Con la aplicación de la ley Sarbanes-Oxley a las firmas que cotizan en los mercados norteamericanos los ecos de Enron llegan a la Argentina

Los escándalos corporativos que azotaron a los Estados Unidos a fines de 2001 y 2002, que parecían lejanos para las empresas argentinas, afectaron la forma de hacer negocios de un grupo de compañías locales.

A partir de este año, deberán cumplir el texto de la ley Sarbanes-Oxley, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos para aumentar el control sobre los estados contables de las empresas que cotizan en bolsa. Un cálculo realizado por auditores estima que los gastos para las compañías argentinas serán de al menos 100 millones de pesos.

Según un estudio de la consultora Deloitte, las empresas que facturan menos de 500 millones de dólares, gastaron entre 400 mil y 800 mil dólares para adecuarse a la ley, mientras que las que facturan más, invirtieron al menos 2 millones de dólares.

"Las empresas tienen que revisar el diseño de todos los controles internos, probar cómo funcionan y saber si están operando bien", explicó Martín Barbafina, socio de la división de Global Capital Markets de PriceWaterhouseCoopers Argentina.

"Los recursos de varias empresas argentinas no están preparados para cumplir con estos requisitos, que son para megacorporaciones", dijo Victoria Quade, jefa de regulaciones corporativas en Transportadora de Gas del Sur.

Las compañías que no cumplan al pie de la letra con la nueva norma "podrían enfrentar serios problemas para continuar siendo listadas en los mercados americanos", explicó Claudio Giaimo, socio de Deloitte.

Según datos de la Securities and Exchange Commission (SEC), que es la versión norteamericana de la Comisión Nacional de Valores, en 2004 había 15 empresas argentinas listadas en los mercados de Estados Unidos. Esto es sin contar otras dos, Tenaris y Quinsa (Quilmes), que están registradas en Luxemburgo pero tienen la mayoría de sus operaciones en la Argentina. LA NACION contactó a las 17 firmas, pero sólo cinco aceptaron comentar sobre sus preparativos.

Según Enrique Crespi, de la empresa de auditoría Ernst & Young, "adaptarse a la ley es un esfuerzo significativo que se subestima".

Los problemas que enfrentan las empresas argentinas para adaptarse a la ley son varios:

• Costos: aunque las cifras varían según el tamaño de cada compañía, no es de ninguna manera un proceso barato. El líder del proyecto de certificación Sarbanes-Oxley en Petrobras Energía Participaciones, Carlos de la Torre aseguró que insumirá más de 1,5 millones de dólares.

• Cambio de cultura: muchas empresas tienen que alcanzar un nivel de información en sus estados contables que antes no tenían. Según analistas locales, esta adaptación puede ser hasta más difícil y costosa para las empresas argentinas. "La manera de trabajo que tenemos en la Argentina no está alineada con lo que se espera ver de esta ley", opinó De la Torre.

• Más auditoría: aumentó la demanda para las empresas de auditoría. Los costos de auditoría de TGS, por ejemplo, han aumentado un 150% desde que empezaron trabajar con la ley, según apunta Victoria Quade.

• Faltan recursos humanos: varios analistas opinan que en la Argentina no hay suficiente personal calificado para hacer este trabajo, especialmente a partir del momento en que empezaron los procesos de certificación. "Hay ciertas especialidades donde el conocimiento técnico es muy específico y todo el mundo está requiriendo el mismo perfil de trabajo", dijo De la Torre.

Por esto es que aunque, en general, los costos de auditoría son más baratos en la Argentina, algunos no creen que la diferencia sea tan marcada. Según Horacio Crespo, director de Quinsa, "no pagamos costo argentino".

• El costo interno: el mayor gasto para la mayoría de las empresas es el costo del personal interno. "Aproximadamente 70% del costo es interno de la empresa, de gente y de tiempo para cumplir con todos los requisitos", dijo Giaimo, de Deloitte.

IRSA tuvo en varias ocasiones más de cien personas trabajando en los requisitos de la ley, según informó una fuente de la empresa. Y en el BBVA Banco Francés, por caso, el 30% de los recursos de la dirección de auditoría en 2005 fueron destinados a adaptarse a la ley.

Un proceso costoso

"Cualquier proceso de la compañía que esté reflejado en los estados contables tiene que participar en la preparación para Sarbanes-Oxley", dijo Patricia Vásquez, jefa de contabilidad en la gerencia de administración en MetroGas explicando por qué los costos del personal interno son tan altos.

Aunque algunas empresas prometieron salir del mercado americano cuando se promulgó la ley, esto no sucedió.

Si bien los costos de adaptarse a la nueva regulación norteamericana son elevados, en varias empresas admitieron que se trata de una tendencia mundial, ya que los costos de convertirse en una empresa pública han aumentado. "Todos los mercados de oferta pública han tomado la bandera de mayor control después de los escándalos financieros", aseguró Quade.

En el mercado aclaran que, pese a las dificultades, las empresas pueden beneficiarse después de hacer todos los preparativos para cumplir con la ley. "Al revisar todos sus procesos y controles, las empresas pueden ver dónde existen fallas y lograr mayor eficacia", dijo Barbafina, de PriceWaterhouseCoopers.

Esto también quiere decir que les puede dar más confianza a los dirigentes de la compañía de que todos los procesos están funcionando.

La preparación también puede ayudar a los inversores a tener más confianza en las empresas. Aunque ningún sistema puede ser "ciento por ciento invulnerable, va a ser una barrera importante para la prevención y detección de fraude", añadió Crespi, de Ernst & Young.

"La intención de la ley es correcta y puede tener un impacto positivo pero depende mucho de cómo se lo tome la empresa", dijo De la Torre, "la diferencia entre un control efectivo y un control burocrático es muy chica".

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