Convocan a paros en clínicas privadas y se profundiza la crisis en el sector de la salud

Con una convocatoria a hacer paros en clínicas y centros privados de salud de dos, tres y cuatro horas por turno el miércoles, jueves y viernes de esta semana, respectivamente, el sindicato de trabajadores de la sanidad intensificará sus reclamos por recomposiciones salariales, luego de semanas en las que las negociaciones paritarias no avanzaron. La Secretaría de Trabajo, en tanto, citó “con carácter urgente” a una audiencia para este jueves a la representación gremial –encabezada por Héctor Daer- y a las cinco cámaras empresarias firmantes de las paritarias

El llamado a la medida de fuerza -en el que el sindicato señala a “los empresarios de la salud” como responsables de “los problemas que puedan ocasionarse en la atención de los pacientes”- es una de las manifestaciones de la crisis de los prestadores del sector privado que, a su vez, se lamentan por el retraso en los aranceles que cobran de las obras sociales sindicales y provinciales, del PAMI y de las entidades de medicina prepaga, estas últimas, en medio de un conflicto judicial con el Gobierno, que obligó a la mayoría de ellas a retrotraer parte de los aumentos de las cuotas que, en cuatro meses, habían acumulado hasta un 165%.

Las interrupciones de servicios en las clínicas convocadas por el sindicato se suman a otros efectos que pesan en definitiva sobre los pacientes, como las demoras para conseguir turnos, las salidas de médicos de las cartillas y el cobro o intentos de cobros de copagos o bonos contribución para recibir atención. Todos síntomas de una falta de revisión a fondo de viejos problemas del sector.

“Nuestros precios no están vinculados con nuestros costos, sino con lo que nos imponen los financiadores, que en general son oligopolios u oligopsonios, y en este momento estamos recibiendo aumentos de precios de todo tipo, muy por encima de la inflación”, dice Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), una de las entidades que es parte de las negociaciones salariales.

Según el índice de costos elaborado por Adecra+Cedim (la segunda entidad nuclea a centros de estudios y diagnóstico), en 2023 los costos de dar servicios subieron un 213,1%, mientras que los aranceles cobrados a las prepagas –que subieron sus cuotas 137,5% entre enero y diciembre, según lo que les permitió la regulación entonces vigente- aumentaron un 118%; los abonados por el PAMI, un 160% y los enfrentados por el IOMA, “paradigma de las obras sociales provinciales” -describe Cherro-, un 130%.

Mientras que en el caso de las obras sociales las subas de los aranceles que pagan a los prestadores dependen de cómo les vaya a los salarios de cada actividad y, en consecuencia, a la recaudación de esas entidades financiadoras, en las prepagas las subas tienen relación con el incremento de las cuotas a los afiliados. A partir de la decisión del Gobierno de frenar las elevadas subas que se venían dando este año tras la desregulación decidida en diciembre por el propio Poder Ejecutivo, las empresas avisaron a los prestadores que harán una reducción de las mejoras que tenían previstas. “Hay una gran incertidumbre”, señalan en Adecra.

Los costos

Entre los ítems que integran la estructura de costos, el que registró el mayor incremento en 2023 fue el de insumos médicos: 645%. Mientras tanto, el precio de hacer inversiones subió un 274%; el de los costos laborales, un 151,1%; el de los insumos no médicos, un 241,2%, y el de las tarifas de servicios públicos, un 241,4%. En el primer trimestre de 2024 este último rubro pasó a liderar, con una suba de 80%, en tanto que el índice general que muestra cuánto cuesta prestar servicios en los centros privados de salud mostró un avance, en los tres meses, de 55,7%.

Según índices de más largo plazo de esas entidades, entre diciembre de 2019 y febrero de 2024, mientras que el costo de dar salud subió un 2130% y los precios generales de la economía avanzaron, en promedio, 1805%, las paritarias derivaron en un avance del costo laboral -el de mayor peso en la estructura- de 1580% (con la consecuente pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores). Los precios cobrados a los financiadores, siempre según los índices de Adecra+Cedim, avanzaron en el período un 1221% en el caso de las prepagas, y alrededor de 1100% en el del PAMI y el IOMA.

Subas de tarifas

El desfase incluye también las demoras en los pagos, según advierten, por su parte, Gerardo Figueroa Paredes y Rodolfo Benvenuti, presidente y secretario de la Cámara de Prestadores de Salud del Conurbano (Capresco). Las entidades nucleadas en la cámara trabajan con obras sociales y, según señalan sus directivos, los pagos se reciben 60, 90 o 120 días después la atención, algo a lo que este año se agregan los incrementos de las tarifas de servicios públicos. “Las clínicas somos electrodependientes y hay casos en los que las facturas pasaron de $3 millones a $14 o 15 millones”, advierten los directivos.

“Los aranceles en la Argentina son históricamente muy bajos; hoy necesitamos hacer 1000 ecografías para recuperar un transductor de un equipo que dejó de funcionar”, grafica Benvenutti. Y agrega que, ante la situación actual, cada vez hay menos médicos formándose en determinadas especialidades, algo que progresivamente se irá notando en la calidad de los servicios ofrecidos.

Al tiempo que ganó protagonismo en la agenda pública la lucha entre el Gobierno y las prepagas -tras las subas de cuotas derivadas de que el presidente Javier Milei liberó totalmente los precios a través del DNU 70-, representantes tanto de prestadores como de financiadores insisten en la necesidad de una revisión de fondo de las medidas que regulan la actividad.

Uno de los ejes del debate es el Plan Médico Obligatorio, un conjunto de coberturas a las que están obligadas obras sociales y prepagas y que, desde su aprobación décadas atrás, tuvo varios agregados a través de leyes que –indican las quejas recurrentes del sector- no previeron el financiamiento.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud afirman tener el objetivo de una revisión integral de esa canasta de prestaciones exigidas. “El PMO no es sustentable; hoy es un techo y buscaremos que sea un piso”, dicen desde el Gobierno.

Como esas y también otras discusiones pendientes, la crisis en el sector y las advertencias de sus directivos son de muy larga data. Hace ya más de dos décadas que, por la declaración de la emergencia sanitaria, los prestadores pueden no pagar impuestos sin sufrir ejecuciones de la AFIP. Ese estado de emergencia se cayó, en lo que a la normativa se refiere, al iniciarse 2024 y, por ahora, el organismo de recaudación mantiene formalmente postergado para después del 31 de julio “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares” para un grupo de contribuyentes, entre los cuales están los prestadores de salud.

Según puntualiza Cherro, un relevamiento de la AFIP indica que “5000 centros asistenciales, de un total de más de 25.000 que hay en el país” podrían ser ejecutados por sus deudas tributarias a partir de agosto, una fecha que, evalúa el directivo, “está a la vuelta de la esquina”.

Lo que no parece algo cercano es que haya capacidad para absorber una mayor demanda de servicios en el sector público, en caso de cerrarse entidades de privadas. Es lo que también se advirtió con las bajas de afiliados por el encarecimiento de los planes de salud de las prepagas (que, según fuentes del sector y del Gobierno rondaron entre el 2% y el 4%). Son luces de alerta encendidas hace años, en un sistema que demanda reformas de fondo.

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