Con una polémica norma, el Gobierno suma una nueva caja de un billón de pesos
Afectará a las grandes compañías importadoras y dejará una herencia a la próxima gestión desde diciembre
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LA NACIONFrancisco Jueguen
En medio de las necesidades electorales, el Gobierno encontró una nueva caja: la importación -una cobertura contra una esperada devaluación de muchos, pero a la vez un insumo imprescindible de la producción nacional- será la fuente de pesos frescos. Una nueva medida de la AFIP contra las empresas sumará casi medio mes de recaudación impositiva, o sea, cerca de un billón de pesos extra a los estimados, en momentos en que los ingresos se desaceleran por la crisis.
Para las grandes empresas -se excluye puntualmente a las pymes-, será un nuevo costo financiero. En un contexto de elevadísima inflación, en el sector ya lo definieron como “un nuevo impuesto encubierto”, similar al del anticipo de Ganancias extraordinario resuelto el año pasado por el Ministerio de Economía que dirige Sergio Massa.
Ese costo, advirtieron algunos, se podría trasladar a los precios. La decisión de AFIP suma además una nueva piedra a la herencia que Alberto Fernández dejará al próximo gobierno que asuma en diciembre, que perdería recaudación.
La novedad se publicó hoy en el Boletín Oficial como Resolución General 5339 o bajo la denominación de “Suspensión momentánea del certificado de exclusión en IVA y Ganancias”. Básicamente, implica que el régimen de percepción que permitía, a través de un certificado de exclusión, que grandes empresas importadoras quedaran exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias fuera suspendido hasta el 31 de diciembre.
Traducción: cuando se importa se deben pagar derechos aduaneros, pero también percepciones impositivas (Ganancias, IVA y, a veces, Ingresos Brutos, impuestos por las provincias). Con determinadas condiciones, hasta hoy, las empresas podían pedir un certificado de exclusión de percepciones. Esto sucedía si, por ejemplo, tenían saldos a favor en la AFIP. La actual resolución suspende esos certificados hasta fin de año, por lo que las empresas deberán pagar a pesar de que la agencia les deba plata (ese dinero es financiamiento a tasas negativas para el Tesoro). Tales percepciones que se pagarán ahora, en tanto, son recursos con los que no contará la futura administración. Esta situación no sólo suma recaudación al fisco. A la vez, puede servir para restringir aún más las importaciones. A las empresas les restará financiamiento de capital.
“La suspensión es momentánea y alcanza solo a las grandes empresas importadoras; en ningún sentido afecta a las MiPymes”, afirmaron en la AFIP. “La medida no afecta a las importaciones para consumo efectuadas por Micro y Pequeñas empresas que tengan un certificado ‘MiPyME’ vigente al momento de la importación, a las importaciones para consumo que se realicen por cuenta y orden del Estado Nacional (por ejemplo, Enarsa, Cammesa) y a las Importaciones para consumo eximidas de impuestos nacionales por la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2023″. Algunas fuentes en off the record indicaron que el Gobierno viene dando de baja empresas del registro pyme con asiduidad.
Según la AFIP, la suspensión del régimen para las grandes empresas implicará un aumento aproximado de la recaudación tributaria en términos aduaneros del 20% en IVA y de un 6% en Ganancias. En términos de ingresos, se estima una cifra cercana a los $979.000 millones, precisaron en la oficina que dirige Carlos Castagneto. Un mes promedio de recaudación en la Argentina llega a los 2,1 billones (ese fue, por caso, el dato de marzo pasado).
“El régimen de percepción en momentáneamente suspendido para las grandes empresas es un régimen aplicable a operaciones de importación definitiva de bienes, incluidas las realizadas al área franca desde terceros países y desde el área franca al territorio aduanero general, o especial, salvo que se encuentren exceptuadas”, agregaron.
La opinión de los expertos
“Todo lo que sea adelantar impuestos en épocas de muy alta inflación es sustraer recursos del sector privado que recién van a poder aplicar contra el pago de impuestos dentro de varios meses a un valor mucho menor. Es como aplicarles un impuesto sin ley, valiéndose de la inflación”, explicó Diego Fraga, Abogado tributarista y socio de Expansion Business.
“Además de suspenderte los certificados de exclusión, para el IVA establece que las percepciones que se sufran hasta el 31 de diciembre recién se van a poder computar desde el noveno período fiscal [mes] posterior al despacho de importación. Te posterga el cómputo de esas percepciones. En Ganancias, si te percibieron por estar suspendido el certificado de exclusión, recién te podés computar esas percepciones en el período fiscal siguiente”, agregó.
“Esto busca anticipar recaudación antes que se produzca el hecho imponible, financiarse contra un crédito a favor de contribuyente que se va evaporando [por inflación] y también, para el nuevo gobierno, es una posible baja en la recaudación porque estas percepciones se van a computar en el futuro”, dijo el tributarista César Litvin.
Para los expertos, además, estas medidas promoverán la informalidad y se trasladarán a precios. “Esto significa que todas las importaciones [salvo las dos primeras categorías pyme] van a tener que adelantar IVA Adicional y Ganancias, cuando antes podían beneficiarse de una exclusión en ambos cargos”, explicó una fuente del sector, que se quejó de la alta carga impositiva. Hoy se pagan tributo aduanero (hasta 35%), tasa estadística (3%), ajustes de valor (varía).
Todo eso se calcula sobre el costo, seguro y flete de la mercadería. Luego se suman todos los conceptos y se obtiene la base de cálculo de los créditos fiscales. Sobre eso se paga 21% de IVA; 20% de IVA adicional (el que hasta hoy podía estar excluido); 6% de anticipo de Ganancias (hasta hoy podía estar excluido) y 3% de anticipo de Ingresos Brutos.
“Y todavía no sacaste la mercadería del puerto”, ironizó la fuente. “La nueva resolución aumenta el costo financiero de la importación en aproximadamente un 16%. Se va a trasladar a precio, es lógico”, alertó el empresario, que cuestionó además que desfinancia en capital de trabajo (pagar sueldos, invertir, comprar, ampliar) a las compañías.
“Pasado esto, todavía te falta pagar los gastos portuarios, de los más altos de América Latina, y los gastos a las líneas marítimas. Ahí se presenta el ‘libre deuda’ y recién podés retirar el contenedor”, cerró.
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