Coronavirus. Los países de la región mejor preparados para enfrentar la crisis
LA NACIONCarlos Manzoni
A los países de América Latina no solo los une el espanto por el coronavirus, sino también su histórica dependencia del precio de las commodities y su debilidad fiscal. Sin embargo, pese a esas similitudes, algunos de ellos apelaron a distintas medidas económicas ante la irrupción de la pandemia que hoy preocupa al mundo entero.
Golpeada de antemano por la recesión y por la necesidad de reestructurar su deuda pública, la Argentina fue, quizás, el país que menos dinero inyectó en la economía (al menos, hasta el momento). El Gobierno dio prioridad a la cuestión sanitaria, mientras que en materia económica se anunció un programa de ayuda de unos US$1500 millones, destinados principalmente a crédito a pymes, para beneficiarios de planes sociales y para trabajadores informales.
Tal como señala Alejandro Izquierdo, economista y Líder Técnico Principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dados los niveles de deuda más altos de la actualidad, la región podrá responder con una expansión fiscal de solo la mitad del tamaño de la de 2009, en promedio. Sin embargo, hace una distinción: "Mientras que Chile y Perú tienen espacio para gastar, la Argentina, Ecuador y otros países tendrán dificultades".
En efecto, Chile ha destinado hasta hoy US$18.000 millones, el equivalente a 7% de su PBI, con el objetivo de apoyar a las familias, a los trabajadores y a las empresas, particularmente las pymes. Una gran parte de esa suma fue ayuda directa, pero otra se destinó a un potente plan de garantías para movilizar el crédito para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF (son el 99,8% de las empresas y representan el 84% del empleo).
Según el Economista Senior de LyD, Tomás Flores, el gobierno chileno va en la dirección correcta. "Esto le permitirá al sistema financiero otorgar créditos por hasta US$24.000 millones, lo que es equivalente a cerca de un 10% del PIB", destaca. Y agrega: "Estos créditos deben ser solicitados por las empresas que están sufriendo una caída sustancial de sus ventas y deberán destinar este dinero para pagar a sus trabajadores y proveedores, para que así la cadena de pago sobreviva a esta pandemia".
También se instrumentó un plan protección de los ingresos, que se materializa a través de un fondo de hasta US$2000 millones, que se financiará con reasignaciones por similar monto. Beneficiará a cerca de 3 millones de personas, su uso será flexible, a medida que la situación lo requiera y dependiendo del contexto.
En Perú, en tanto, afirman que su economía aún está en terapia intensiva. En ese sentido, el economista peruano Jorge González Izquierdo, cuenta que las medidas que se tomaron hasta ahora fueron en tres direcciones: 1) que la micro y mediana empresa no quiebre, 2) que el ingreso familiar no se vaya a cero, sobre todo de los trabajadores independientes informales, que en Perú son 7 millones, y 3) que el sistema financiera siga operando y dando crédito al sector privado.
González Izquierdo dice que estos tres objetivos se deben mantener en esta etapa de emergencia. "Para eso se tomaron todas las medidas hasta ahora: el bono de 380 soles (poco más de US$100) que se le dio a quienes se pudo identificar (que en su gran mayoría son formales dependientes, que son 3,6 millones), pero a los informales independientes no los conoce y por lo tanto no saben cómo llegarles. También liberó el seguro de desempleo privado, se liberaron los fondos de jubilación de las AFJP y se subsidió 35% de la plantilla laboral de las empresas, es decir que el gobierno paga una parte del sueldo", relata el especialista.
Además, continúa González Izquierdo, se aprobó junto con el Banco Central un esquema para dar a los bancos privados cerca de US$10.000 millones para que preste a las pequeñas y medianas empresas que estén con problemas de liquidez. "Acá, quién da la garantía es el Tesoro Nacional, pero el problema es que los bancos privados en lugar de cobrar una tasa de 1,1%, como se les pidió, cobran una de hasta 11%", indica.
Por último, en Perú se tomaron medidas impositivas: se pospuso el pago del impuesto a la renta cuatro meses (lo más gravoso para empresas y personas) y de varios impuestos más pequeños. "También se difirió el pago de electricidad, gas y agua", acota González Izquierdo.
Por su parte, Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia y profesor de Macroeconomía en la Universidad Católica, comenta que su país tomó dos medidas que descansaron en hombros del Banco Central: un préstamo de US$1000 millones, un cuarto de sus reservas en divisas, al Ministerio de Economía y Finanzas de US$1000 millones, y la compra de los bonos que estaban en las Administradoras de Fondos y Pensiones, con la condición de que sean depositadas en el sistema bancario, para que los bancos no corten sus líneas de préstamos a las empresas.
Además, se emplearon fondos para asistir a las familias de bajos ingresos. "Creo que son medidas que van en buena dirección, pero son insuficientes. Por ejemplo, la asistencia a los hogares de menores ingresos no llega a todos, porque hay una gran parte de informales, que viven día a día y no pueden salir a trabajar. Hay una fracción importante de los que no se tenía ningún registro y que ahora no están siendo atendidos", destaca Morales.
En el caso de las empresas, está en discusión el paquete de apoyo que se les dio, pero, en principio, se les daría ayuda financiera con la condición de que no hayan despedido personal. "No está definido cómo va a dar este apoyo el Gobierno. Algo que ya se hizo fue postergarles el pago del impuesto a las utilidades (vencía en abril, pero se les abrió una moratoria de tres meses). También el sistema bancario ha dado plazos más largos a las empresas (cuatro meses) para que paguen sus deudas", relata Morales.
En Brasil,el Congreso aprobó medidas en tiempo récord. Giberto Braga, economista y profesor de Finanzas del Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) y de la Fundación Dom Cabral (FDC), subraya que lo primero fue la asistencia financiera directa de emergencia para personas de bajos ingresos y la posibilidad de pago directo o ayuda para que las empresas paguen los sueldos. "El monto total, según el gobierno, es de aproximadamente 200.000 millones dereales (aproximadamente US$40.000 millones) durante 2020", precisa.
Las medidas para la población incluyen una ayuda mensual de US$120 durante tres meses para aquellos que ganan hasta tres salarios mínimos. Se aplicará también un pago anticipado de beneficios y se especifica que se podrán dar hasta dos ayudas por familia, dependiendo de cuántas personas trabajen.
Para las empresas, añade Braga, el Gobierno pospuso el pago de impuestos por tres meses, redujo las tasas de interés bancarias, creó líneas de préstamos de emergencia con tasas de interés anuales de poco más del 3% por año y complementó o pagó parte de salarios de los trabajadores que ganan menos para micro y pequeñas empresas.
En Uruguay, se pueden agrupar en cinco grandes tipos de política: de oferta, de liquidez, monetarias, fiscales y crediticias. Aldo Lema, economista de Visión Consultores, una firma de ese país, cuenta que la principal política de oferta (producción) es mantener los motores de la economía funcionando, no detenerlos completamente.
En lo que hace a liquidez, Lema señala: "A diferencia de otros países, como Chile, en materia de liquidez, Uruguay tiene poca capacidad en el Banco Central para suministrarla, dada la dolarización, por lo cual las medidas han pasado por postergación en el pago de impuestos e imposiciones a la seguridad social. Han venido desde el ámbito fiscal".
La política fiscal, por su parte, ha estado orientada fundamentalmente a enfrentar los mayores gastos de salud y la protección social, flexibilización del seguro de cesantía y enfermedad, subsidios para monotributistas, refuerzo de partidas alimenticias y otras asistencias focalizadas. Mientras que en materia monetaria, la inflación cercana al 10% le ha impedido al Banco Central validar tasas de interés más bajas, aunque ha tolerado el alza del dólar, sin grandes intervenciones, acompañando el alza global de la divisa.
En cuanto al crédito, Lema relata que la autoridad monetaria redujo significativamente los encajes bancarios y flexibilizó la regulación para el cómputo la morosidad bancaria, mientras que el gobierno expandió para las pymes los sistemas de garantías y préstamos estatales, junto líneas de crédito "blandas" desde el Banco de la República"
En Colombia, según relata Mauricio Cárdenas, exministro de Economía de ese país, se adoptaron medidas en tres frentes: más recursos para la salud, transferencias monetarias a grupos pobres y vulnerables y apoyo a empresas (todavía en diseño). "El costo fiscal de este plan, por ahora, asciende a una suma equivalente al 2,5% de nuestro PBI", especifica.
Cárdenas sugirió, además, algunas medidas que deberían sumarse: "Se debe generar un crédito automático en 48 horas, del cual el gobierno cubra el 90% del riesgo. También sería bueno diferir el pago de parafiscales a 24 meses y programar un nuevo calendario tributario para 2020. Eso sí, estos beneficios deberían aplicar solo a quienes no despidan trabajadores".
Por su parte, José Hidalgo Pallares, economista ecuatoriano y director de Cordes, el gobierno de su país tiene un menú de opciones más limitado que otros países, porque no tiene espacio fiscal, no tiene acceso fácil al financiamiento externo por su alto riesgo país y tampoco cuenta con una moneda propia que le permita evaluar medidas de política monetaria. "Por eso es que ha demorado más que otros en dar su respuesta a esta pandemia".
En un primer momento se anunciaron medidas bastante limitadas, como el diferimento de algunos pagos de impuestos y servicios básicos, tanto para personas como para empresas, y también se amplió la base de beneficiarios del bono de desarrollo humano (transferencia directa similar a la Asignación Universal por Hijo que hay en la Argentina), con lo que se espera llegar a tres millones de familias (dos millones adicionales por la crisis).
El viernes pasado el presidente agregó algunas otras medidas, como una contribución solidaria de personas y empresa, para levantar un fondo que permita garantizar la subsistencia de las personas más pobres durante la emergencia. "En el primer caso, alguien que gana US$500 aportará US$2, mientras que la que gane US$10.000 aportará un 10% de su sueldo. Esto vale tanto para empleados privados, como para empleados públicos. Y en el caso de las empresas, pagarán esto aquellas que en el último año tuvieron una utilidad de US$1millón", explica Hidalgo Pallares.
Esto se complementó el domingo pasado con un anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que, en lo medular, dice que van a proponer un marco normativo temporal, en el que las empresas puedan acordar con sus contrapartes (empleados, acreedores, bancos, entre otros) nuevas condiciones para evitar una quiebra masiva de empresas. "Se podrán convenir jornadas de trabajo más cortas, reducir salarios, recortar alquileres y negociar con los bancos opciones más flexibles de pago de las deudas", destalla Hidalgo Pallares.
Por Carlos Manzoni
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