¿Cuánto cuesta? Un escudo legal protege los secretos de la vacuna rusa en la Argentina
LA NACIONCamila Dolabjian
El hecho de que no circule mucha información sobre la compra efectuada al Fondo Ruso de Inversión Directa por las vacunas Sputnik V tiene un blindaje legal.
El 6 de noviembre del año pasado se publicaba en el Boletín Oficial la ley 27573 que facultó al Gobierno a "incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas destinadas a generar la inmunidad adquirida contra la Covid-19". Sin embargo, obliga al Ejecutivo a enviar una copia a las comisiones de Salud del Congreso Nacional.
Debido a esta ley, que apela a las excepciones para el acceso a la información pública, hoy no hay muchos datos sobre las condiciones de contratación entre Rusia y la Argentina.
En realidad, el Gobierno, según especialistas, podría estar abusando del artículo de la ley. "Precios confidenciales existen, ese no es el tema. El tema son los procesos de compra, eso debería ser público y transparente", explicó a LA NACION Adolfo Rubinstein, exministro de Salud.
Precios confidenciales existen, ese no es el tema. El tema son los procesos de compra, eso debería ser público y transparente
¿Por qué los precios son confidenciales? Según un diputado de la Nación, integrante de la Comisión de Acción Social y Salud, que pidió reserva de su nombre, es una condición que Rusia incluyó en el contrato.
En un fragmento al que tuvo acceso LA NACION, se detalla: "Cualquier información relacionada con el contenido de las negociaciones o correspondencia orales y escritas, cualesquiera otros documentos, declaraciones relacionadas con este Convenio y la información recibidos por cualquier Parte en relación con este Convenio se considerará confidencial y ninguna de las Partes lo revelará a terceros sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte".
El miembro de la Cámara observó que no se han enviado los documentos pertinentes a las comisiones, como dicta la ley. Sin embargo, el ministro de Salud, Ginés González García había realizado una invitación a tres diputados opositores, entre los cuales estaba Carmen Polledo, vicepresidente de la Comisión de Acción Social y Salud, para reunirse y ver los detalles de la transacción. La mesa chica de Juntos por el Cambio rechazó la oferta y pedirá al ministro que se acerque al Congreso a dar explicaciones, comentaron a LA NACION.
Distintos funcionarios mencionaron diferentes cantidades de vacunas adquiridas. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, declaró que la Argentina habría comprado 30 millones de dosis, es decir, 15 millones de inoculaciones. Sin embargo, según los documentos enviados al Congreso Nacional, la compra realizada comprometió 20 millones de dosis, es decir, inoculación para 10 millones de personas.
Se sabe cuanto planeó destinar el Gobierno a la compra de vacunas contra el coronavirus en 2021: el presupuesto, aprobado por el Congreso, otorgó $13.697.573.617 (13 mil millones de pesos) a la Secretaría de Acceso a la Salud para la compra de vacunas. Por ende, también se conoce quiénes son los encargados de pagar la factura. Con este presupuesto (usando el precio de base de 10 dólares) podríamos comprar 16 millones de dosis Sputnik más en este año, es decir, 8 millones de tratamientos.
Se sabe a cuantas personas proyectan vacunar este año: parecería estar lejos de la inmunidad de rebaño, que implica la inoculación de entre el 60 y el 80% de la población. En realidad, en la planificación 2021, se marcó como meta de este año la vacunación de 11.214.921 (poco más de 11 millones) de personas.
Esta estimación no coincide con las cinco poblaciones de riesgo que el Ministerio de Salud prometió vacunar en los primeros meses del año. Estos son 16 millones: casi 400.000 integrantes del personal de salud, más de 7 millones de adultos mayores a los 60 años, alrededor de 77.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 300.000 de seguridad, otros 7 millones de adultos con factores de riesgo y, por último, 1 millón de docentes y personal de la educación. La cifra total asciende a 16.073.238 de personas.
Más allá del contrato en sí, la ley de vacunas, aprobada el año pasado, renunció a "oponer la defensa de inmunidad soberana". Según diversas fuentes, esta era una cláusula que Rusia demandaba a la Argentina. Significa que la Argentina renuncia al principio por el cual un estado no puede ser enjuiciado por tribunales extranjeros.
En la práctica, implica que Rusia podría demandar a Argentina en otro país por incumplir los términos del contrato.
Por último, se sabe que, en el contrato, Argentina se hizo cargo de la importación y el transporte mientras que Rusia debería cumplir con el suministro de los tratamientos antes del 28 de febrero del 2021.
En cambio, no se conoce si el Estado ya ha pagado las vacunas y tampoco a qué precio. El costo del contrato es el componente más reservado del arreglo, ya que si se conociera cuanto pagó la Argentina, Rusia estaría limitado en sus negociaciones con otros países. "¿Por qué debo pagar más?", podrían cuestionar otras naciones. O bien, el gobierno argentino podría quejarse de tener que pagar más que otros.
Según la OMS y Unicef, la vacuna Sputnik reportó tener un precio base de 10 dólares (a tipo de cambio oficial, alrededor de 850 pesos). Sin embargo, se encuentra sujeta a acuerdos de cantidad y a arreglos geopolíticos. Con respecto a cuánto paga la Argentina, fuentes oficiales comentaron que el precio unitario de cada dosis se encuentra en alrededor de 17 dólares, es decir, casi 1.500 pesos.
Si la Argentina compró entre estos precios, representaría un desembolso aproximado de entre 200 y 340 millones de dólares para 20 millones de vacunas. A tipo de cambio oficial: entre 17 y 28,9 mil millones de pesos. En el primer caso, el costo podría ser comparado con la mitad del presupuesto del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por Camila Dolabjian
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