Pese a que busca recaudar millones con el 5G, el Gobierno mantiene su postura y fija nuevas subas para las telecomunicaciones
El Enacom autorizó un aumento para la telefonía móvil y los servicios de acceso a internet, telefonía fija, televisión por cable y satelital del 9,8% a partir de febrero próximo y otro de 7,8% desde el 1° de abril
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
El Gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), autorizó hoy dos aumentos para la telefonía móvil y los servicios de acceso a internet, telefonía fija, televisión por cable y satelital del 9,8% desde el 1 de febrero y del 7,8% desde abril. Es decir, mantiene vigente y sin cambios el DNU 690/2020 -que facultó al Estado a determinar los precios de estos servicios por la pandemia-resistido por las empresas de telecomunicaciones.
La información sobre los aumentos salió publicada en el Boletín Oficial, a través de la resolución 2393/2022, con la firma del presidente del Enacom, Claudio Ambrosini.
Según se argumenta en la resolución, la autorización de las nuevas subas se dio luego de “evaluar el contexto económico y las dificultades que atraviesan todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”.
“Los requerimientos de nuevos aumentos se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”, se detalla.
El Enacom ya había autorizado un aumento del 9,8% en los servicios de telefonía móvil, internet y televisión este mes, que se sumó al 9,5% que había otorgado a partir del 1° de mayo, otro 9,5% a partir del 1° de julio y al 19,8% desde 1° de octubre.
La licitación de 5G
La vigencia del DNU 690/2020 es uno de los escollos a los que apunta la industria de cara a la futura licitación de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) que quiere hacer el Gobierno en el primer trimestre de 2023. Básicamente, participar de la subasta y el posterior despliegue de redes implica miles de millones de dólares que las empresas no podrían recuperar si los precios de los servicios están determinados por el Estado.
Según el IPC, el rubro comunicaciones fue el que menos aumentó a nivel interanual a noviembre: un 65,3%, mientras que indumentaria y calzado subió un 122,4% en el mismo período.
Pero, incluso aquellas empresas que tienen cautelares contra el decreto y pueden seguir fijando sus precios, no están trasladando todos los aumentos a los usuarios por lo golpeados que están los salarios. En este sentido, las compañías abogan por una mirada no recaudatoria por parte del Estado y que, en cambio, se ponga más énfasis en las obligaciones de cobertura de 5G, algo que no parece que vaya a suceder porque el Gobierno habla de un objetivo de recaudación de US$1400 millones.
En la región Chile y Brasil ya llevaron a cabo sus licitaciones en las que recaudaron respectivamente US$453 millones y US$8400 millones.
En 2014, la Argentina subastó los lotes de las frecuencias 4G y 3G de telecomunicaciones y recibió ofertas por más de US$2000 millones, si bien hubo unos US$400 millones que nunca se cobraron, que son aquellos que tendría que haber pagado el cuarto operador Arlink (propiedad del grupo Vila-Manzano). En ese entonces las empresas necesitaban el espectro porque las áreas metropolitanas estaban saturadas y la evolución de los celulares hacía que demandaran mayores capacidades de transporte a las redes.
En el caso del 5G, se espera que las redes no solo sean utilizadas por telefonía móvil, sino que den lugar a aplicaciones en áreas como internet de las cosas (IoT) y máquina a máquina por las ventajas que presentan en términos de una menor latencia (el retraso entre el envío y recepción de la información).
Las redes 5G reducen la latencia a un milisegundo: para dimensionar la rapidez, una persona tarda 40 milisegundos en sentir que se quemó un dedo con agua hirviendo.
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