Mañana finaliza el lapso que fijó la autoridad bancaria para que se presente la información de dueños de criptoactivos
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La contienda entre criptófilos y el Banco Central sumó un nuevo capítulo luego del revés que sufrieron esta semana los tenedores de bitcoins en la justicia, a la que acudieron para proteger sus datos personales.
El lunes último, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Edgardo Walter Lara Correa, rechazó el amparo que promovieron con la intención de frenar el avance del Central sobre información reservada y mañana vence el plazo que fijó el organismo para que las entidades bancarias entreguen un listado que identifique con nombre, CUIT y domicilio a los clientes que posean monedas digitales.
La filtración de la medida en las redes sociales había generado polémica y resistencia de los usuarios que, ante el fallo adverso, afirmaron que apelarán.
“El Banco Central puede pedir la información que quiera, pero, por más que imponga un plazo hasta el 30 de abril, no significa que las entidades bancarias tengan que contestar o si lo van a contestar, que no tenga que cumplir con la ley de protección de datos personales. Esa ley está para proteger a los individuos a los cuales les están transfiriendo sus datos”, dijo a LA NACION, Víctor Castillejo, abogado de ONG Bitcoin y quien presentó semanas atrás un hábeas data para impedir que el organismo que dirige Miguel Ángel Pesce acceda a la información.
El abogado explicó que le rechazaron la presentación por cuestiones técnicas procesales y que los argumentos del juez fueron que no tiene legitimidad colectiva para iniciar la acción y no se pudo admitir porque no agotó la vía administrativa.
“El tema es que existen excepciones para no tener que agotar la vía administrativa cuando hay un daño que es actual e inminente y por eso deberían haber admitido la legitimidad del recurso”, agregó Castillejo, y confirmó que mañana presentará la apelación de la sentencia con el objetivo de revertir la medida.
El Banco Central todavía no recibió la información solicitada. De acuerdo las explicaciones que dieron a LA NACION luego de la filtración de la medida, se trata de un “stocktaking”, un relevamiento financiero ante la falta de regulación del mercado de las criptomonedas. Según la entidad, diferentes entidades y operadores le realizaron consultas en el último tiempo sobre las regulaciones para operar con estas divisas. Como parte de un proceso para determinar a futuro si deben estar reguladas le solicitó a los bancos la información para conocer el volumen y la profundidad de la utilización o compra de criptoactivos.
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