Planes sociales: cuál es el monto máximo que puede cobrar una familia si obtiene toda la ayuda disponible del Estado

El Estado se prepara para hacer un desembolso cercano a los $270.000 millones para cubrir los bonos, aumentos en planes sociales y medidas anunciadas para mejorar los ingresos en un contexto de alta inflación. Para los especialistas, es una nueva muestra de la fragilidad de la línea de flotación de pobreza y se suma a un entramado de 182 programas ya existentes, algunos de los cuales se cobran simultáneamente. Así, por ejemplo, según las compatibilidades, una familia tipo de cuatro personas sin empleo podría percibir ayuda estatal por un total de entre $156.890 y $173.190 por mes (con dos AUH, dos bonos extra de abril, dos “Potenciar Trabajo”, Tarjeta Alimentar, Complemento para leche, dos “Fortalecer Empleo”, dos bonos del “IFE acotado”, y un “Acompañar” del Ministerio de la Mujer, Diversidades y Género, por nombrar algunos). En ciertos casos, las cifras anteriores se podrían estirar aun más.

Si desde oficinas públicas como la Anses o el Ministerio de Desarrollo Social no se disponían transferencias monetarias directas de este tipo -en vísperas del Censo 2022-, se avizoraba un incremento en el porcentaje de personas debajo de la canasta básica total.

La red de contención social a través de planes creció en el tiempo. En particular, la línea de subsidios o planes sociales que otorga Anses fue el concepto de gasto público que más aumentó entre 2017 y 2021, de acuerdo con un estudio de Iaraf. El año pasado representó 5,9 puntos más del gasto total que en 2017.

La suma total no es la única que crece. Se multiplican los programas que ofrece el Estado, cuyos objetivos parecen superpuestos con planes anteriores. Por ejemplo, esta semana el Gobierno aprobó por decreto un convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por un préstamo -por €250.000.000- para financiar el “Programa Fomentar Empleo”. Se trata de una iniciativa que otorgará entre $7500 y $15.000 a beneficiarios desempleados que quieran insertarse en la matriz productiva. Los fondos serán administrados por el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, cercano al presidente Alberto Fernández.

Sus características coinciden con el “Programa Potenciar Trabajo” -bajo la cartera de Fernanda Raverta, que responde a Cristina Kirchner-, por cuyo aumento en el monto de transferencia acamparon miles de personas en la 9 de Julio a principios de este mes.

También comparte objetivo con el “Programa de Inserción Laboral”, “Acciones de Entrenamiento para el Trabajo”, “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, el seguro de desempleo, sus prestaciones asociadas y decenas de otros particulares que otorgan montos a cambio de cursos cuyo cumplimiento, asistencia y éxito en la búsqueda de trabajo no se informa en cifras oficiales.

El solapamiento se multiplica al evaluarse desde una óptica federal. Incluso, algunos programas del Estado nacional fueron creados con el propósito de asistir a los planes provinciales o municipales. Por ejemplo, el programa de asistencia a comedores escolares o el Programa Invierno, que da subsidios económicos para la compra de insumos de calefacción del hogar, la asistencia y acompañamiento para los equipos locales y organizaciones sociales, algo que realizan las provincias con menos fondos de los requeridos, según el Gobierno.

De acuerdo con publicaciones oficiales y una estimación de Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, existen actualmente 182 programas sociales. Más aún, el Gobierno elaboró por segundo año consecutivo una guía (que llama “GPS”), donde especifica el sentido de cada uno de ellos, los requisitos y las compatibilidades.

“Compilamos en un mismo documento la diversidad de planes y programas sociales que el Estado Nacional desarrolla para garantizar los derechos de sujetas y sujetos de acuerdo a las necesidades manifiestas e identificadas por este. Esta clasificación permite valorar el entramado de herramientas que el Estado Nacional construye en pos de lograr mejores condiciones de vida, de igualdad y de justicia social”, detalla el documento.

Cada uno de los 182 programas implica una prestación económica individual, familiar, un subsidio no reintegrable, la entrega de bienes (comida, maquinaria o insumos) y/o líneas de intervención. La mayoría tiene asociada una transferencia dineraria directa y, en algunos casos, implica una acción de parte del beneficiario, aunque fuentes oficiales reconocen que no hay un sistema integrado de detección de cumplimiento.

Otra característica de este entramado de planes y programas es que la mayoría de ellos son compatibles entre sí. Esto genera que una familia sin ningún miembro trabajador pueda alcanzar montos superiores a, por lo menos, 4,5 salarios mínimos vitales y móviles, sin ninguna contraprestación aparente y sin contar los bonos que, cada vez con más frecuencia, otorga el Estado para paliar las consecuencias de la suba de precios.

Cuánto puede percibir una familia con planes

A modo de ejemplo, LA NACION reconstruyó cuánto puede acumular en planes sociales una familia tipo de cuatro personas con padre, madre y dos hijos, uno joven adulto y otro niño. Con las subas y bonos, este grupo familiar podría recibir: dos AUH ($12.750), dos bonos extra de abril ($12.000), dos “Potenciar Trabajo” ($38.940), Tarjeta Alimentar ($13.500), Complemento para leche ($800), dos “Fortalecer Empleo” (entre $15.000 y $30.000) y dos bonos del “IFE acotado” anunciado por el Gobierno ($18.000 por persona, en dos cuotas), por lo menos un “Acompañar” del Ministerio de la Mujer, Diversidades y Género ($46.200).

Si el hijo adolescente superara los 18 años, la familia dejaría de percibir la AUH, pero podría anotarse a la Beca Progresar ($6.400) y, a su vez, percibir otros subsidios para mayores de 18. Podrían percibir seguros por desempleo bajo ciertas condiciones, aunque podría invalidar otros programas.

Además, esta familia podría percibir el programa Hogar ($496,80 por garrafa), transferencias en concepto de “ayudas directas a personas” (subsidio de carácter económico de hasta cuatro veces el 70% del salario mínimo, vital y móvil) y por el programa de “fortalecimiento familiar” (variable).

Así, esta familia tipo podría percibir entre $156.890 y $173.190 por mes.

Fuentes oficiales que pidieron reserva de su nombre confirmaron a LA NACION las cifras anteriores, si bien aclararon que es “improbable estadísticamente” que una familia pueda hacerse de todos esos recursos.

Es interesante notar que el seguro por desempleo ($12.833,8 y $21.389,2) invalida algunas de las prestaciones, pero, a su vez, podría sumarse a este -por la compatibilidad-, un seguro de “capacidad y empleo” ($4500), incentivos económicos por el “curso de formación profesional web” o el “programa de empleo independiente” y “prestaciones por desempleo”. En este caso, la familia no podría acceder al Potenciar Trabajo. En total, percibiría hasta $186.028,4.

Este cálculo no considera programas provinciales, municipales, microcréditos de cualquier origen ni subsidios para situaciones especiales como un miembro de la familia transgénero, travesti o transexual, discapacitado o privado de su libertad, por ejemplo.

El monto que podría recibir por mes asciende a -para el mismo grupo familiar- casi dos canastas básicas totales, $89.690, que marcan el límite de pobreza, o un poco más de cuatro veces la canasta básica alimentaria, $39.862, que establece la línea de indigencia.

Si bien muchos de estos subsidios son de carácter personal y son transferidos a sus beneficiarios, hay programas de beneficios directos que son canalizados a través de organizaciones sociales, tanto en el monto como en su prestación como en la entrega de bienes.

Por ejemplo, la “Iniciativa Aunar” es una tarjeta precargada con dinero para la compra de insumos de cuidado personal, desinfección e higiene y recursos de juego para niñas, niños o adolescentes en dispositivos de protección o penales. El Complemento Alimentario consiste en la entrega mensual de módulos alimentarios a organizaciones sociales, con el fin de cubrir las necesidades primarias de las personas, de acuerdo con la página del Ministerio de Desarrollo Social.

El 55% de las personas que habitan la Argentina estuvo alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Ese número era 32,9 en 2010 y de 40,3% cinco años después. Mauricio Macri dejó la presidencia con un 43,8% y Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, a 55%. Las cifras permiten asegurar, de acuerdo con los especialistas, que las transferencias están alcanzando también a miembros de la clase media. Estos últimos números se desprenden del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y fueron revelados por LA NACION en enero de este año.

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