Cuánta capacidad de compra perdieron las jubilaciones de la Anses en los últimos años

Con la política de subas discrecionales en 2020 y con la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.609 en 2021 y en 2022, los haberes jubilatorios a cargo de la Anses tuvieron una caída, en términos de poder adquisitivo, de entre 13% y 20% en los últimos tres años. Y, así, al considerar lo ocurrido en los dos períodos previos (2018 y 2019), es posible estimar que en cinco años se deterioró entre 26% y 32% (este último porcentaje, en el caso del haber máximo) el valor real de los ingresos cobrados mensualmente.

Para quienes perciben el ingreso mínimo, o hasta aproximadamente el equivalente a dos veces ese básico, el recorte tiene una compensación por los refuerzos que en varios meses (como los actuales) el Gobierno decidió pagar, justamente, porque la modalidad de cálculo de los reajustes arrojó resultados, este año, muy por debajo de la inflación.

Alguien que a fines de 2019 tenía un haber, por ejemplo, equivalente a cuatro veces el mínimo (es decir, de $56.272) tendrá en el último mes de este año un ingreso de $186.304, un 231% nominalmente más alto, mientras que la inflación del período, incluida la estimación para todo este año, llegaría a 310%. Así, su poder de compra se redujo un 19,2% o, dicho de otra manera, su ingreso de diciembre le alcanzará para comprar el 80,8% de lo que podía adquirir en el primer momento de la comparación. Con respecto a cinco años atrás, el haber nominal avanzó un 542% y, con una inflación acumulada de 832%, perdió un 31% de capacidad adquisitiva.

Con los $186.304 que cobrará en diciembre podrá comprar aproximadamente un 69% de lo que podía adquirir a fines de 2017 con $28.986, que era su ingreso de entonces, siempre tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Otro caso: quien tenía un ingreso igual a tres veces la jubilación mínima, de $21.740 a fines de 2017 y de $42.204 en diciembre de 2019, cobrará el próximo mes $140.911. Frente a la inflación, eso implica una baja del ingreso real de 18,6% en los últimos tres años, mientras que en un lustro se acumuló un deterioro del poder adquisitivo de 30,4%.

El haber mínimo, en tanto (sin contar los bonos), subió en los últimos tres años un 256,3%, lo que en términos de poder de compra se traduce en una caída de 13,1%. En cinco años, el aumento nominal es de 591,7% (incluyendo la suba de diciembre próximo) que, contra una inflación de 832%, determina una baja real de 25,8%.

El haber máximo, que desde diciembre será de $337.288,8, subió 227% en tres años, lo que representó una baja, en términos de poder de compra, de 20,2%. En la comparación contra diciembre de 2017, el avance fue de un 535,3%, de lo cual resulta una caída, hecha la corrección por inflación, de 31,8%.

La variación no es igual para todos, porque en marzo de 2020 se efectivizó una decisión que tuvo el proclamado objetivo de “achatar la pirámide”. Entonces, se otorgó una suba que combinó un porcentaje y una suma fija de igual monto para todos, lo cual hizo que el incremento efectivo fuera, en ese mes, de 13% para el haber mínimo y que, a partir de allí, registrara niveles decrecientes, hasta llegar a 3,75% en la jubilación máxima del sistema.

Más allá de esa suba diferencial de marzo, 2020 terminó, para todos, con un alza acumulada menor a la inflación y a la suba que hubiera correspondido en caso de no haberse suspendido la fórmula heredada del gobierno de Cambiemos. Aquella anterior modalidad de cálculo –aprobada en diciembre de 2017– había determinado caídas de poder adquisitivo de 13% en 2018 y de 1,75% en 2019. Para 2020 la fórmula daba un índice seis puntos porcentuales por arriba de la inflación, con lo que se hubiera recuperado poder adquisitivo, pero su vigencia fue suspendida por decisión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Luego, mientras que en 2021 se acumuló una suba por movilidad de 52,67% frente a una inflación menor, de 50,9%, 2022 terminará con un reajuste de 72,48%. Si, tal como lo proyectan muchos economistas, la inflación del año llega a 100% (será así si el nivel promedia un 6,4% en noviembre y diciembre), el aumento de haberes por la fórmula quedará más de 27 puntos porcentuales por debajo, y la caída real llegará a 13,8%, porque con el ingreso se podrá comprar un 86,2% de lo que podía adquirirse en el inicio del año.

Para aliviar ese efecto, se decidió una política que, al ir mostrando continuidad en el tiempo, resulta de alguna forma un regreso a aquella idea del achatamiento de la pirámide. Al quedar la evolución de la totalidad de los ingresos por debajo del avance de los precios, se otorga una compensación para un grupo, que consiste en el pago de adicionales que no se incorporan al haber.

El bono de este mes, de hasta $7000, por ejemplo, es el dispuesto para el trimestre que ahora finaliza. Y en diciembre será reemplazado por otro, de hasta $10.000, que regirá hasta febrero. En marzo deberá haber otra actualización por fórmula y, desde ya, se abre la expectativa de qué ocurrirá con los bonos, porque si dejaran de pagarse, es muy posible que en ese mes muchos jubilados reciban menos que en febrero, una realidad difícil de pensar.

Todo indica que se consolidaría una política de subas diferenciales, según nivel de ingresos, y sin que la movilidad permita mantener el poder adquisitivo. Un informe del Ieral de Fundación Mediterránea señala que, más allá de la visión redistribuiva de esa decisión, el “problema” para el sistema es que “quienes han cumplido cabalmente con las obligaciones para obtener una jubilación y han aportado en mayor medida, hoy ven caer sus haberes reales efectivos frente a quienes cobran la mínima, un grupo dominado por personas que se jubilaron vía moratorias”.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Social, el 90% de las jubilaciones equivalentes al haber mínimo tuvo moratoria, porque sus titulares no tenían los 30 años de aportes, un requisito rígido que no fue revisado en los últimos años –como tampoco se buscó una solución de fondo para la informalidad laboral–, pese a que gran parte de la población no llega a cumplirlo. Las moratorias son, frente a la situación arraigada de crisis de calidad del empleo, una salida planteada con carácter temporal que, de hecho, genera más derechos o menos derechos solo en función del año en que nació una persona.

Pérdidas, aun con bonos

Según estimaron los economistas María Laura Caullo y Marcelo Capello, del Ieral, quienes cobran la mínima, considerando incluso los bonos de este año, deberían haber recibido casi $14.000 más (cifra a valor actual) para haber mantenido sin alteraciones el poder adquisitivo durante todo el año. Esto es porque, si bien la comparación del ingreso de diciembre con el del inicio del año arroja un porcentaje de suba mayor a la inflación esperada (si se incluye el refuerzo de $10.000), en el medio hubo meses en los que cayó el poder de compra.

Y para quienes cobran el equivalente a tres veces el haber mínimo (en diciembre, $150.372), harían falta $217.373 (a valor actual) para compensar lo perdido, en términos reales, durante 2022. El ejercicio consistió en comparar lo cobrado con los que debió haberse percibido para mantener constante el poder de compra; es decir, se ajustó (para la hipótesis) el valor de los ingresos según la inflación de cada mes.

La fórmula actual de movilidad no considera entre sus componentes la variación del índice de precios, sino que se basa en la evolución de los salarios y de la recaudación de impuestos. Son datos que, de todas maneras, “cuentan” algo sobre la inflación. Y siempre se usan, lógicamente, índices que tienen un rezago. Entonces, si el período tomado como referencia para calcular el índice tuvo una inflación menor a la del lapso más cercano al momento de otorgarse el reajuste -porque el índice de precios está con tendencia al alza–, la movilidad irá por detrás de los precios.

La modalidad de cálculo le da más protagonismo a la marcha de la recaudación de recursos del Estado que a la recomposición de los salarios. Según la ley, cuando se calcula la movilidad de diciembre de cada año, se observa la variación anual de los fondos obtenidos por la Anses. Ese porcentaje se compara con la recomposición de los haberes, para definir si se aplica un tope. Es decir, hay un valor máximo para la movilidad, que no considera si se mantiene o no el poder de compra. El economista de la Universidad de General Sarmiento, Sergio Rottenschweiler, estima que en el actual 2022, de no existir ese tope, la suba de diciembre sería de 18%, en lugar de 15,62%.

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