Crédito: el Estado se queda con casi el 73% de los pesos depositados en los bancos
El Gobierno aprovecha una demanda que se mantiene planchada y compite cada vez más con el sector privado por los préstamos
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El Estado argentino se queda con casi el 73% de los pesos que están depositados en el sistema bancario bajo su administración.
Parte importante de ese volumen lo toma el Banco Central (BCRA) para retirar excedentes monetarios que -a la vez- no deja de alimentar, dado el sostenido nivel de emisión al que lo obliga la asistencia financiera al fisco.
Pero otra parte creciente pasó a tomarla el sector público nacional, en especial tras la norma regulatoria que favoreció que los bancos (en busca de algún punto más de rentabilidad) cambien Letras de Liquidez (Leliq) por los bonos que emite el Tesoro nacional, algo que hizo que entre mayo y en junio su tenencia de este tipo de títulos en cartera crezca en $195.000 millones, “tres veces el ritmo de $67.500 millones a lo que lo venía haciendo entre enero y mayo ($67.500 millones)”, destacó Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un reciente informe.
La traducción que esta realidad puede tener en la economía concreta es clara: si alguien está pensando en tomar un crédito bancario para apalancar alguna inversión, concretar algún sueño postergado o un emprendimiento, debe tener claro que enfrenta a un competidor poderoso que, de no atraer esos fondos de manera voluntaria, incluso lo puede conseguir con sólo manipular algunas normas.
Los analistas advierten que el ahorro privado está siendo cada vez más absorbido por el Estado para financiar un implacable déficit, este año otra vez en alza debido a sus objetivos básicamente electorales.
Y coinciden en describir que si el fenómeno pasa relativamente desapercibido es sólo porque, ante la falta de previsibilidad que mantiene la macroeconomía y el persistente derrumbe que sufrieron en los últimos tres años los ingresos, la demanda de crédito privado se mantiene planchada.
También destacan que la reciente norma del BCRA que permite a los bancos convertir una parte de los encajes integrados con Leliq en otros realizados con bonos y Letras del Tesoro puede potenciar este fenómeno, dado que, aunque no cambian de contraparte (más allá de las notables diferencias que hay entre tener como acreedor en moneda nacional al BCRA o al fisco), los bancos están cambiando fondeo potencial colocado a 28 días por otro a entre 180 y 450 días, lo que los condicionaría a la hora de responder ante un aumento en la demanda de financiamiento del sector privado, más allá de que el ente monetario se haya comprometido a recomprar esos títulos, de ser necesario.
“El último informe monetario dejó a la vista que, sólo en junio, los bancos desarmaron $138.000 millones colocados en pases pasivos o Leliq a la vez que aumentaron en $174.000 millones la cartera invertida en deuda pública en promedio (los datos medidos punta a punta amplían esas cifras). Esto tiene varias implicancias en lo monetario y cambiario”, advierte el economista Pablo Repetto, director de la consultora GRA.
Esa consultora ya había señalado semanas atrás que crece “muy fuerte la exposición de los bancos al riesgo del Tesoro”. “El 30% de los depósitos en pesos del sector privado ya están respaldados por títulos públicos en pesos. Hace un año la relación estaba en torno a 20% (o menos). Hacia adelante el riesgo seguiría creciendo”, agregó.
Crece muy fuerte la exposición de los bancos al riesgo del Tesoro. El 30% de los depósitos en pesos del sector privado ya están respaldados por títulos públicos en pesos. Hace un año la relación estaba en torno a 20% (o menos). Hacia adelante riesgo seguiría creciendo. pic.twitter.com/7AU27iAVWn
— GRA Consultora (@GRA_Consultora) July 1, 2021
Repetto acota que “la norma diseñada para ayudar al Gobierno a financiarse en lo monetario fue expansiva, porque se trata de pesos que estaban esterilizados (colocados en el BCRA) y pasaron a estar a disposición de Hacienda que los gastó (inyectó)”.
Pero alerta además que provocó un cambio en los “financistas” del Estado, ya que los bancos (que por norma, por ejemplo, no pueden comprar dólar financiero y las tasas que paga el Tesoro les sirven ya que obtienen un diferencial respecto de la que cobraban hasta ahora) desplazaron a otros inversores privados, que son más sensibles a la tasa y tienen abierta la posibilidad de ir al dólar MEP o al CCL. “Esto explicaría el endurecimiento de la normativa del fin de semana pasado para operar estos tipos de cambio en el caso de empresas y particulares asociados a ellas. Es decir, para frenar una dolarización que había sido en alguna medida alentada”, explica.
“Para ver lo que pasó hay que cruzar datos: en junio Economía obtuvo un financiamiento neto positivo de $158.000 millones, la mayor colocación neta desde octubre de 2020. Pero como no informa compradores, para ver lo que pasó tuvimos que cruzar esa información con los datos monetarios, y allí vimos que los bancos cambiaron básicamente pases (tasa del 34%) por bonos del gobierno nacional (CER + 1, o al 40%, libre de ingresos brutos y a plazos superiores a 180 días). Es decir, asumieron o reorientaron riesgo público apuntando a una mejora en sus resultados durante los próximos trimestres”, describió en su informe Marcelo Romano, de PPI.
Por lo pronto, lo que parece claro es que el aumento del déficit fiscal previsto para la segunda parte del año, cubierto con emisión monetaria directa o por la vía indirecta, como es ahora en parte, dejará a las empresas y el sector privado cada vez menos espacio en el mostrador de crédito del sistema, a menos que los depósitos a plazo pasen a crecer (están estancados en los últimos meses) y busquen a la vez horizontes más largos, lo que parece improbable.
“Sólo 1 de cada 4 pesos depositados en los bancos está disponible para una familia o para que una pyme se financie una inversión. La gran mayoría, por el contrario, financia el gasto público”, coincide en apuntar el economista Samuel Kaplan, de Econométrica, quien destaca que esta novedad se produce en medio de “una marcada reducción en la demanda de préstamos corporativos y personales, que, sumada a que las dificultades financieras de un buen número de empresas e individuos determinaron que no pudieran calificar para recibir un préstamo, provocó que en los últimos tres años, con una actividad económica cayendo a tasas aceleradas, el crédito bancario al sector privado cayera 4 puntos (del 14% a 10%) en relación a un PBI que también se achicó”.
Kaplan recuerda que el ratio crédito al sector privado/PBI suele rondar el 80% en países desarrollados y el 50% en emergentes, y que la proporción que tiene en la Argentina, del 9,9%, en realidad “es similar a la que se registra en países africanos”.
En el BCRA remarcan que la liquidez de los bancos se mantiene “en niveles históricamente elevados”, claro que parte de ello deriva del ajuste del 12% real que tuvo la masa de crédito al sector privado en el último año.
En la Argentina los bancos intermedian entre el Estado (que crea dinero) y el Estado (que lo toma prestado). Tenemos que fomentar la creación de empleo privado, pero tenemos un Ponzi Scheme con escudo y bandera. Necesitamos REFORMAS EN SERIO. pic.twitter.com/ioxPFHEvVh
— Hector R Torres (@HectorRTorres2) July 7, 2021
“En la Argentina los bancos intermedian entre el Estado (que crea dinero) y el Estado (que lo toma prestado). Tenemos un Ponzi Scheme [esquema de Ponzi] con escudo y bandera. Necesitamos reformas en serio”, graficó recientemente en un mensaje por Twitter el exrepresentante argentino ante el FMI Héctor Torres, para describir las implicancias que esta situación tiene en una economía que leva 10 años estancada.
El fenómeno seguramente tenderá a consolidarse desde esta semana, dado que el Tesoro, que acaba de recibir unos $170.000 millones del BCRA en las últimas semanas y necesitaba captar al menos $280.000 millones sólo para financiar la deuda que debe pagar hasta fin de mes, acaba de aumentar en otros $24.312 millones el gasto público en los últimos días con una decisión administrativa (707) que promete repetirse en meses siguientes, en vistas al vía libre dado al gasto para compensar ajustes (como el realizado a los jubilados) para intentar que los afectados no vayan enojados a las urnas.
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