número es de 157 después de que en un accidente aéreo falleciera Juan Chediack, uno de los empresarios arrepentido, y que una sala de Casación decidiera que Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exdueño de la constructora Iecsa, antes de Franco Macri, tenía que ser juzgado por infracciones electorales y no por coimas.

La salida de Calcaterra del proceso penal para ser enviado a la Justicia Electoral requiere de un andamiaje no menor ya que sólo es posible esa vía de escape si se reconocen los hechos. Dicho de otra forma, la Justicia validó los “aportes para campaña” sí y solo sí se reconocen los pagos.

La digresión no es menor. Por ahora, todos los que han encontrado caminos alternativos para evitar el juicio oral lo han hecho después de reconocer que pagaron, tal como reveló la investigación de LA NACION. El primero que lo logró fue el Grupo Techint. Varios ejecutivos de la empresa argumentaron haber pagado un millón de dólares a funcionarios argentinos por razones “humanitarias”, para destrabar la repatriación de algunos empleados que habían quedado en Venezuela después de que el gobierno de ese país expropiara una planta de la multinacional. Es decir: pagaron, pero por una emergencia.

El magistrado que validó esos argumentos fue Julián Ercolini, continuador del una parte de la causa después de la muerte de Claudio Bonadio. Ese mismo juez ya había decidido que otros tres empresarios, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, dejaran de ser investigados por corrupción después que reconocieron que aportaron dinero al emisario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, pero que fueron para la “campaña”. Todos ellos, casualmente, eran controlados o regulados en alguna de sus actividades, por el recaudador. A ese selecto grupo se suma ahora Calcaterra. Varias decenas más de imputados, intentarán el mismo camino. Como se dijo, prefieren la infracción electoral aunque eso implique no dejar duda sobre los hechos antes de que la foto en el juicio oral.

La llamada causa Cuadernos, además de 157 imputados, se compone de una decena de otros expedientes que se instruyeron a propósito de la investigación periodística. En total, se investigan 540 hechos delictivos tipificados en 26 calificaciones jurídicas. Sólo la fiscalía ofreció 899 testigos que deberán comparecer en las audiencias y solicitó 13 pericias. A ese magma probatorio, además, se sumarán las 157 defensas que propondrán lo suyo.

No hay en los tribunales argentinos una sala en la que puedan convivir todos los interesados si es que deciden presenciar las audiencias. Tampoco se ve claramente que la Justicia pierda el sueño por encontrarla y empezar el proceso. La dilación es el negocio de muchos, y más aún cuando en ese tiempo aparecen puertas de salida que abren cada tanto. Es cuestión de probar y ver qué se necesita para encontrar la misma llave.

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