Cuánto poder de compra perdieron las jubilaciones en los últimos doce meses
Aun con el incremento de septiembre, con los haberes actuales se puede acceder a un 6,2% menos de bienes y servicios que en 2020; cuánto y por qué bajó el gasto previsional
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Con sus ingresos de septiembre, los jubilados y pensionados pudieron comprar un 6,2% menos de bienes y servicios que lo que podían adquirir un año atrás. Eso es así porque entre el noveno mes de 2020 y el del actual 2021 hubo un aumento nominal del monto percibido de 43%, al tiempo que el índice de precios al consumidor nacional (IPC) acumuló una suba de 52,5%, según el dato que difundió días atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Así, suponiendo que un conjunto de productos valía hace un año 1000 pesos y que ahora cuesta 1525 pesos, si hoy alguien dispone de 1430 pesos (contra 1000 pesos de un año atrás), entonces podrá adquirir un 93,8% de lo que podía comprarse en el momento del punto de partida de la comparación. Si se consideran solo los alimentos y bebidas, que tuvieron un incremento en sus valores de 53,4%, según los datos del Indec, la reducción del poder de compra resulta de 6,8%.
La caída de las jubilaciones en términos reales dentro del período considerado ocurrió durante 2020 y los primeros meses de este año. Durante todo el año pasado y por una decisión tomada por el Gobierno apenas asumió (en diciembre de 2019), no se otorgaron reajustes a las jubilaciones en función del resultado de una fórmula legal, sino que se dieron subas por decretos del Poder Ejecutivo, con porcentajes definidos de manera discrecional. De esa manera, muy lejos de las promesas que había hecho en campaña, el gobierno de Alberto Fernández concretó en el inicio de su gestión un ajuste importante sobre las jubilaciones, que sigue teniendo efectos actualmente y que los seguirá teniendo en los años próximos.
Desde marzo de este año se dan los incrementos según el índice resultante de una fórmula aprobada por ley, basada principalmente en la evolución de la recaudación de impuestos y de los salarios. Pero los aumentos actuales y futuros se calculan sobre ingresos más bajos en relación con los que existirían si no hubiera mediado la suspensión de la fórmula. Ese es un tema que hoy se debate en la Justicia.
En el caso de haber seguido vigente el cálculo de movilidad aprobado por el Congreso a fines de 2017, las jubilaciones deberían haber recibido un aumento de 42,1% en 2020; en cambio, las subas fueron de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos. Además, de haber continuado la modalidad de recomposiciones que rigió en 2018 y 2019, los ingresos de los jubilados serían hoy entre 3,1% y 12,3% más elevados de lo que son.
En particular, entre el cuarto trimestre de 2020 y el primero de este año hubo una inflación de 25,8%, mientas que la suba de haberes fue de 13,5% (el porcentaje de diciembre fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, mientras que el de marzo ya respondió a la fórmula de la ley 27.609); en el segundo y en el tercer trimestre de 2021 el alza de precios acumuló un 21,3%, y la suba de las prestaciones, un 26%.
Baja del gasto previsional
La caída del último año se refleja también en los grandes números del sistema. En los primeros nueve meses de 2021 las erogaciones del Estado nacional con destino al pago de jubilaciones y pensiones fueron un 6,9% más bajas que las de igual período del año pasado, si se las mide en términos reales (es decir, con los números corregidos por inflación), según un informe difundido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Esa disminución se explica por los aumentos inferiores a la inflación y, también, en alguna medida, por la reducción del número de nuevos jubilados de la Anses que hubo durante varios meses. A junio de este año, según un informe de la Secretaría de Seguridad Social, la cantidad de beneficios puestos al pago era inferior al número promedio mensual de 2020, que ya había caído en relación con el de 2019.
Haberes actuales y el plus de octubre y noviembre
El haber mínimo del sistema que gestiona la Anses es, desde septiembre último y hasta noviembre, de $25.922,42, mientras que en el noveno mes del año pasado era de $18.128,85. El haber máximo es ahora de $174.433,38, mientras que en 2020 era de $121.990,04.
En el período, la suba de los ingresos fue de igual porcentaje para todos los jubilados y pensionados. Después del incremento diferenciado que hubo en marzo de 2020, el Gobierno abandonó su idea de achatar la pirámide de ingresos, un objetivo en función del cual había otorgado a los ingresos medios y altos reajustes inferiores a los de la mínima, aun cuando la cuantía de esos haberes (cuyo valor debe mantenerse en el tiempo, según el concepto de la movilidad) es definido según lo que dispone la ley y se justifica por el monto y la cantidad de aportes hechos por las personas durante sus trayectorias laborales.
Con las jubilaciones de este mes de octubre y con las de noviembre, quienes cobran el ingreso mínimo y habían accedido a su prestación tras haber hecho al menos 30 años de aportes efectivos (sin recurrir a una moratoria), cobran un plus de $317,58. Ese adicional responde a que una ley de 2017 establece que los haberes, en los casos mencionados, no pueden ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Como ese ingreso laboral se elevó para este mes a $32.000, la cláusula legal se activa para un grupo de pasivos, cuyos ingresos deben alcanzar los $26.240. Entre quienes perciben la mínima, en rigor, la mayoría accedió por moratoria, por lo cual la medida alcanza a 1,1 millones de prestaciones (en número de personas, la cifra es inferior), sobre algo más de 4 millones de pagos del nivel mínimo.
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