Diciembre. Un cheque de más de $30 millones por día para sostener la paz
¿Por qué la Argentina recorrió las estaciones de un traspaso político ordenado pese a que su economía está paralizada y varios países de la región atraviesan una crisis social? En el último tiempo se deslizaron diagnósticos que justifican la paz doméstica por el resultado de las elecciones (no tendría sentido haber ido contra Mauricio Macri cuando ya había sido elegido su sucesor, que además viene con el sello del peronismo, al cual los denominados sectores populares suelen tenerle más paciencia que al resto de los colores políticos).
A esos análisis quizás habría que sumarle otro menos pasional y más pecuniario: en el último año de su gestión, la administración de Cambiemos profundizó su alianza con los movimientos sociales, capaces de ocupar el espacio público con acampes en la Avenida 9 de Julio, pero también de contener el descontento derivado de la situación económica.
Una investigación de LA NACION hecha en base a números oficiales así lo demuestra. Entre enero y agosto de este año, el gobierno de Mauricio Macri destinó $14.313,60 millones a sostener su política de planes sociales en el conurbano bonaerense, la zona más caliente del país. Aplicó varios aumentos en el camino que llevaron a una suma récord de $2.057,21 millones en agosto pasado (sin contar períodos en que se pagaron bonos), el mes de las PASO. Si se anualiza ese número, arroja que la administración de Alberto Fernández recibió un cheque a pagar de $ 24.686 millones para hacer frente a los planes sociales en esa zona de la provincia de Buenos Aires.
Expresado en cifras más pequeñas a partir de los últimos números disponibles, los fondos destinados estrictamente a planes sociales implican un desembolso de casi $70 millones diarios (que equivalen a más de 121.900 salarios mínimos mensuales) distribuidos en 39 municipios de la provincia que, según la nomenclatura del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, constituyen el conurbano. Los cálculos se desprenden de un pedido de acceso a la información pública que LA NACION le hizo a la cartera que maneja Carolina Stanley, a cargo de su asignación.
En tanto, según números de agosto, los fondos destinados a planes en los que tallan las organizaciones sociales comprometen $30 millones por días.
Alberto Fernández tiene sus propias ideas con respecto a la asistencia social. "La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas -dijo en su discurso de asunción, anteayer-. La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo".
Los planes sociales son estrictamente dos: Hacemos Futuro, que está destinado a que las personas beneficiadas terminen sus estudios o se capaciten en oficios (tienen que rendir cuenta de ello ante las autoridades) y los denominados Proyectos de Participación Comunitaria (PPC), también conocidos como salario social complementario.
En este último gravitan las organizaciones sociales. Nació en diciembre de 2016, se prorrogó hasta el próximo 31 de diciembre y los dirigentes sociales esperan que el gobierno de Fernández lo mantenga. Fue impulsado por una novedosa alianza entre la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una organización integrada por el Movimiento Evita (Emilio Pérsico) y el Movimiento Popular La Dignidad (MP), entre otros, aunque la figura sobresaliente es Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y representantes sindicales.
"Hoy los movimientos sociales hacen mucho para contener la paz social, pero es insuficiente para crear trabajo productivo en las comunidades pobres. Deberían estar trabajando [esos grupos sociales], al menos con un salario mínimo, y en proyectos que no sólo tengan que ver con los movimientos sociales, sino también con la Iglesia y las ONGS, por ejemplo", explica Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Patricia Bullrich contra Carolina Stanley
El PPC contempla una asistencia por persona de $8500 (era de $7500 en agosto y de $8000 en septiembre pasados). Hay poco menos de 130.000 beneficiarios en el conurbano.
En los primeros ocho meses del año los fondos destinados a proyectos en los que participan organizaciones sociales representaron $ 6.223 millones. El crecimiento de las partidas trasluce la apuesta oficial del último tiempo.
En la comparación de agosto pasado contra el mismo mes del año anterior, los fondos destinados a sostener estudiantes crecieron 34%, pero aquéllos en los que tallan los movimientos sociales en el conurbano treparon 84%.
El crecimiento de transferencias que se triangulan con los movimientos sociales alimentó disputas en la administración saliente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteó sus críticas abiertamente en el Gabinete contra el manejo de Stanley. La titular de Desarrollo Social se defendió: "Para diciembre se trabaja todo el año y fue lo que hice; para que pudiéramos llegar con diálogo y en paz. Saber el miedo que genera diciembre para los argentinos me daba responsabilidad", dijo en una entrevista radial días antes de dejar el cargo.
La generosidad oficial con la asistencia a través de planes generó una rareza en la contabilidad pública. En un contexto en que la mayor parte de las partidas cayeron por la política de ajuste desplegada por Macri, los beneficiarios de planes en el conurbano tuvieron un aumento promedio cercano al 54% (agosto contra el mismo mes del año anterior), por encima de la inflación.
El comportamiento presupuestario a lo largo del año muestra dos momentos diferentes para los planes en los que tallan las organizaciones. En la primera parte hubo meses en los que se registró una caída nominal de las transferencias y otros en los que se anotó un leve incremento. En junio, sin embargo, hubo un salto importante superior al 21%, que se complementó con ajustes menores en julio y agosto.
Polémica por los fondos
Para Salvia, varias de las medidas implementadas en este gobierno buscaron romper con el clientelismo, pero se terminó afianzando el salario social complementario. "Se usa para fortalecer las redes de trabajo. En buena medida tienen un uso clientelar porque se trabajan en torno a las organizaciones sociales. Es clientelar más por falta de control del Estado que por los beneficiarios", dijo.
La ayuda social canalizada a través del PPC no es ajena a las polémicas. Cuatro beneficiarios del programa sin contacto entre sí consultados por LA NACION, que pidieron mantener su nombre en reserva, reconocieron la existencia de prácticas denominadas clientelares. Entre ellas, la entrega de parte del dinero del plan a la organización, la obligación de asistir a manifestaciones públicas convocadas por sus dirigentes y la realización de trabajos fuera de lo previsto por el proyecto.
Uno de ellos relató, por caso, que debía cobrarle $200 a cada compañero, convocar a marchas y tomar lista. Otra de las personas consultadas aclaró que su organización tiene como premisa que si alguien no puede ir a una manifestación, mande a un familiar o a un amigo, para cumplir con el número de asistentes.
"Como están los programas sociales, es para el clientelismo", admitió a LA NACION el fundador de la CCC, Juan Alderete. El dirigente resaltó la importancia del PPC, pero advirtió que no se cumplió con lo que se esperaba que hiciera. Según explicó, se trata de un salario social complementario que justamente "complementa" algún otro trabajo que tenga el beneficiario. Además, acusó al Estado de no desempeñarse correctamente. "Tenía el rol de intervenir para proyectar cada emprendimiento, pero no lo hizo", se quejó.
Municipios: a dónde va el dinero
La distribución geográfica de los planes sociales que se triangulan a través de organizaciones trasluce una parte del diagnóstico que hizo la administración de Macri. La lista de los 10 municipios que recibieron mayores incrementos en sus partidas (agosto 2018 vs. agosto 2019) está integrada sólo por distritos conducidos por el kirchnerismo, como Ensenada (Mario Secco), Avellaneda (Jorge Ferraresi), Merlo (Gustavo Menéndez), José C. Paz (Mario Ishii) y Cañuelas (Gustavo Arrieta).
Desde otra mirada, si se toman en cuenta los fondos totales recibidos La Matanza, que estaba a cargo de Verónica Magario, ahora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente de Todos, recibe la mayor cantidad de recursos, con casi el 15% del total. La siguen La Plata (Julio Garro, Cambiemos), Florencio Varela (Julio Pereyra, kirchnerismo), Quilmes (Martiniano Molina, Cambiemos), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde, kirchnerismo) y Almirante Brown (Mariano Cascallares, kirchnerismo).
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