Guzmán: promesas y reproches cruzados en un encuentro privado con los empresarios más influyentes
LA NACIONFrancisco Jueguen
Control de daños. El método que hallaron el poder político y el económico para hablar sobre los temas de fondo es administrando los trascendidos públicos.
Eso pasó. En la versión oficial, la reunión entre Martín Guzmán y los dueños de las principales empresas argentinas nucleadas en AEA, el lunes pasado, reforzó una sentencia que todos los sectores ya descuentan: el Gobierno necesita un plan creíble auditado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y apoyado por el Instituto Patria para restaurar la confianza. En ese relato, Guzmán repitió el sutil cambio de diagnóstico que pregona desde que fue empoderado por Alberto Fernández y por Kristalina Georgieva -como uno de sus antecesores, Nicolás Dujovne, adquiere el upgrade en el gabinete quien negocia por los dólares- y avalado por la carta de Cristina Kirchner.
El diagnóstico de Guzmán habla ahora del requerimiento de un ancla fiscal, la reducción de la emisión monetaria y de un acuerdo con el FMI. Quienes se disputan su puesto cuestionan la fecha límite que Guzmán se puso para el nuevo programa con el Fondo a fines de abril. Afirman que es una forma de "atornillarse en su silla" en la crisis.
El encuentro entre poderes, contaron fuentes presentes en el mismo, no fue similar al que tuvo lugar a fines de mayo pasado entre los mismos actores. "Ese fue protocolar", describió un participante de ambos, que no quedó satisfecho con el primero. "Este fue frontal", aclaró.
La desconfianza es la marca de vínculo entre el Gobierno y esos empresarios. Un ejemplo. Guzmán invitó al jesuita Rodrigo Zarazaga como veedor. Algunos creen que temía por el quid pro quo a la hora de negociar con los factores del poder económico, actores que no están acostumbrados a perder o a ceder cuando las aguas están revueltas, y que muchas veces ven en sus intereses particulares la única forma de restaurar la confianza perdida en el sistema.
Los empresarios hablaron crudamente. El industrial más poderoso de la Argentina, Paolo Rocca (Techint), cuestionó la falta de competitividad del país. Guzmán respondió con una pregunta sugerente en medio de la tensión cambiaria: "¿Nadie quiere que devaluemos, no?"
Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, fue uno de los que mencionó ante el ministro que en la Argentina la propiedad privada no está asegurada.Un reclamo lógico luego del decreto que modificó las reglas de juego de las telecomunicaciones donde juega Telecom. Federico Braun, dueño de La Anónima, que había criticado los impuestos "distorsivos" (particularmente Ingresos Brutos y las tasas municipales), fue más allá que el ejecutivo de Clarín y puso en duda el modo de producción elegido por el Gobierno. Cuestionó si se elegía o no al capitalismo. Como ya lo hizo públicamente, Guzmán volvió a negar problemas con la propiedad privada, esquirlas del caso Vicentín y de las aventuras de Juan Grabois.
Una nueva preocupación empresaria asoma desde el Senado con un proyecto de kirchnerista Daniel Lovera que pretende modificar 256 de la ley Contrato de Trabajo para llevar a las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral a los tres años y a los cinco a las demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general. Además propone que las acciones laborales indemnizatorias por daños derivados de delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles.
Los empresarios, particularmente, Carlos Miguens, pero también Rocca, cuestionaron la decisión del Gobierno de obligarlos a reestructurar sus deudas en dólares. Se criticó más detalladamente el impacto negativo sobre las empresas de verse imposibilitadas de pagar sus pasivos en divisa extranjera a valor oficial mientras sus ingresos por exportaciones se cursan en ese mercado. Guzmán dijo que en ningún país del mundo las empresas pagan toda su deuda, sino que la refinancian. Además, que (por las distorsiones oficiales) las firmas accedían de ese modo a dólares a valor comercial mientras se refinanciaban a tasas bajas en pesos. Surgió una propuesta a revisar: por qué no habilitar la cancelación de sus deudas en dólares en base a un porcentaje de las exportaciones que realice cada compañía.
La promesa de fin de año
Martín Guzmán hizo una promesa: va a bajar el déficit este año. Algunos empresarios desconfiaron ante un Gobierno de signo peronista y a las puertas de una elección de medio término. Pero en el Ministerio de Economía remarcaban que las medidas tomadas en las últimas horas, como la devolución de adelantos transitorios al Banco Central (BCRA) y la no necesidad de pedir más fondos en el bimestre pueden incidir en una mejora de la perfomance de las cuentas públicas. "Esas medidas bajan un 0,6% (el rojo) con respecto a lo proyectado", dijo.
Algunos consideran que la de Guzmán se trata de una promesa difícil de cumplir en plena crisis económica y con un país envuelto aún en una pandemia. Sobre todo, por la cercanía a diciembre. Las Fiestas de Fin de Año son críticas -incluso en la bonanza- en el conurbano bonaerense, territorio de Cristina Kirchner.
Para un poder económico obsesionado con la situación política fue un encuentro para hablar, por primera vez, con crudeza. Los empresarios, como Guzmán, desconfían. Todos prefirieron el anonimato y evitaron la foto juntos. Fue por eso que el ministro terminó pidiéndole al fotógrafo oficial que se retirara por la misma puerta por la que había entrado.
Conforme a los criterios de
Más leídas de Economía
1Giorgia Meloni, el Papa Francisco, un gobernador peronista y un “ídolo” libertario: el podio de quienes le hicieron regalos a Javier Milei
2El Gobierno oficializó la poda a la obra pública y el Tesoro le pidió a la Secretaría que devuelva 1 billón de pesos
3PAMI: 10 preguntas y respuestas sobre el cambio en la cobertura de medicamentos
4Real hoy: a cuánto cotiza la moneda brasilera oficial y blue este viernes 20 de diciembre
Últimas Noticias
Cambios profundos en 2025. Detalles de una propuesta que liquida 23 años de historia en el inicio de un experimento único
Lágrimas de constructores. El Gobierno oficializó la poda a la obra pública y el Tesoro le pidió a la Secretaría que devuelva 1 billón de pesos
