Deuda. La carta de Guzmán al Club de París en la que pide postergar el pago

La gira por Europa del presidente Alberto Fernández tenía un doble objetivo: el primero, económico, de avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París, con quien la Argentina tiene un vencimiento de US$2430 millones el 31 de este mes. El segundo, político: oxigenar la agenda y al mismo tiempo tomar distancia de la feroz interna oficialista, que en las últimas semanas redujo el margen de acción presidencial hasta el extremo de llevarlo al ridículo. El viaje, sin embargo, demostró que los dos están íntimamente ligados.

Así, mientras que Fernández podría pronto sumar una cocarda con respecto al primero –dado que dentro del FMI habría disposición para discutir la condonación de la sobretasa que hoy se le cobra a la Argentina por los créditos otorgados–, estaría lejos de lograr el premio mayor. La interna política de la que el Presidente intentó alejarse en estos días no sólo no quedó circunscripta a la esfera doméstica –como hubiera deseado la comitiva que los acompañó a Europa–, sino que condiciona cada vez más sus negociaciones económicas internacionales.

Si bien existe una vocación entre los países acreedores, tal cual expresó esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron, de acompañar a la Argentina, la realidad es que buscan más garantías de que las promesas futuras que les hace Fernández vayan a concretarse. El ministro Martín Guzmán, que se había ganado el respeto de sus interlocutores en el FMI, corre la misma suerte. “Dentro del Fondo ya se preguntan si lo que él dice es lo que quiere todo el Gobierno”, admite una fuente que conoce las negociaciones.

Guzmán sigue con los formalismos al pie de la letra, pero la desconfianza es cada vez mayor. La regla número uno del Club de París establece que, para avanzar en una negociación, es necesario tener antes un acuerdo con el FMI. En una carta fechada el 6 de abril pasado, dirigida a Emmanuel Moulin, presidente del Club de París y ministro de Economía de Francia, el ministro Guzmán le expresó su vocación de “seguir realizando los mejores esfuerzos para firmar un acuerdo con el FMI a la mayor brevedad posible”. Con este fin, aseveró, “el Gobierno está adoptando políticas para respaldar la recuperación de la actividad económica, atender las necesidades de la población más vulnerable de una manera fiscalmente prudente, y poner la inflación en una trayectoria descendente sostenible en el tiempo”.

Pero, esgrimió en la misiva que envió previo a su viaje por Europa el mes pasado y a la que LA NACION accedió de forma exclusiva, los problemas de liquidez del país sólo se exacerbaron con la pandemia, y hoy las “reservas netas internacionales están por debajo de lo que cualquier evaluación de riesgo recomienda”. Según reveló, el ratio de deuda en moneda extranjera sobre reservas internacionales brutas es de 645,1%, mientras que la deuda externa representa el 386,2% de las reservas. Por eso, solicitó una extensión de la fecha de pago del vencimiento que opera este mes, “hasta lo más pronto razonable que permita un cronograma de pagos una vez alcanzado un acuerdo con el FMI o hasta dentro de un año, como tarde”. Además, pidió suspender la tasa de penalidad establecida en 2014 ante eventuales atrasos en los pagos, y renegociar las condiciones del acuerdo que en su momento había sellado su antecesor en el cargo, el ahora gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Guzmán apuesta a que el Club de París acceda a renegociar la deuda sólo con una carta de intención de un acuerdo inminente con el FMI. Las normas contemplan la posibilidad excepcional, pero nunca antes un país deudor accedió a esta condición. Flaco favor le hizo en ese sentido a Guzmán el kirchnerismo cuando desautorizó su plan de aumento de tarifas y sostuvo en el cargo a su subsecretario Federico Basualdo. Nadie cree que en este momento haya intenciones de la coalición de Gobierno de llegar a un acuerdo pronto con el FMI, si no hay al mismo tiempo intenciones de reducir las tarifas.

Pero el estatuto del Club de París no sólo exige un acuerdo con el FMI, sino que además establece que todos los acreedores de la Argentina deberían recibir igual tratamiento. Algunos países miembros temen que el Gobierno tampoco tenga planes de cumplir con este último punto, y apuntan sobre todo a los préstamos que China tiene otorgados (muchos de ellos destinados a infraestructura). Los principales acreedores del Club de París no son precisamente los países que Fernández visitó esta semana, sino que son Alemania (37% de la deuda), Japón (22,34%) y Holanda (7,98%). Luego siguen España (6,68%), Italia (6,29)% y EE.UU. (6,28%).

Paradójicamente, la escalada del precio de las commodities también empieza a jugar en contra de la negociación. La soja subió 18% desde que el ministro envió su carta, y los acreedores temen que el “yuyo” por encima de los US$600 sólo fortalezca la postura del kirchnerismo más duro, que presiona para dar de baja el plan de ajuste de Guzmán, en pos de un “plan llegar a las elecciones” con más pesos en la calle. Referentes económicos del kirchnerismo dejaron en claro en las últimas semanas que los objetivos deben ser: subir los salarios, congelar precios y pisar tarifas. No por nada, al mismo tiempo que las commodities subían a valores récord (lo que significa más ingresos para el fisco), el riesgo país de la Argentina volvía a avanzar por encima de los 1600 puntos. La lectura que hace el mercado es clara: la soja traerá más dólares, pero serán para la campaña.

“Quisiéramos que pudieran acordar [con el Club de París], pero es cada vez más complicado –reconoce una fuente del exterior–. Con la soja en US$613 y con las reservas netas subiendo se vuelve cada día más complicado para la Argentina explicar que no puede pagar. Lo que no existe es voluntad política por las elecciones de medio término. Prefieren gastar esta plata en asistencia”, subrayó. Los números, aunque todavía malos, reflejan una mejoría evidente. El economista Amilcar Collante señala que las reservas netas pasaron de un mínimo de US$2200 millones en noviembre pasado a US$5900 millones en la actualidad, y el Banco Central ya casi compró en el mercado cambiario la misma cantidad de dólares que vendió entre abril y noviembre de 2020. A su vez, advierte, sólo por la mejora en los precios internacionales de las materias primas, los ingresos por retenciones, que estaban presupuestados en $600.000 millones este año (1,6% del PBI), ascenderán a unos $880.000 millones (2,3% del PBI). Eso siempre y cuando el Gobierno no incremente la alícuota, cosa que no estaría descartada. “Prácticamente con este incremento en la recaudación se puede cubrir completo el cuasi congelamiento de tarifas”, dice Collante.

Empresas, desafiantes

El plan “llegar a las elecciones” del kirchnerismo tiene combustible. Pero, a medida que mejora también la cuenta financiera de la Argentina gracias a la soja, los reclamos empresarios se acumulan. Las compañías, al igual que el Club de París, esperan que el esfuerzo sea compartido. Tienen menos paciencia ahora para aceptar los férreos controles de capitales impuestos el año pasado. Y, a diferencia de lo que sucedió en el gobierno kirchnerista anterior, muchas no tienen pruritos en plantearlo. Los secretarios Julio Vitobello y Gustavo Béliz son son dos receptores frecuentes de los reclamos de los privados. En su gira de hace un mes por Europa, las empresas europeas también se los hicieron conocer a Guzmán. Sin demasiadas respuestas, esperaban volver a planteárselo esta vuelta al Presidente, pero la improvisación de su viaje –se confirmó apenas tres días antes de su salida– hizo que no hubiera en la agenda tiempo para encuentros empresarios. La única recepción que hubo en la embajada argentina en París apenas contó con ocho ejecutivos, algunos de los cuales no están en firmas con gran peso relativo en la Argentina.

La poderosa cámara norteamericana, Amcham, viene haciendo público su malestar con los controles de precios, la ley de Góndolas y las trabas a las importaciones. En el marco de un seminario organizado por la USArgentina Business Council y el gobierno argentino, y ante la atenta mirada del diputado Sergio Massa y del embajador Jorge Argüello, Jeffrey Darren Duncan, representante de la Cámara baja de los EE.UU, y cotitular de la comisión Argentina, dijo directamente que a EE.UU. le preocupaban los controles de precios, “especialmente para las empresas de telecomunicaciones”.

Entre los bancos, entretanto, empieza a tejerse una movida que difícilmente no tense su relación con el Gobierno. La mayoría de las grandes entidades habría acordado que no pagarán el impuesto a las ganancias por los resultados obtenidos en 2020. Son, calcula el economista Pablo Curat, unos $119.387 millones que deberían aportarle al fisco por este concepto. Los bancos argumentan que, mientras que desde el punto de vista regulatorio les aplican el ajuste por inflación y están obligadas a aportar capital cuando tienen rentabilidad negativa –son varios los casos–, a la hora de calcular el impuesto a las ganancias no se les contempla ningún tipo de indexación. La rebeldía fiscal empezó tímidamente entre algunas grandes fortunas, pero amenaza con extenderse más allá.

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