Crece el número de juicios por accidentes laborales y se acerca a su récord histórico

El número de juicios iniciados en 2024 por accidentes laborales creció un 7% respecto del año anterior -fue de 125.842-, y quedó muy cerca del dato récord histórico, registrado en 2017 y que, paradójicamente, fue lo que motorizó el debate que llevó a la ley 27.438, hoy vigente.

El sector que desde hace un tiempo viene manifestando su preocupación, hoy ya se expresa en tono de alarma con respecto al tema. Advierten que la falta de cumplimiento de la ley por parte de uno de los principales actores del sistema -la Justicia- es determinante. Y los referentes recuerdan que en el peor momento de la historia el nivel de litigiosidad cruzó el umbral de las 130.000 demandas.

Los datos se desprenden del último informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART), la entidad que agrupa a las compañías de seguros de este sector. Según se indica, en 2024 hubo 125.842 nuevos juicios laborales, solo por casos de accidentes o enfermedades. Se trata de demandas por disconformidad con las indemnizaciones o con el grado de incapacidad laboral definido.

En 2023 las demandas iniciadas fueron 117.348, un 25% más que las de 2022. Y, si bien la UART y otras instituciones empresariales y profesionales vienen alertando sobre la cuestión, en 2024 hubo un 7% más. Y fue el cuarto año consecutivo de incremento del número.

En la práctica, una vez que se supera la instancia administrativa de evaluación y determinación de las secuelas de un accidente laboral según las reglas del baremo (una tabla de incapacidad laboral); en los casos en que el trabajador pretende un reconocimiento mayor, acude a la Justicia. Allí, el dictamen de los médicos forenses resulta determinante para el juez, a la hora de definir el grado de incapacidad y, en consecuencia, el quantum de la indemnización.

La problemática, según afirman en el sector, radica en que, más de siete años después de la reforma que dispuso cambios en los procedimientos, el Poder Judicial de la Nación y de cada una de las 17 provincias que adhirieron a la ley, no crearon los cuerpos médicos forenses previstos en ella. Este incumplimiento provoca que, como peritos, intervengan profesionales particulares que, si bien están registrados en la justicia, no constituyen un cuerpo independiente e imparcial que usen criterios uniformes y ajustados al ya mencionad baremo, que previó la normativa para fijar los porcentajes de daños.

De esta forma, indican que, con el mecanismo actual, cada perito -que cobra honorarios proporcionales al monto de la sentencia-, aplica su criterio personal. Y eso provoca, argumentan, desigualdad y desproporcionalidad al fijar el grado del daño, distorsionando el sistema y generando mayor litigiosidad.

En la UART agregan que la problemática no solo impacta de manera implacable en la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, sino que perjudica al mismo tiempo toda la estructura productiva: a los empleadores, afectando sus decisiones de inversión y empleo; a los trabajadores, bajando sus chances de conseguir trabajo de calidad, y a las ART, socavando la solvencia del sistema.

El procedimiento

La ley vigente prevé un procedimiento con instancia administrativa. Finalizado el tratamiento médico del trabajador, se evalúa conforme las reglas del baremo si quedó algún grado de daño, lo que da paso a la presentación por parte de la ART de un trámite de homologación. De esos trámites homologables, cerca de un 90% se cierra con acuerdo del trabajador, que dispone de un abogado con honorarios a cargo de la ART.

“Si el trabajador no está de acuerdo con la ART, va a la comisión médica que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y después a la Justicia” explican desde la UART, donde consideran que la solución a la alta litigiosidad se encuentra en el propio texto de la ley 27.438, que dispuso, entre otras cuestiones, la creación de los cuerpos médicos forenses.

Por esa razón, la entidad, desde hace tiempo, reclama tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como al Poder Judicial de cada provincia la creación de este cuerpo. Eso permitiría, sostienen las empresas, contar con profesionales elegidos por concurso, con formación especializada en la temática, con estabilidad, permanencia y en relación de dependencia con el Poder judicial, es decir, sin honorarios atados al resultado del caso.

Las aseguradoras también señalan que si los jueces aplicaran tasas de interés razonables, como viene indicando la Corte Suprema que debería ocurrir, también se desalentaría la litigiosidad. “La disparidad de las tasas que aplica la justicia en las distintas ciudades es un factor que no contribuye al sistema ni aporta previsibilidad ni seguridad jurídica”, afirman desde la entidad.

Ranking por provincias

En el ranking de nuevos litigios el podio lo ocupa la provincia de Buenos Aires, con 50.584 casos en 2024; le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con 22.946 juicios, y Santa Fe, con 16.439 casos y un incremento anual de 21,5%. En el cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales. La sigue Mendoza con 9.857 y un aumento de 18%.

En la UART afirman que la necesidad de que el sistema tenga cuerpos médicos constituidos según lo que dice la ley, lo demuestran los casos de las provincias que, si bien no cuentan con esa estructura específica, sí tienen médicos forenses dependientes del poder judicial -empleados de la justicia que cobran un salario mensual, en lugar de honorarios atados al daño cuyo grado ellos mismos determinan-. Tal es el caso de Salta y Río Negro, que, en comparación con sus provincias vecinas con economías equivalentes y un nivel de siniestralidad similar, presentan una significativa disparidad en los niveles de litigiosidad.

Jujuy tiene 50 veces la litigiosidad de Salta, mientras que Río Negro tiene una cuarta parte y un tercio, de la judicialidad de sus vecinas Chubut y Neuquén.

Comparación con Chile y España

Las autoridades de la UART también señalan que “de partida nuestro sistema es generoso, porque prevé el resarcimiento desde el 0,01 de incapacidad, mientras otros, como el de Chile y España, prevén el resarcimiento a partir del 15% (Chile) y 30% (España)”.

En términos de litigiosidad, indican que “los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo.”

Lo paradójico, expresan, es que mientras los niveles de litigiosidad se incrementan, los índices de siniestralidad bajan. Los accidentes fatales (in itinere) tuvieron una disminución del 73% en total y del 78% si no se consideran los accidentes in itinere, es decir, los que se producen en el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo.

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