Crece la tensión: el Gobierno formalizó su plan para pagar una deuda millonaria con un bono y las empresas energéticas lo rechazan

La tensión entre el Gobierno y las empresas generadoras de electricidad sigue en aumento, luego de que el Ministerio de Economía formalizara la propuesta de cancelar la deuda millonaria de $600.000 millones acumulada en diciembre y enero con un bono que vence en 2038 y que actualmente cotiza a mitad de precio. Las empresas generadoras anticiparon que rechazarán la propuesta y advierten que hay varias unidades con grave riesgo de indisponibilidad en el corto plazo.

A través de la resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, con firma del secretario, Eduardo Rodríguez Chirillo, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial- el Gobierno estableció que las “liquidaciones de los acreedores del mercado eléctrico mayorista [las generadoras] por las transacciones económicas de diciembre de 2023 y enero de 2024 serán canceladas mediante la entrega de títulos públicos BONO USD 2038 L.A. (AE38)”.

Caputo había tenido una reunión con las empresas generadoras 15 días atrás, que no había sido positiva, según dijeron en el sector privado. Acusaron que el ministro no se mostró abierto a una negociación y que propuso pagarles con el bono AE38.

En la práctica, eso significa una quita de la deuda del 50%, ya que el título, emitido en dólares, actualmente cotiza en el mercado a esa paridad. “Esto no es una negociación con bonistas. Es inaceptable. No entienden el sector”, dijeron a LA NACION en reserva en una de las generadoras después del encuentro.

El objetivo del ministro es cancelar las deudas generadas por el consumo eléctrico de diciembre y enero con el bono y regularizar el flujo de pagos a partir de la venta de energía eléctrica de febrero. Sin embargo, al momento, las empresas no cobraron las facturas de febrero, pese a que vencieron a mediados de abril.

La encargada de hacer los pagos es Cammesa, la compañía privada con control estatal, que coordina los despachos de energía eléctrica. Cammesa recibió del Tesoro los fondos para pagar las facturas de febrero (alrededor de $550.000 millones en total), pero por cómo está constituida (es una sociedad anónima sin fines de lucro), legalmente primero debe pagar las deudas de diciembre y enero, al menos que se cambie su regulación o haya un acuerdo con las empresas generadoras, a las que se le adeudan pagos.

Por eso, la Secretaría de Energía publicó la resolución para habilitar a Cammesa a regularizar el flujo de pagos de febrero. “Serán canceladas con los fondos disponibles en las cuentas bancarias habilitadas en Cammesa, a efectos de las cobranzas y con aquellos disponibles por las transferencias realizadas por el Estado Nacional al Fondo Unificado con destino al Fondo de Estabilización”, dice el texto.

En el sector eléctrico sienten esta situación como una extorsión de parte del Gobierno: si no se acepta el bono, no se cobra, lo que podría generar una demanda en la Justicia. Algunas empresas empezaron a sacar créditos para afrontar sus costos, sobre todo aquellas que dependen mayoritariamente de Cammesa.

“Están jugando con fuego con el sistema eléctrico. Están negociando el pago de una deuda con una quita y no tienen idea de qué se trata la quita. Y nos extorsionan a aceptar el bono a lo (Roberto) Baratta [ex mano derecha de Julio De Vido]”, dicen en las empresas, por ser una situación impensada hace solo seis meses.

En la misma resolución, la Secretaría de Energía también obligó a las empresas distribuidoras –entre las que se encuentran Edenor, Edesur y Edelap– a regularizar sus deudas con Cammesa, para abonar el 100% de la energía de febrero y marzo a través de un plan de pagos.

El representante del Gobierno en la negociación es Diego Adúriz, asesor del Ministerio de Economía, con poca experiencia en el sector energético. Rodríguez Chirillo, por su parte, empezó a perder peso en la toma de decisiones a medida que la meta fiscal y el objetivo de reducción de inflación se volvió más prioritario en el Gobierno, que ordenar los precios relativos o regularizar el sector energético.

En tanto, las productoras de gas, como YPF y Pan American Energy (PAE), a las que también Cammesa les debe el pago del insumo utilizado por las generadoras térmicas (alrededor de $240.000 millones), dijeron en cambio que van a acompañar la oferta realizada por Caputo, ya que la deuda es poca en relación con el negocio petrolero total.

Para las generadoras, en cambio, la deuda acumulada es “un torpedo a la línea de flotación de la mayoría de las empresas”, dijeron en el sector.

En el Palacio de Hacienda, justificaron la oferta: “Nosotros nos hicimos cargo con la caja de este año de las deudas del gobierno anterior. Pagamos octubre y noviembre. Diciembre y enero tenemos diferencias con algunos por el tipo de cambio. Para ellos lo más importante es arreglar el flujo para adelante, cosa que estamos haciendo. Y por diciembre y enero, dado que nos hicimos cargo de octubre y noviembre pasado, vamos a darles un bono. La mayoría lo entiende y ya dijo que les parece muy bien”.

Apenas asumió la gestión, el Gobierno giró los fondos necesarios a Cammesa, la compañía con control estatal que administra el mercado eléctrico mayorista, para cancelar la deuda impaga durante el gobierno anterior por los consumos de octubre y noviembre de 2023. En diciembre, el Tesoro le envió a la compañía $396.825 millones.

Ese mismo mes, sin embargo, luego del salto del tipo de cambio de casi 120%, los costos del sector eléctrico se dispararon, ya que la mayor parte de los contratos se fijan en dólares. A partir de enero, Cammesa dejó de recibir fondos del Tesoro y se quedó sin caja para pagar la electricidad a las generadoras y el gas a las productoras para las usinas térmicas.

En los últimos días, las generadoras Pampa Energía (de la familia Mindlin) y la estadounidense AES enviaron una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) detallando la deuda que acumuló Cammesa con ellas. Pampa, el segundo mayo generador privado del país, informó que a la fecha, Cammesa le debe $133.191 millones (incluyendo los intereses devengados) por los pagos de diciembre, enero y febrero. AES, por su parte, dijo que se le debe $37.483 millones y que tuvo que “solicitar préstamos a diferentes entidades financieras y recurrir a otras formas de endeudamiento” para afrontar la operación.

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