Coparticipación: el eterno conflicto entre Nación, provincias y municipios

A 28 años de la reforma constitucional de 1994, que dispuso que debía dictarse una nueva ley de coparticipación que nunca se sancionó, y en el actual contexto macro, que llevó al Gobierno a definir al “orden fiscal” como su prioridad número uno para cumplir con las metas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el histórico debate por el reparto de fondos entre los 24 distritos del país volvió a aparecer en la agenda pública, impulsado por el mundo académico. Fue en el marco de la “Jornada Interacadémica sobre Federalismo Fiscal”, organizada por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y la Academia Nacional de Ciencias Económicas, con el apoyo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

El encuentro contó con tres paneles en los que disertaron reconocidos expertos en economía y exfuncionarios sobre temas relacionados con la coparticipación federal de impuestos (situación actual y perspectivas), instrumentación legislativa del régimen de “Coparticipación Federal de Tributos” (posibles opciones constitucionales) y el poder tributario municipal (problemática de las tasas). “Hemos pensado en estos tres ejes, motivados por el espíritu de cooperación entre las academias en temas fundamentales para la sociedad que no están siendo abordados por la política”, dijeron las autoridades durante el acto de presentación.

El primer panel, moderado por la periodista de LA NACION y LN+, Florencia Donovan, estuvo integrado por el exsecretario de Programación Económica de la Nación y exministro de Educación, Juan Llach; el exministro de Economía de la Nación, Ricardo López Murphy; el exsecretario de Hacienda, Manuel Solanet; y el economista y Premio Kónex de Platino 2006, Alberto Porto.

Los expertos coincidieron en la inviabilidad de aplicar un verdadero régimen de “Coparticipación Federal de Impuestos” en la Argentina, tal como lo establece la última reforma constitucional, no solo por la histórica disputa entre la Nación, las provincias y los municipios, sino por las diversas concepciones que existen respecto a la idea de federalismo y su aplicación práctica.

“Estamos viviendo un laberinto en materia de coparticipación federal porque los ciudadanos no sabemos dónde van los impuestos que pagamos”, expresó Llach. Y agregó: “Tenemos impuestos muy distorsivos, que llegan a representar el 12% del Producto Bruto Interno”. Según el experto, la distorsión es tal que “los contribuyentes son, al mismo tiempo, los beneficiarios del gasto público”.

Además, a modo de ejemplo sobre cómo funciona el reparto de fondos, que se realiza sin criterios específicos, al no haber ley, Llach explicó: “Hay dos jurisdicciones que aportan todo en términos netos y brutos, que son la ciudad y la provincia de Buenos Aires; mientras que otras dos, Santa Fe y Córdoba, ponen igual que lo sacan; y solo provincias como Mendoza y Neuquén logran autofinanciarse. El resto, a la baja”.

“Los países con correspondencia fiscal son los que han demostrado resolver la pobreza. Tenemos que ser más ingeniosos al respecto”, sugirió el exfuncionario. Entre sus propuestas para resolverla, destacó la importancia de “hacer cambios en las potestades tributarias” para darle mayor autonomía a las provincias.

“Deber ser las provincias las que cobren los impuestos a las personas con domicilio en ellas, y para las que tienen dificultades para recaudar, se podría poner a la AFIP a hacerlo, mientras se realiza la transición”, deslizó.

Por su parte, López Murphy cuestionó el rumbo económico en general, que dificulta aún más la posibilidad de reducir el déficit fiscal, y en lo que refiere a coparticipación, criticó el histórico criterio para definir la coparticipación, relacionado con “un pacto intemporal y un pacto territorial, que le dan razón a nuestro Estado”, lo que hace “discrecional” el reparto de fondos entre los distritos.

“Otro de los problemas es que la Nación recauda en base al comercio exterior y a la inflación. Entonces, si estabilizamos, el Estado se queda sin recursos, es decir, se queda con un presupuesto que no alcanza para lo que los diputados y los senadores han propiciado”, afirmó el exministro. Y opinó: “Por ejemplo, no puede haber seguridad social si no hay aportes. El sistema no es viable si introduzco gente que no aportó”.

“Hay que balancear el presupuesto para evitar la hiperinflación y dejar de financiarnos a través del Banco Central, que se ha convertido en una segunda tesorería”, agregó López Murphy.

A su turno, Solanet también cuestionó el actual régimen de coparticipación: “La Nación fue adquiriendo un mecanismo de coerción sobre las provincias porque hay transferencias automáticas, así como también canales informales”. Pero, según el exsecretario de Hacienda, también hay que decir que “las provincias han aumentado su gasto” porque “muchos gobernadores gastan con la billetera de los distritos que recaudan”. “Falta correspondencia fiscal”, resumió.

“Hay que avanzar en la devolución de potestades a las provincias”, afirmó Solanet, al tiempo que criticó al Impuesto a los Ingresos Brutos como un “impuesto cadena”, al que se suceden otros gravámenes más, que lo hacen [el tributo] “antieconómico” por excelencia.

La “Jornada Interacadémica sobre Federalismo Fiscal” continuó con otros dos paneles. Un segundo, sobre instrumentación legislativa del régimen de coparticipación, a cargo de Alberto Dalla Vía, Juan Carlos Cassagne y Pablo Garat, y un tercero, acerca del poder tributario municipal, que contó con las exposiciones de Roberto Luqui, Alberto Tarsitano y Enrique Bulit Goñi.

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