Críticas de la Mediterránea a la forma en que se distribuyen ciertos subsidios sociales
Un trabajo de la Fundación Mediterránea apunta a cómo se puede eficientizar el dinero que se distribuye por esos mecanismos
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PARA LA NACION
CÓRDOBA.- Con datos que marcan que la pobreza alcanza a casi el 50% de los argentinos y en medio de la polémica generada por la retención de alimentos para comedores a punto de vencer por parte del Ministerio de Capital Humano, desde el gobierno libertario insisten en que la AUH y la Tarjeta Alimentar son las principales herramientas de su política social. En ese contexto, Osvaldo Giordano, director del Ieral de la Fundación Mediterránea, enfatiza: “El problema es que el sistema está muy mal organizado fruto de que se fueron sumando reformas de manera muy desarticulada. Con la misma plata se podría tener más impacto social”.
La última edición del Programa de Asistencia Legislativa (PAL) que elabora el Ieral plantea que más allá del proyecto de ley que propone la actualización mensual en base al IPC de las asignaciones familiares y prestaciones como Alimentar que hasta ahora van por movilidad jubilatoria, aborda uno de los problemas del régimen de asignaciones familiares, pero “no el único ni el más importante”.
La parcialidad del planteo -según el trabajo- le “quita potencia” y deja pendiente un “ordenamiento integral que aumente el impacto de la herramienta más relevante que se cuenta en materia de política social”.
Giordano grafica que el Estado nacional invierte 30 veces más en asignaciones familiares que en distribución de alimentos, además de considerar a la herramienta “más potente y eficiente”. Ese esquema de ayuda hoy tiene cuatro componentes: el régimen de asignaciones familiares para los asalariados registrados y jubilados (originalmente operaba a través de las cajas de asignaciones familiares administradas por los sindicatos que en los ‘90 fueron absorbidas por la Anses); la AUH para los inactivos, informales, desocupados y trabajadores de casas particulares; el régimen de asignaciones familiares para monotributistas y la Tarjeta Alimentaria y la “ley de los 1.000 días” que se agregaron a la AUH.
La mayor parte de los hogares con hijos reciben algún tipo de asistencia monetaria, pero, en contrapartida, al ser un proceso muy desarticulado, la acumulación de mecanismos llevó a “una conformación muy compleja y arbitraria”, según el Ieral. A todos esos regímenes se le agregan otras prestaciones asistenciales que administra el Estado nacional y un número importante a cargo de Provincias y los municipios.
A la superposición de prestaciones se suman mecanismos de control obsoletos y distorsiones de incentivos. Por ejemplo, una familia con un hijo puede recibir hasta tres transferencias al mes, pero grupos en situación parecida “cobran montos muy diferentes”.
Se da el caso de que un trabajador informal puede cobrar cuatro veces más que uno formal, ambos con similares ingresos. “Esto desalienta la formalización -precisa Giordano-. A la gente la perjudica que la declaren, es preferible trabajar en negro”.
A abril último, el beneficio por hijo menor de tres años alcanzaba $99.857 para informales, empleadas domésticas e inactivos por qué reciben AUH, Tarjeta Alimentar y el plus de la ley 1000 días y era de $26.277 para asalariados registrados con ingresos familiares menores a $407.000 y para monotributistas de las categorías más bajas, que solo perciben la asignación familiar general.
El otro problema que detectan es la “obsolescencia” de los mecanismos que usa la Anses para controlar las obligaciones en materia de educación y salud. Las familias son “obligadas a trabajar como cadete del Estado, llevando decenas de certificaciones como matrícula escolar, controles médicos, vacunación o discapacidad de una oficina publica a Anses” cuando eso mismo podría “digitalizarse evitando burocracia y mejorando el monitoreo”.
Actualmente, se asigna el equivalente a aproximadamente el 1,2% del PBI al pago de las asignaciones por hijos: “Es un esfuerzo presupuestario importante, cuyo impacto en parte se diluye debido a deficiencias en la organización y administración del sistema”.
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