Continúa el plan para pasar 25.000 empleados más a planta permanente, pero Batakis bajó línea para que los ministerios dejen de contratar

Cuando Silvina Batakis, en su primera conferencia de prensa junto al gabinete económico, anunció que congelaría el ingreso de nuevos empleados al Estado, se encendieron las alarmas de los gremios. En particular, las de la Unión de Personal Civil Nacional (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). También de las distintas oficinas públicas, que estaban anticipando la incorporación de, en total, 29.000 personas a la planta permanente. Hasta el momento, pasaron a esa modalidad cerca de 4500 desde que arrancó la gestión de Alberto Fernández. Restarían 24.500.

Ese plan podría caer en una especie de limbo público. Si bien continúa vigente, fuentes cercanas a la ministra confirmaron a LA NACION pusieron en duda que siga en pie.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial la apertura de concursos para incorporar 316 empleados a planta permanente provenientes de la transitoria. No es el único caso. Desde que asumió Silvina Batakis, se iniciaron procesos por un total de 1366 cargos.

De acuerdo con fuentes oficiales, todavía no se sabe si el Plan de Regularización de Empleo Público -que contemplaba los concursos para sumar a esta cantidad antes del fin de mandato de Alberto Fernández-, sigue en pie. Por ahora, persisten las resoluciones en el Boletín Oficial con aperturas de concursos. La continuidad no estaría garantizada.

Es un tema sensible entre los gremios de empleados estatales y el Gobierno. Alberto Fernández prometió a los dirigentes sindicales que encaminaría el plan para regularizar a quienes están en planta transitoria, pero hasta ahora cumplió con cerca de un 15% del número pautado (4500 de los 29000). De acuerdo con fuentes de las organizaciones, todavía no hubo un pedido de reunión al Ministerio de Economía ni a la Secretaría de Gestión y Empleo Público, de la que dependen los concursos.

Sin embargo, no es el foco de preocupación del Ministerio de Economía. Esto es debido a que la estabilidad que le otorga a los empleados que pasan a la planta permanente no está acompañada de un mayor gasto para el fisco. A priori, las escalas salariales se mantienen, aunque los contratados pueden acceder a más adicionales. El principal problema lo tendrá la próxima gestión de gobierno, si su intención es reducir el tamaño del empleo público nacional, ya que será más difícil despedir a esos trabajadores.

La cuestión de mayor relevancia tiene que ver con no engrosar el nivel de gasto en salarios. Las erogaciones en personal crecieron un 72% entre abril del año pasado y de este, 14 puntos porcentuales por encima de la inflación en el mismo período (58%).

Además, el último staff report del Fondo Monetario Internacional le pide al Gobierno congelar la masa salarial con relación al PBI, cuyo crecimiento por sobre el efecto arrastre de 2021 no está garantizado.

Es por ello que desde el Ministerio de Economía comunicaron a las distintas áreas que frenen la contratación de nuevo personal. Así lo confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda a LA NACION. Además de la “bajada de línea”, el equipo económico de Batakis trabaja en una norma para oficializar esta decisión. Podría haber algunas excepciones, como en el caso de científicos que se requieran en algunas oficinas específicas.

La Secretaría de Gestión y Empleo Público aguarda los lineamientos para ver si continuarán con la apertura de concursos. Batakis reunirá mañana con el gabinete económico junto a los ministros de Turismo, Matías Lammens, de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, de Agricultura, Julián Domínguez, y los titulares del Banco Central, Miguel Pesce y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Sin embargo, en conferencia de prensa, Gabriela Cerruti dejó entreabierta la posibilidad de que los anuncios se realicen el fin de semana o la que viene.

En el Estado se estilan dos modalidades de contratación que son foco de conflicto con los gremios, porque son consideradas informales. Por un lado, los contratos de prestación de servicios, con los que las personas facturan a la oficina en la que trabajan sin estar ingresados como empleados formales. Por otro lado, los convenios con universidades a través de los cuales el Gobierno transfiere un monto de fondos a las casas de estudio y estas, a su vez, les pagan a los trabajadores. Aún no hay confirmación de si la medida de Batakis incluirá este tipo de contrataciones.

Fuentes de los gremios estatales aseguraron, además, que pedirán la revisión convenida en el acuerdo salarial para septiembre. En el documento original, se pautaron aumentos del 60%. Los sindicatos buscarán -de mínima- igualar la inflación de este año, que ya se estima cerca de 90%.

Cómo es el plan de pase a planta permanente

Tal como reveló LA NACION a fines de mayo, hace poco más de un año, a través de una decisión administrativa, el Gobierno puso en marcha un programa llamado “Regularización de Empleo Público”. El plan, a cargo de la secretaría que lleva el mismo nombre, debajo del paraguas del Presidente, consiste en el pase a planta permanente de decenas de miles de trabajadores del sector público que hasta ahora estaban contratados con una modalidad transitoria.

El programa, que fue consensuado y prometido a los gremios de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -que reclaman este tipo de medidas hace tiempo- contempla a personas con cinco o más años de antigüedad. En total, se prevé la incorporación de 29.000 personas a la planta permanente.

Las nuevas incorporaciones la aumentarían en casi 23%. En total, la administración pública nacional, que representa al Poder Ejecutivo Nacional, emplea a 481.412 personas. De manera que las personas que pasarán a planta permanente representan un 6% de ese número.

La decisión oficial (449/2021) contiene un anexo de 67 páginas con el detalle de cuántas personas se buscan incorporar a cada área. Los que mayor cantidad de empleados efectivos sumarán son, en orden: el Ministerio de Trabajo (829), el Ministerio de Desarrollo Social (727), la Dirección Nacional de Migraciones (689), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (631) y el Renaper (484).

El plan se pensó en etapas, a partir de un relevamiento realizado en 2020. Durante el transcurso de 2021, se abrieron 10.500 vacantes en 80 organismos y jurisdicciones, de acuerdo con un informe interno de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani, elaborado en diciembre del año pasado. También se activaron 1101 cargos pendientes desde 2019 en 10 organismos. De estos, 1457 ya finalizaron sus concursos, 819 fueron evaluados y 2212 estaban en proceso.

Cómo evolucionó el empleo

En la primera parte del año, se evidenció un crecimiento de la incorporación de personal a la planta permanente con concursos en decenas de dependencias estatales. Además, en la gestión de Alberto Fernández (entre 2019 y el primer trimestre de este año), creció la cantidad de personas en relación de dependencia en múltiples áreas, de acuerdo con la Base Integrada de Empleo Público y Salarios, procesados por la Fundación País Abierto y Digital.

Algunos ejemplos. El Ministerio de Cultura amplió sus empleados en un 24%. El Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que fue elevado desde la categoría de secretaría, creció 185%. Desde el inicio de la gestión, el de Turismo y Deportes, a cargo de Matías Lammens, se expandió 64%. Porque algunos se achicaron, el promedio en la administración central llega a casi 3%, unos 5300 empleados.

Algo similar ocurrió en las empresas estatales. Trenes Argentinos sumó, desde fines de 2019 hasta la fecha, cerca de un 12% más de empleados. El Correo Oficial, casi un 16%, y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, un 18,5%.

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