En una dura carta, advierten al Gobierno por el impacto del nuevo cepo

El relato oficial de que no hay problemas hoy en la Argentina para ingresar productos o equipos importados y que las demoras que denuncian muchas empresas se deben a controles técnicos de rutina, empezó a ser cuestionado no ya en declaraciones, sino formalmente.

A 10 días del debut del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que reemplazó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), un número creciente de sectores y compañías muestra inquietud por las dificultades que enfrentan algunas operaciones y por los plazos a los que podrían acceder efectivamente a los dólares para pagar las compras al exterior.

Es el caso, por ejemplo, de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), que ayer envió una nota al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, con “una primera evaluación” del SIRA, en la que afirma que “la Comunicación A7622 [que pone en vigencia el sistema] no permite cursar pagos anticipados por el mercado de cambios para la importación de bienes de capital, lo que paraliza el avance de proyectos ya iniciados y desalienta los planificados”.

La entidad agrega, entre otros puntos, que eso generará problemas económicos y legales con los proveedores comprometidos, según el texto firmado por el director ejecutivo, Eduardo Franciosi. LA NACION consultó al Banco Central, pero no obtuvo respuesta.

En tanto, hoy en un encuentro con Sergio Massa, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acercó al ministro una carpeta en la que solicita “atender aspectos del flamante SIRA” y “resolver inconvenientes registrados por las empresas, a la vez que se expresen mayores detalles sobre la normativa”. La entidad incluso propuso un “mecanismo alternativo, coexistente con los establecidos, que brinde opciones a las pymes para su normal aprovisionamiento”. Según pudo saber LA NACION, Massa les pidió “paciencia”.

Estos planteos formales se suman a las reuniones que esta semana mantuvieron equipos de la Secretaría de Comercio con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) en el mismo sentido, que se sumaron a su vez a encuentros que ya se habían hecho con la industria minera y los despachantes de Aduana.

Según fuentes de la cartera de Matías Tombolini, “el sistema automatizó datos y a muchos les dio plazos de 180 días, pero ahora se está viendo si no hay excepciones, como en el caso de las pymes, que tienen plazos de 60 días, y se está trabajando sobre otros insumos especiales; cuando se pone en marcha un sistema nuevo aparecen consultas y ajustes necesarios”.

En una automotriz contaron que en la reunión con las autoridades pidieron por la aprobación de importaciones y por los plazos de pago. “Estamos buscando un mecanismo que agilice el sistema y nos dé previsibilidad”, explicaron.

Desde que entró en vigencia el nuevo sistema, el 17 de este mes, también se registraron problemas con varios proveedores de las automotrices. “Hay trabas burocráticas, de trámites, pero al final se demora todo”, explicó un autopartista a este medio. Y agregó que cuando uno de los organismos intervinientes acepta la documentación, suelen aparecer contratiempos en otro.

La planta de Ferreyra de Fiat, por ejemplo, tuvo que interrumpir el turno mañana del miércoles pasado porque un proveedor no llegó con las entregas pautadas, señaló una fuente de la fábrica.

Consultado por LA NACION, el director general de la Aduana, Guillermo Michel, dijo que no hay reclamos de empresas grandes, aunque reconoció que podría haber problemas con operadores más chicos, cuyos casos se están analizando. También admitió que el organismo que conduce está haciendo más controles sobre los pagos anticipados de bienes de capital. “Los estamos analizando de manera detallada porque es donde se detectó la mayoría de las irregularidades. Por ejemplo, salía el pago a cuenta y luego no traían los bienes o traían una mercadería por un valor distinto al declarado; hay controles que antes no se hacían”.

Esa mayor fiscalización, enfatizan, permitió detectar casos absurdos, como el de un vendedor de neumáticos que había pedido permiso para importar un avión de US$5 millones.

Michel, que este viernes recibirá al Centro de Despachantes de Aduana, y espera reunirse también con la UIA en unas semanas, prometió que “si hay algo que perfeccionar y mejorar lo vamos a hacer”.

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