Cuando el sindicalismo extorsiona frente a las negociaciones
El recurso de la "huelga salvaje", utilizada en forma inédita durante los 12 años del gobierno anterior, justificada con la frase de que "no hay que criminalizar la protesta", colocó a una serie de delitos, ilícitos y daños dolosos en perjuicio de todos los ciudadanos, como un medio extorsivo para lograr alcanzar las reivindicaciones y apetencias sindicales. El corte de rutas, puentes o autopistas, irónicamente, era una medida en perjuicio de otros trabajadores que querían concurrir a su obligaciones; todo, con el fin de llamar la atención de los medios, y para poner a prueba a las fuerzas de prevención y represión gubernamentales.
El "Estado de Derecho", la primacía del orden jurídico, y la calidad y transparencia de las instituciones se perdieron totalmente, ante la acción incontenible de huelgas que sobrepasaron todos los límites, al amparo de la protección del Estado y de los socios del poder.
A algunos de ellos se les dio vuelta el escenario cuando perdieron el favoritismo del poder central, y se convirtieron en opositores. Curiosamente, los devenidos en opositores en el pasado reciente aparecen ahora como supuestos apoyos del nuevo gobierno nacional siempre y cuando se los vuelva a favorecer con las viejas prebendas. A tal fin, se están produciendo algunos hechos, que no son otra cosa que "globos de ensayo" para ver hasta dónde y hasta cuánto se puede lograr en forma ilegítima alguna conquista.
Muchos dirigentes añoran los primeros años de la gestión anterior, donde se toleraron primero y se admitieron después todo tipo de excesos, con sabotajes, barricadas, bloqueos de acceso de materias primas o de despacho de la producción, cortes de rutas, lo que terminó generando reivindicaciones, condiciones de trabajo y salarios muy por encima de todas las expectativas.
En 12 años se lograron los salarios más altos de la región en muchas actividades con los niveles más bajos de productividad. Dos récords dramáticos que elevaron los precios internos y nos despojaron de toda posibilidad de competir en los mercados internacionales.
Hoy soplan nuevos vientos que oxigenan las instituciones con un proceso de saneamiento y de regreso al marco de la legalidad, con el amparo de la Constitución nacional, y con el deseo de toda la sociedad de que los males que se han extendido en todo el país se vayan curando paulatinamente.
En el plano de las relaciones sindicales deberá ocurrir otro tanto, ya que en un Estado de Derecho sólo rige la ley, su aplicación igualitaria y sin discriminación, y es necesario extirpar los favoritismos que están originados en los amigos del poder, cualesquiera que sean el sector, la calidad, y el nivel social o económico que ostenten.
En este marco, no hay lugar para la violencia social ni política, no hay espacio para la violencia física o psicológica, ni justificación alguna para los daños que se produzcan a propios y ajenos con el fin de lograr objetivos que a menudo, inclusive, pueden ser legítimos en sí mismos.
La huelga salvaje y la huelga con violencia física no tienen cabida en el "Estado de Derecho" y, por ende, su ejercicio debe limitarse a las potestades que confiere a los sindicatos el artículo 14 bis de la Constitución nacional y, en especial, la jurisprudencia que ha establecido sus requisitos y condiciones.
De por sí, la huelga es un derecho de los trabajadores organizados que legitima un daño, y el daño es sólo el de no producir bienes o servicios como acto de protesta y medio de presión para lograr una reivindicación laboral de naturaleza colectiva.
El Estado, frente a la amenaza de duros conflictos colectivos, deberá velar por la paz social, por la no violencia y por la huelga como legítima medida de fuerza dentro de los límites que imponen el Estado de Derecho y la democracia.
Asesor laboral y director del posgrado en Dirección de RR.HH. de la UCA
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