Gobernadores. En un contexto crítico, las provincias buscan renegociar deudas
Una frase conocida en la jerga financiera es: "Las deudas no se pagan, se refinancian". Con esa premisa es que la mayoría de los países, provincias y empresas emiten deuda, y con la expectativa de que el préstamo obtenido los ayudará a crecer y les permitirá refinanciar esas obligaciones a menor costo y a más largo plazo. El problema ocurre cuando la realidad no se condice con las proyecciones bajo las cuales se emitieron los títulos.
Esto ocurrió con las provincias argentinas, que, a partir de 2016, regresaron al mercado externo de capitales luego del arreglo del conflicto con los holdouts por parte de la Nación; incluso algunas accedieron a él por primera vez, como fue el caso de Jujuy y La Rioja.
"En ese entonces, la foto era muy mala, pero la película era muy alentadora. Se estimaba un crecimiento de 3,5% del PBI para los próximos años, un tipo de cambio estable y una reducción de la inflación. Finalmente, nada de eso ocurrió y no se pueden mantener las condiciones de una deuda que se emitió bajo ciertos supuestos que ya no existen", explicó un funcionario provincial, en off. "Los títulos se emitieron bajo el escenario de que iba a haber acceso al mercado para la refinanciación, que no es un supuesto muy raro, todos los países lo tienen", agregó.
La llegada de la pandemia, que impactó de lleno en los ingresos de los fiscos provinciales, actuó como un catalizador de los procesos de reestructuración, aunque los gobernadores están a la espera de ver cómo finaliza la negociación que comanda el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El caso más relevante es el de la provincia de Buenos Aires, que entró en default el pasado 14 de mayo luego de no haber pagado un vencimiento de US$115 millones. Sin embargo, las negociaciones para reestructurar los US$7148 millones emitidos bajo legislación extranjera continúan hasta fin de mes. El gobierno de Axel Kicillof sigue una estrategia de reestructuración idéntica a la de la Nación, luego de haber propuesto una primera oferta de canje similar a la del Gobierno y después haber extendido los plazos de vencimiento de ingreso al canje a la par que el gobierno nacional.
Una estrategia distinta llevó a cabo Córdoba, ya que si bien también tuvo vencimientos por US$115 millones en lo que va del año –US$40 millones fueron con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)–, hizo frente a todos sus compromisos "con mucho esfuerzo", como indicaron en el gobierno provincial, ya que debieron recortar gastos en otras áreas. Al mismo tiempo, iniciaron un proceso de planificación financiera y revisión de la sostenibilidad de la deuda para reestructurar tres bonos bajo legislación exterior por US$1685 millones.
Chubut es otra provincia que confirmó también que avanzará con la reestructuración de US$700 millones. Su situación es distinta a la de Buenos Aires y Córdoba, sin embargo, ya que los dos títulos emitidos bajo legislación extranjera tienen como garantía un fideicomiso compuesto por las regalías hidrocarburíferas. Eso evita que la provincia entre en default, ya que las regalías que ingresan van a las cuentas del banco de reserva para pagar a los acreedores. Esto genera, a su vez, que la decisión de reestructurar no pueda ser unilateral, sino que deba ser consensuada con los acreedores.
Al igual que Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego también emitieron deuda con garantía de un fideicomiso compuesto por regalías hidrocarburíferas. Esta última provincia, por su parte, anunció que avanzará con la reestructuración de su deuda por US$200 millones. Otros gobiernos provinciales, a su vez, emiten deuda con garantía del fondo de coparticipación de la Nación o de regalías de energía renovable, como fue el caso de Jujuy, cuando consiguió fondos de su bono verde por US$210 millones.
En el caso de Mendoza, la provincia está en medio de la negociación para reestructurar US$590 millones. El gobierno de Rodolfo Suárez ya presentó su segunda oferta mejorada y ahora el plazo de vencimiento para el ingreso al canje vence el 27 de este mes.
Finalmente, Río Negro es otra provincia que está en plena reestructuración de su deuda por US$300 millones. En su último comunicado, el gobierno de Arabela Carreras indicó que "la postura adoptada por la provincia se encuentra en línea con los criterios y la estrategia correspondiente a las tratativas que viene llevando a cabo la Nación con los tenedores de sus bonos".
Al fin y al cabo, esa es la postura de todas los gobiernos provinciales, que admiten haber coordinado sus negociaciones de deuda con la nueva Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública de las provincias, que creó Guzmán en abril pasado, y que coordina Rafael Brigo.
"Probablemente ninguna provincia cierre su negociación hasta que el canje de la deuda nacional tenga resolución, especialmente Buenos Aires, por el monto involucrado y el alineamiento político. Si la Nación resuelve favorablemente su reestructuración, debería darles mejores tasas y plazos a las subnacionales, aunque, claramente, no es lo mismo Mendoza que Salta", explicó Paulino Caballero, director de la consultora Aerarium.
La situación se hace más crítica a la hora de evaluar los ingresos de las provincias. Según un informe del Ieral, mientras en el primer trimestre del año los recursos tributarios propios de las provincias subían un 37% nominal, en términos reales cayeron un 9%. "En abril, la situación empeoró notablemente, ya con pleno confinamiento: los recursos propios subieron 7%, que se convierte en una caída del 27% si descontamos el efecto de la inflación", señaló el documento escrito por Marcelo Capello y Agustín Cugno.
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