Créditos de Anses: entre el “plan platita” y la decisión que tomó hoy el Gobierno para trabajadores y jubilados

El “plan platita”, lanzado hace poco más de un año por el entonces ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación Sergio Massa, incluyó créditos a tasa subsidiada con recursos del fondo de garantía del sistema previsional que gestiona la Anses. Fueron préstamos destinados, por ejemplo, a trabajadores en actividad que 12 meses atrás tenían una remuneración mensual de hasta $1.980.000 (cifra que, si se la actualiza por inflación, hoy equivale a unos $5.800.000).

El decreto 1039, publicado hoy en el Boletín Oficial, modifica la ley jubilatoria y establece que ya no puede utilizarse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el otorgamiento de préstamos personales. Según los considerandos de la nueva normativa, las operaciones de ese tipo concretadas por la gestión anterior generaron “un perjuicio evidente a la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, dado que el costo financiero era significativamente inferior a la inflación.

La tasa nominal anual del financiamiento fue, en el caso de los asalariados, de 50% anual, con un costo total de 53,26%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor del Indec avanzó un 211,4% en 2023 y ya había sido de 94,8% en 2022. Esa brecha implica una descapitalización del FGS.

Por aquel programa con tinte electoral, entre septiembre y diciembre del año pasado se dieron 744.681 préstamos por un total de $438.348 millones ($588.630 en promedio, por operación) a trabajadores bajo relación de dependencia, según datos aportados a LA NACION por la Anses. Según el director ejecutivo del organismo, Mariano de los Heros, hoy la tasa de morosidad de esos créditos “ronda el 26%”. Y un informe oficial indica que al 31 de octubre último el stock de esas deudas era de $345.500 millones.

El 2 de enero de este año, antes de que se cumpliera un mes de la llegada a la presidencia de Javier Milei, una resolución suspendió “transitoriamente” el otorgamiento de créditos con dinero del FGS, tanto a jubilados como a trabajadores en actividad. Eso luego no fue modificado, por lo que este año no se otorgaron ayudas financieras. La novedad de hoy es que directamente se establece, a través de un DNU, la derogación de la parte de la ley 24.241 (la ley de jubilaciones del régimen general nacional) que habilitaba esas operaciones.

En rigor, el inciso del artículo 74 de la ley previsional que permitió esos créditos había sido modificado también por decreto (el 463), en septiembre de 2023. Desde 2011 (por el decreto 246 de aquel año) regía la posibilidad de que con dinero del FGS se otorgaran créditos a jubilados y pensionados del SIPA. Y en 2017, el decreto 516 había habilitado darles financiamiento a titulares de prestaciones no incluidas en el sistema previsional integrado. El decreto de septiembre del año pasado sumó como posibles beneficiarios a trabajadores activos. En la misma normativa se dispuso asignar a ese destino hasta $450.000 millones.

Quiénes accedían

El tope de cada préstamo fue inicialmente de $400.000, pero luego se amplió a $1.000.000, a la vez que la remuneración máxima para ser beneficiario se fijó en el equivalente al monto establecido como menor salario para pagar el impuesto a las ganancias. Esto último implicó que aplicaran a créditos con un elevado subsidio estatal quienes ganaban, un año atrás, sueldos de hasta $1.980.000 (para entonces, una cifra elevada).

Con la modificación más reciente (la del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial), ya no habrá posibilidad de que se otorguen préstamos ni a trabajadores ni a jubilados. En la práctica, este año no hubo operaciones de este tipo, según confirmaron en la Anses.

Entre los créditos hoy vigentes, dados en 2023, algunos tuvieron tasas más bajas que la del 50%. que se fijó para los trabajadores en actividad. En el caso de los jubilados y pensionados del sistema nacional y titulares de pensiones no contributivas el interés aplicado fue del 29% anual, en tanto que las operaciones destinadas a quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) o salario familiar de la economía registrada fueron concretadas a una tasa del 32% anual.

En los considerandos del decreto 1039 se hace referencia a la “significativa diferencia en el Costo Financiero Total, expresado en la Tasa Efectiva Anual, entre la línea de créditos de la Anses para trabajadores en relación de dependencia, y los préstamos personales ofrecidos por el Banco de la Nación Argentina y por el Banco Ciudad de Buenos Aires”. En el primer caso, se menciona un costo de 53,26%, versus niveles de 357,5% (Banco Nación) y 409,57% (Banco Ciudad).

Como argumento para la derogación de la normativa que permitió los préstamos, el decreto menciona que, según la ley que lo regula, el FGS debe invertirse “de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados”, y que se trata de una herramienta que no fue creada “para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad” del sistema jubilatorio, por lo cual “sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”.

Cómo se integra el FGS

Según datos de la Anses, de los 744.681 créditos otorgados entre septiembre y diciembre de 2023 a trabajadores, 406.665 fueron tomados a un plazo de 24 meses; 149.949 son a un plazo de 36 meses, y 188.067 a 48 meses.

El informe más reciente referido a la integración del FGS muestra que en septiembre de este año los préstamos a los diferentes beneficiarios representaban el 1,6% del fondo total. A ese mes, la acreencia del Fondo por esas operaciones (incluidas las concretadas con empleados, con jubilados y con beneficiarios de otras prestaciones) era de $1 billón, aproximadamente.

Del total del valor del FGS, casi ocho de cada 10 pesos están en títulos de deuda emitida por el Estado, que, así, resulta ser acreedor y deudor al mismo tiempo. De hecho, hoy el sistema previsional tiene déficit y ese desequilibrio es cubierto con giros del tesoro nacional. Más allá de su nombre, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –que fue alimentado por los recursos que estaban en las cuentas individuales del régimen de capitalización, eliminado en 2008- no es un instrumento que, en la práctica, cumpla un rol en cuanto a garantizar los pagos futuros. La sostenibilidad del sistema depende, en rigor, de su diseño y del modelo de financiamiento de las prestaciones que se compromete a pagar.

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