Costo de la luz: Edenor y Edesur piden equiparar sus tarifas con las del resto de las provincias

Las empresas de distribuidoras Edenor y Edesur participaron hoy de la audiencia pública para definir los nuevos incrementos tarifarios, que se aplicarán entre febrero y marzo. Las empresas enfatizaron que en los últimos tres años, se les autorizaron dos aumentos acumulados de 32%, mientras que la inflación fue más de 300% en el mismo periodo, y que tienen las tarifas más bajas no solo del país, sino también de la región.

Además, señalaron que este año proyectan un rojo operativo de $323.600 millones si no hay una actualización en sus ingresos, que probablemente se cubra con endeudamiento con el Estado, si no hay aumento de tarifas.

Las boletas de electricidad están compuestas por cuatro componentes: la generación de la electricidad, que explica alrededor del 58% del costo de la factura; el transporte a los centros de consumo (2%); la distribución en los hogares (17%), y los impuestos nacionales, provinciales y municipales (23%).

De esos componentes, solo el segmento de generación recibe subsidios, que se canalizan a través de Cammesa, la compañía privada con control estatal que compra la energía eléctrica y la vende (con subsidios) a las empresas distribuidoras. Entre este grupo se encuentran Edenor y Edesur.

En el segundo semestre de 2022, el Gobierno aplicó la segmentación tarifaria para reducir los subsidios a la generación en los hogares de ingresos altos. Eso explica los tres últimos aumentos que hubo en tarifas.

“Entre 2019 y 2022, los ingresos de Edenor subieron 32%. En el mismo periodo, el aumento de la nafta fue 306%; la inflación, 516%; el dólar oficial, 307%; los salarios, 415%, y la medicina prepaga, 425%”, dijo Federico Méndez, responsable de Edenor en la audiencia.

Esto, sostuvo el ejecutivo, repercutió en un déficit de la empresa de $35.446 millones (mayores gastos que ingresos) en 2021 y de $18.107 millones en los primeros nueve meses de 2022 (último balance trimestral). “En el mismo periodo, las empresas de generación tuvieron ganancias por $96.263 millones. La consecuencia de esto fue la imposibilidad de Edenor de cumplir en tiempo y forma con los pagos con Cammesa”, dijo Méndez.

En diciembre pasado, Edenor firmó un acta acuerdo con Cammesa, la Secretaría de Energía y Ente nacional regulador de la electricidad (ENRE), en el que se saldó parte de la deuda y se suscribió un plan de pago por el saldo restante. En concreto, Edenor debía $105.777 millones a Cammesa, pero, al quitarle los intereses punitorios, el capital a refinanciar se redujo a $57.159 millones.

“Edenor accedió a regularizar la deuda a pesar de que, por el atraso tarifario, Edenor registra ingresos no percibidos por $291.609 millones. Esto es por las deudas acumuladas por el poder concedente originadas por la falta de aplicación del marco normativo vigente. Edenor es un acreedor contra el Estado Nacional y no un deudor”, reclamó Méndez.

Edenor además señaló que las tarifas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son las más bajas del país. En la empresa plantearon que mientras que una factura mensual para un consumo de 300 kwh cuesta $1877 con impuestos en el AMBA, en La Rioja vale $2862; San Luis, $3448; Jujuy, $4136; Córdoba, $4900, y Neuquén, $5807.

“El precio de la generación es el mismo para todos los usuarios en el país, pero hay provincias que tienen tarifas tres veces más caras que la de Edenor. Hay que equiparar nuestros ingresos con el resto de las distribuidoras del país”, dijeron en Edenor.

Por último, indicaron que, si no hay variación en los ingresos de Edenor, “no van a ser suficientes para cumplir todas las obligaciones”. Para este año, estimaron la necesidad de $205.760 millones para cubrir el déficit de 2023.

“Esto implica que el 80% de los usuarios residenciales en promedio pasarán a pagar una factura con impuestos de $2757, que es un importe menor al que pagan los usuarios en otros países”, concluyó Méndez.

La presentación de Edesur no fue muy distinta. El representante de la distribuidora, Jorge Alberto Lemos, indicó: “Desde la ley de emergencia de 2019 se viene postergando la realización de la revisión tarifaria integral (RTI) de Edesur, en la cual, junto con el ENRE se establecían cuáles son las obligaciones de la empresa y cuál debe ser la tarifa a cobrar por las mismas. En cambio, nos encontramos conviviendo en un régimen de obligaciones sin su correspondiente retribución y donde si bien mejoramos mucho desde la última RTI, no es lo que hubiéramos esperado”.

Edesur planteó que la tarifa en el AMBA es la más baja del país y también de la región, con un valor de US$71 el MWh, cuando en Ecuador cuesta US$94; Brasil, US$107; Colombia, US$144; Perú, US$176, y Guatemala, US$301.

“Los subsidios no son gratis, se cubren con impuestos de los argentinos, y el uso de esos fondos genera déficit fiscal y también termina provocando una mayor inflación. El ENRE no desconoce el problema de la inflación, ya que mientras habilitó aumentos de 32% a las distribuidoras, su presupuesto aumentó 190% en el mismo periodo”, dijo Lemos.

Por último, indicó que, para este año, Edesur tendrá un déficit de $118.600 millones, que se puede cubrir con tarifas o subsidios. “Los ingresos deben ser suficientes y oportunos para cubrir los costos operativos, de capital e impuestos, sean provenientes de tarifas y/o de subsidios. Menores subsidios energéticos permiten ordenar las cuentas fiscales y por ende colaborar con la estabilidad macroeconómica a mediano y largo plazo”, concluyó.

La voz oficial

El interventor en el ENRE, Walter Martello, inauguró la audiencia pública y dijo que las empresas “no van a obtener la tarifa que piden, sino aquella que los usuarios pueden pagar en el actual contexto socioeconómico”. Además, señaló que “el Estado no puede ni debe renunciar al poder tarifario”, y anunció que se evalúa realizar una nueva audiencia pública en el cuarto trimestre, por lo que podría haber un segundo aumento en el año.

Martello, a su vez, advirtió que las interrupciones del servicio eléctrico afectan la seguridad, la salud y la economía. “Afectan la seguridad cuando el alumbrado público y los semáforos se apagan y entonces las personas se convierten en víctimas potenciales del accionar delictivo o de un accidente vial. Afectan la salud cuando alteran el servicio de agua potable o desestabilizan la conexión de los usuarios electrodependientes. Afectan la economía cuando se pierde la cadena de frío de alimentos y medicamentos o cuando los golpes de tensión arruinan electrodomésticos”, indicó.

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