Congelamiento de precios: qué resultados y consecuencias puede tener la última apuesta del Gobierno contra la inflación

A pesar de los más de 20 programas de control de precios vigentes, múltiples acuerdos con diversos sectores de la economía y el atraso del tipo de cambio, la inflación continúa al alza por fuera de los parámetros que el Gobierno barajaba para esta altura del año electoral. Hace tiempo admitió que se estiraría más de 16 puntos porcentuales por encima de lo estimado para 2021, pero el resultado de 3,5% del Índice de Precios al Consumidor en septiembre alarmó al Gobierno, que esperaba un valor por debajo de 3%.

El Gobierno quiere congelar precios de 1245 productos (alimentos y bebidas, higiene y limpieza) hasta el 7 de enero del 2022 con controles, fiscalizaciones y multas, algo que todavía está en discusión. Los economistas se debaten si la medida tendrá algún efecto en los niveles de aumento de precios. Lo que comparten es una preocupación sobre “el día 91″, “la vuelta a la normalidad” o, como algunos la llaman, “la etapa de corregimiento”.

Según lo difundido por el Indec la semana pasada, la inflación anual ya acumula 37%, acelerada por los precios de alimentos, que llegó a 3,3% en el Gran Buenos Aires y 2,9% en todo el país en septiembre. Los economistas estiman que el IPC superará el 50% este año.

“La medida no va a ser efectiva para frenar la inflación este año. Los controles y acuerdos de precios pueden complementar políticas más integrales de freno al aumento, pero no pueden hacerlo solos. Puede generar una desaceleración durante algunos meses, con una posterior suba cuando se termine, se corrija o se vuelva a pactar”, explicó Joaquín Waldman, analista de Ecolatina.

Los especialistas resaltan una preocupación a mediano plazo: consideran que la medida tiene “mecha corta” y que genera desequilibrios en el mercado que, tarde o temprano, deberán normalizarse. Esperan que cuando el acuerdo se termine, se gesten subas compensatorias para poder amortizar lo que no se aumentó durante 90 días.

“El conjunto de productos que entren en esta canasta no subirán de acá a enero, pero, en ese mes, pegarán un salto para recuperar el terreno cedido en tres meses, con un saque inicial en 2022”, agregó Waldman. El economista espera una aceleración de la inflación en productos de consumo masivo en enero.

Un segundo problema destacado por los economistas tiene que ver con los efectos secundarios que provoquen estas decisiones en la cadena productiva. Por un lado, se han visto en múltiples oportunidades las góndolas vacías de productos de la canasta de Precios Cuidados. Se debe tanto a un aumento de la demanda de productos de menor precio como también a la canalización de la oferta hacia categorías que no están congeladas.

“No sirven y si lo hacen es exclusivamente de muy corto plazo. Generan desabastecimiento. Obligan a las empresas a buscar la forma de esquivar el control cambiando el peso o la medida de lo que venden”, comentó a LA NACION Andrés Borenstein, economista de Econviews.

Según los especialistas, el mantenimiento de un congelamiento prolongado provoca un comportamiento autopreservador de las empresas de redirigir la cadena productiva a bienes no incluidos en los listados. Si se mantiene por mucho tiempo, genera un incentivo a lanzar nuevas presentaciones, cambios en las fórmulas, ingredientes, contenido o tamaño.

“Aparecen productos alternativos, cambiando el packaging, el gramaje, la presentación o algún ingrediente que las empresas sacan para evadir la regulación. Si esta regulado el de 100 gramos, sacan uno de 105 gramos y aumentan el precio por esa vía”, dijo Waldman.

Muchos especialistas resaltan que genera más perjuicios que beneficios debido a que la medida no se corresponde con la realidad competitiva de la industria. Mencionaron que no se justifica la intervención debido a que los mercados no presentan en sí ninguna falla, al haber competencia en producción y distribución.

“En algunos contextos tienen sentido estos acuerdos, pero requieren de mucho peso político para sostenerlos. Hay variables macroeconómicas que atender de manera urgente, parte del acuerdo tiene que ser un ordenamiento. Si no el productor pregunta: ¿En base a qué programa congelo precios? ¿Con qué horizonte de tipo de cambio? ¿Con qué objetivos de emisión, déficit?”, dijo el economista Agustín D’Attellis.

Según su visión, la pretensión del Gobierno será estirar la duración de la medida, pero va a durar menos que 90 días debido a la falta de previsión y a la gran cantidad de productos incluidos.

“Es una medida de corte electoral como respuesta a la aceleración de la inflación durante septiembre. El Gobierno quiere mostrar capacidad de reacción y que se ocupa del tema. El problema del aumento de precios no es sectorial, es de toda la economía. Hay desequilibrios estructurales que se reflejan tanto en la inflación como en la brecha cambiaria. Hasta que no haya un acuerdo con el FMI que garantice un sendero sostenible económica y socialmente de estabilización de la macroeconomía no vamos a ver mejoras sustanciales”, explicó Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica.

Las dudas sobre la efectividad de la medida y preocupaciones sobre el impacto que tendrá hacia el año próximo estuvieron presentes los pasillos del coloquio 57º de IDEA, que reunió a los principales empresarios del país. El carácter electoral de la decisión, el desabastecimiento que generaría y la incompatibilidad del congelamiento con altos niveles de emisión monetaria fueron los principales comentarios en el evento.

Alimentos y bebidas ocupó el 9º lugar entre los 12 conceptos evaluados por el Indec para determinar la suba de precios. Los principales aumentos del último mes, que estuvieron por encima del nivel general, no se dieron, en su mayoría, en el segmento de productos de consumo masivo en supermercados y autoservicios, sino en Prendas de vestir y calzado (6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%), Salud (4,3%), Restaurantes y hotel (4,1%) y Recreación y cultura (3,8%).

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