Con más importaciones y sin mini RIGI a la vista, las pymes dicen que podrían tener un “ciclo de desinversión y crisis”

En medio del debate y los reclamos por la baja de impuestos y frente al escenario económico trazado por las últimas medidas del Gobierno que tiene impacto en las importaciones, el sector de las pymes enciende las alarmas sobre la delicada situación de la actividad, la amenaza que representa la competencia extranjera y los costos impositivos y energéticos que afectan a la pequeña y mediana industria. Los empresarios destacan la necesidad de medidas básicas que permitan recuperar la competitividad y eviten que 2025 sea un año de desinversión.

“Las pymes no soportarán más de medio año sin comenzar a cerrar los portones si se continúa con los beneficios para las importaciones de productos terminados que vienen desde distintos lugares del mundo, mientras que en la Argentina afrontamos costos impositivos y energéticos que eliminan cualquier tipo de competitividad”, afirmó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), al hacer hincapié en la necesidad impostergable de medidas económicas que prioricen la recuperación de la actividad industrial.

Rosato, en diálogo con LA NACION expresó que “las pymes manufactureras vienen registrando una caída ininterrumpida en la mayoría de los sectores, que se ven afectados negativamente por una serie de factores coyunturales, ajenos a los productores”. Y añadió: “Esta situación se agrava hoy, con la apertura de las importaciones y los beneficios que el Gobierno les concedió con la baja de aranceles. Eso está generando serias dificultades en la industria, que ya comenzó a registrar suspensiones de trabajadores en el sector automotor y en el del acero”.

Entre los principales factores que afectan la competitividad del sector, Rosato destaca los altos costos energéticos y laborales, que superan los valores internacionales; la inflación en dólares, que encarece los productos nacionales frente a los importados, y la elevada carga tributaria, que reduce los márgenes de rentabilidad de las pymes.

Según indicó, la apertura económica afecta especialmente a sectores como el textil, el del calzado, el de muebles, bienes de capital y productos químicos, que enfrentan serias dificultades para sostener su actividad frente a las mercaderías importadas.

En ese sentido, el Presidente de IPA le pidió al ministro Luis Caputo que reciba a la comisión directiva o a una delegación de entidades del sector manufacturero nacional “para contemplar un plan conjunto que permita previsión a las fábricas nacionales”. “Necesitamos que Caputo nos reciba para acercarle nuestras propuestas, manifestarle nuestras preocupaciones e intercambiar realidades”, dijo. Y aclaró: “Mantenemos diálogo con algunos funcionarios y lo valoramos, aunque hay veces que preocupa el malestar que genera tener puntos de vista diferentes. En IPA queremos que al presidente Javier Milei le vaya bien y apostamos todos los días por el país”.

Y remató: “De no revertirse las condiciones actuales, estamos en riesgo de pasar del estancamiento a un ciclo de desinversión y crisis. Nos inquieta el silencio del Gobierno frente a los planteos del sector, pero seguiremos insistiendo para que se ponga en marcha lo acordado a partir de la prometida ley para pymes”.

La preocupación frente a este nuevo escenario de apertura de importaciones también fue expuesta por la Confederación Argentina de la mediana Empresa (CAME), desde donde se expresó cierto temor por la falta de condiciones para que las pymes locales puedan ser competitivas.

Al respecto, su vocero, Eduardo Femenía, identificó tres factores sobre los que hay que trabajar para que la producción argentina sea más competitiva versus los productos del exterior: uno es el tema tributario en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), otro es el de regulaciones “que generan costos” y el tercero, el déficit de infraestructura, que “realmente complica mucho los costos de logística”.

Sobre la incidencia de los tributos provinciales y municipales que hoy despierta el debate público, agregó: “Hay tasas que no siempre son retributivas de servicios, son directamente impuestos que afectan en la rentabilidad bruta. Y ni hablar del peor impuesto que tenemos, que es Ingresos Brutos”.

La promesa de un plan a medida

Mientras tanto, la promesa del “mini RIGI”, anunciado por el Gobierno en noviembre pasado, en el marco de la 30° Cumbre de la Unión Industrial Argentina (UIA), parece haber quedado en el camino. El oficialismo prometió que enviaría la iniciativa al Congreso a los pocos días de su anuncio; sin embargo, hasta el momento el proyecto no fue remitido, y desde la Secretaría de Comercio optaron por no expresarse al respecto ante la consulta de este medio.

En el sector privado interesado en el plan tampoco conocen la suerte de aquella iniciativa. Fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) afirmaron que enviaron todas sus observaciones y propuestas a los equipos técnicos del ministerio, pero que hasta hoy no recibieron noticias sobre el tema.

“El proyecto de ley para pymes o ‘mini RIGI’, como después se llamó, parece haber quedado fuera de agenda, pues tras el anuncio no volvimos a tener novedades. Nosotros incluso enviamos un proyecto de ley muy equilibrado, tanto al Gobierno como al Congreso; lo recibieron, pero tampoco avanzó”, expresó Rosato.

Ya en oportunidad de conocerse el anuncio sobre el “mini RIGI”, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, había hecho hincapié en la necesidad de un escenario donde “el costo argentino no haga inviable la competencia frente a países que no exportan impuestos, que cuentan con infraestructura que permite reducir costos, con regímenes laborales modernos adecuados a las nuevas realidades productivas y con medidas de protección ágiles frente a la competencia desleal”.

El llamado “mini RIGI”, según lo anunciado por Juan Pazo, entonces secretario de Coordinación de Producción, del Ministerio de Economía, apuntaba a ser complementario del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y estaba pensado especialmente para el sector pmye. Incluía beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros puntos favorables para inversiones que superaran el umbral de los US$150.000 en el caso de las empresas micro; los US$600.000 dólares en las pequeñas; los US$3,5 millones en las empresas del tramo 1; los US$9 millones en las empresas del tramo 2, y los US$30 millones en el resto.

En lo relativo al régimen laboral, la iniciativa contemplaba la actualización de la ley de Contrato de Trabajo según lo previsto en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario; la reducción de contribuciones patronales condicionados a que crezca el número de empleados de una empresa, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.

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