Coronavirus. Preocupación empresarial por la decisión de sumar a la obesidad como factor de riesgo
LA NACIONFrancisco Jueguen
En medio de la emergencia sanitaria y de la crisis económica que produjo el aislamiento, la decisión del Gobierno de ampliar días atrás la definición de grupo de riesgo y de sumar a las personas con obesidad -sin mayores precisiones- entre ellas desató la alarma entre empresas, que alertaron que podrían dejar de ir a trabajar hasta un 60% de los trabajadores de una fábrica si se tienen en cuenta aquellos empleados ya ausentes ante los riesgos.
Los cambios, que ya estarían afectando a varias industrias que comenzaron a quedase sin personal y que vieron aumentados sus costos ante la necesidad de sumar trabajadores eventuales, fueron impulsados por el Ministerio de Salud a través de la resolución 1541 publicada el 23 de septiembre pasado en el Boletín Oficial. En el artículo tres, apartado siete, se incluyen como grupos de riesgo a las "personas con obesidad" sin mayores precisiones.
"Que por Resolución N° 627/2020 se establecieron las indicaciones para el aislamiento, las indicaciones para el distanciamiento social y se determinó un listado de personas que por presentar determinada condición de salud formaban parte de grupos de riesgo. Que por la experiencia observada en otros países y la prevalencia de casos, la evidencia reconoció a la obesidad como un factor asociado a mayor riesgo de contraer la enfermedad y de sufrir evolución desfavorable de la misma", afirman los considerandos de la norma.
"Que existen múltiples mecanismos fisiopatológicos que explican esta predisposición, incluyendo presencia de un estado inflamatorio crónico, desregulación de la respuesta inmune, exceso de estrés oxidativo y producción aumentada crónica de leptina; y asimismo, el tejido adiposo podría sobreexpresar el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, implicado en la invasión intracelular del virus", agregaron en el oficialismo.
Casi una semana después de la normativa aclaratoria, el 29 de septiembre, la Unión Industrial Argentina (UIA) envió una carta firmada por su presidente, Miguel Acevedo, y su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, y que fue dirigida a Ginés González García. También, contaron en las empresas a LA NACIÓN, hubo contactos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas. Todo hasta ahora sin una respuesta.
"Consideramos necesario reiterar la gravedad de la situaciónque atraviesan las empresas en general y las del sector industrial en particular, que no sólo han asumido la implementación de los protocolos de prevención; el traslado del personal; la adaptación de los espacios de trabajo y los costos derivados de adecuarse a producir con equipos humanos reducidos, sino que se ven además afectadas por elevados niveles de ausentismo", dice la carta. Según los industriales, en el segundo trimestre la cantidad de trabajadores ocupados trabajando desde su vivienda particular fue del 22% con un incremento de más de 15,5 puntos porcentuales con respecto al año pasado, y el nivel de personal que no presta tareas se elevó al 21,1%, es decir más de 18,5 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre de 2020.
Preocupación
"La principal causa de lo aludido es la gran cantidad de personas afectadas a la suspensión del deber de asistencia del lugar de trabajo dispuesto por la Resolución 207 del Ministerio de Salud, cuyo universo se compone mayormente por los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria nacional. Por este motivo traemos especialmente a consideración nuestra preocupación por la inclusión en la el artículo 1 de la Resolución 1541 de 'personas con obesidad' en sentido amplio", dijeron en la misiva enviada al Gobierno y alertaron: "Una interpretación literal de la norma de referencia llevaría a considerar todos los grados de obesidad como factor de riesgo, y según nuestras estimaciones ello podría afectar hasta un 60% de la fuerza laboral de una empresa industrial".
Los empresarios señalaron que "los niveles de incidencia podrían comprometer la continuidad de industrias esenciales por la dificultad que representa sustituir puestos calificados en los distintos niveles de las compañías". Además consideraron que "lo descripto no resulta la interpretación más razonable de la norma por cuanto no hay antecedentes en el derecho comparado referidos a la obesidad en general como factor de riesgo de esta enfermedad".
"Por el contrario sí es una práctica extendida considerar como factor de riesgo condiciones asociadas a la obesidad, como las enfermedades coronarias o la diabetes ya comprendidas en incisos especiales de la misma resolución. Excepcionalmente algunos países donde la obesidad es calificada de epidemia, como es el caso de México o Colombia, consideran la obesidad de grado 3 u obesidad mórbida como factor de riesgo frente a la actual pandemia", argumentaron los empresarios, que hoy se quejaron con el Fondo Monetario Internacional. "Estamos esperando", dijo hoy un industrial a este medio sobre la respuesta oficial que todavía no llega tras las carta de los empresarios desde Salud o Desarrollo Productivo.
LA NACIÓN consultó a Salud y Desarrollo Productivo, pero aún no tuvo respuestas. En las empresas dijeron que la decisión del Gobierno empezó a afectar a diversas industrias, como la alimentaria, la automotriz o la petroquímica, entre otras, incluso las "esenciales".
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