Debe las facturas: Dos productoras le cortaron la provisión de gas a Metrogas
LA NACIONSofía Diamante
Metrogas, la empresa distribuidora más grande del país, recibió un llamado de atención estos días. Las productoras Tecpetrol –el brazo energético de Techint– y Pluspetrol le cortaron el servicio de provisión de gas por falta de pago. Por ahora, la situación no es alarmante porque comienza la temporada de verano y baja el consumo de gas, pero es una señal más de la crisis que atraviesa el sector con el congelamiento tarifario.
El principal proveedor de gas de Metrogas es YPF, que a su vez es quien tiene la mayoría accionaria de la distribuidora. Luego le siguen Total y Pan American Energy (PAE), que también hicieron sus reclamos. La primera inició acciones judiciales y está evaluando no renovar el contrato que finaliza a fin de mes, mientras que la petrolera de la familia Bulgheroni solicitó también a la Justicia un embargo preventivo de las cuentas.
Metrogas, que distribuye gas a 10 millones de usuarios, debe las facturas completas de junio y julio, y el mes próximo vence la de agosto, lo que representa un total de $7500 millones. Se trata de los meses más exigidos del año, cuando se incrementa el consumo de gas por el frío.
La distribuidora, por su parte, explica que tiene sus ingresos congelados desde abril de 2019, con una inflación acumulada de más del 60%. Sin embargo, las productoras indican que el resto de la distribución sigue pagando sus facturas, aunque lo haga con demora.
"El costo del gas en boca de pozo es inocuo a la tarifa, ya que la compraventa del gas natural 'no debe ocasionar ni beneficios ni perdidas para el distribuidor', según reza la regulación vigente (pass through). Sin embargo, Metrogas cobra el gas a sus clientes pero no lo paga a las empresas productoras; es decir, se queda íntegramente con el componente gas en boca de pozo que está incluido en las facturas", se quejaron en una de las petroleras.
De la tarifa de gas, alrededor del 40% representa el costo del insumo, mientras que los demás componentes son transporte–donde operan TGN y TGS–, que explica el 11% del precio final de la factura; distribución, con un 24%, e impuestos nacionales, provinciales y municipales, que representan aproximadamente el 25% de la boleta.
En el Ministerio de Economía tienen la intención de aumentar las tarifas a comienzo de 2021 alrededor de un 30%, "en línea con la inflación". Esto aliviaría las finanzas de las distribuidoras y evitaría tener que aumentar las transferencias en subsidios.
La semana pasada, el presidente Alberto Fernández anunció en el corazón de Vaca Muerta un plan de estímulo a la producción de gas, justamente aceptando que hay un problema con el precio que reciben los productores, que no incentiva la inversión. Si no se revierte la declinación de pozos, en el invierno próximo hará falta importar más gas.
Pero para las empresas productoras, la falta de pago del mayor cliente complica el panorama, ya que el precio que les asegurará el Gobierno para invertir en mayor producción es financiado en gran parte por las distribuidoras. Según el detalle que brindó la Secretaría de Energía, el precio tope que tendrán las licitaciones de gas será de US$3,3 el millón de BTU (unidad inglesa que se utiliza en el sector). Hoy, las distribuidoras pagan por el insumo US$2,4, pero este valor cae a medida que se devalúa la moneda. La diferencia entre ambos valores la cerrará el Tesoro con subsidios.
Por lo pronto, a nueve días de haber anunciado con un gran despliegue político el Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino, todavía hay detalles por cerrar antes de su publicación formal en el Boletín Oficial. Los tiempos apremian, ya que, si bien algunas empresas comenzaron a mover equipos de perforación, sin el programa se atrasará aún más la producción, que debe llegar a tiempo para abastecer el aumento de demanda de gas, a mediados de mayo.
La discusión principal se centra alrededor de la garantía de pago que ofrecerá el Gobierno a las empresas, que reclaman que todavía se les adeuda parte de los planes anteriores (Plan Gas III y resolución 46), además del monto que tenían a favor por la diferencia que se generó en tarifas, en 2018, por la devaluación, y que fue reconocida mediante el DNU 1053 (alrededor de $24.500 millones).
La primera propuesta de la Secretaría de Energía era ofrecer créditos fiscales de cierta parte de los impuestos que no son coparticipables, como garantía si el Gobierno se atrasa en los pagos. Pero, como el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia impositiva, esta alternativa debería salir por ley, lo que atrasaría aún más el plan. La alternativa es retomar la vieja idea de crear un fondo de garantía. Se espera que en los próximos días haya una solución.
Por Sofía Diamante
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