Cómo se determinará el 10% de la población que dejará de recibir subsidios en el servicio de gas y electricidad

La Secretaría de Energía anunció el jueves pasado la convocatoria a audiencias públicas para aumentar las tarifas de luz y gas, pero no precisó cómo se hará la segmentación para determinar el 10% de la población “con mayor capacidad de pago de la sociedad”, que dejará de recibir subsidios. Se calcula que este universo abarca a 800.000 hogares del servicio de gas por red y a 1,3 millones de usuarios de electricidad, que tendrán incrementos de por lo menos 200%.

Para determinar el 10% de los usuarios residenciales que dejará de recibir el subsidio desde junio, el Ministerio de Economía avanzará con una diferenciación por georreferencia, que es más fácil y rápido de segmentar que si debe cruzar datos con una base de ingresos determinada por la AFIP o Anses. Según los últimos datos oficiales, los usuarios residenciales solo cubren con sus facturas el 30% del valor del gas y el 35% del costo de la generación eléctrica.

La segmentación de tarifas es la política que más expectativa genera en analistas y empresas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, apela a esta medida como una manera de hacer equilibrio entre la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de contener el gasto en subsidios a la energía y el rechazo del kirchnerismo duro a reducir los ingresos mediante el aumento en los servicios públicos.

Después de más de dos años de gestión, finalmente a partir de junio se aplicaría la esperada segmentación, pero no se hará por ingresos, como anunció Guzmán, sino por lugar geográfico de residencia y característica de la propiedad, que permitiría inferir el nivel de vida del usuario, aunque sin mucha precisión. Esta forma de diferenciar a los usuarios le permite al Gobierno aplicar la segmentación de manera más rápida y sin necesidad de acceder a la base de ingresos de la AFIP, para lo cual hubiese necesitado una ley que le permita al organismo que dirige Mercedes Macó del Pont revelar el secreto fiscal.

Para las compañías distribuidoras, que son las encargadas de emitir las facturas -Edenor y Edesur, en electricidad; Metrogas, Camuzzi y Naturgy, en gas, entre otras- la segmentación por georreferenciación también es más fácil de aplicar que cruzar distintas bases de datos de números de CUIL con los medidores de consumo de los usuarios. Además, si bien los entes reguladores del gas y la electricidad (Enargas y ENRE) presionaron para que los consumidores residenciales actualicen los datos del titular del servicio, todavía hay un universo importante que recibe la factura con el nombre de otra persona.

El mecanismo de segmentación por ubicación geográfica tiene como principal crítica que no se precisa ni el nivel de ingreso de la persona que vive en la residencia (si es jubilado o pensionado, por ejemplo) ni cuántos consumidores habitan ahí.

El Ministerio de Economía tiene pensado diseñar un mecanismo por el cual los usuarios puedan hacer un pedido para que se les reincorpore el subsidio. En ese formulario, que se pondrá a disposición -similar al que se realiza para recibir tarifa social-, se le pedirá al usuario que habilite al Gobierno a acceder a su información fiscal de la AFIP para cruzar datos de ingresos. De esta manera, se accedería a la información patrimonial del consumidor sin el riesgo de que haya un amparo judicial.

Aun cuando Guzmán parece decidido a avanzar con la segmentación de tarifas, entre los analistas energéticos hay muchas dudas sobre su implementación. La primera cuestión es la falta de unidad en el sector energético para llevar adelante una política tan sensible en la sociedad y que precisa de una atención casi quirúrgica. Al momento, el ministro de Economía tiene el rechazo del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y de los interventores en el ENRE, Soledad Manín, y en el Enargas, Federico Bernal.

La otra duda pasa por el servicio de electricidad, ya que no está regulado por el Estado Nacional, como sucede con las tarifas de gas. Excepto el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las distribuidoras Edenor y Edesur están controladas por el ENRE, las provincias son las encargadas de determinar los beneficiarios de las tarifas sociales en sus distritos. Esto generó varias distorsiones en los últimos años. Por ejemplo, en Formosa y en Corrientes, el 82% y 77% de los usuarios residenciales, respectivamente, recibe un beneficio fiscal, según los últimos datos disponibles del ex Ministerio de Energía, de 2016. En Chubut, por el contrario, solo el 16% del total de residentes tiene tarifa social. En AMBA, este universo es del 25% y está entre las zonas con menos beneficiarios. En promedio, 4 millones de hogares reciben el subsidio para el servicio de electricidad, lo que equivale al 28% del total (13,2 millones de medidores).

En total, según el último informe del economista de FIEL Fernando Navajas, aproximadamente el 20% de la demanda de gas recibe tarifa social. “La segmentación que quiere introducir la Argentina puede criticarse porque se aleja de la práctica aceptada internacionalmente para abordar una reforma de subsidios y porque distorsiona los precios y la competencia. Segmentar a los hogares de ingresos medios altos y altos presupone que los precios de la energía no van a ser los correctos y es sospechosa de conducir a subsidios cruzados y ser una maniobra distribucionista con más señalamiento político que otra cosa y que por ello se aparte de un diseño socialmente eficiente”, concluye el especialista en energía.

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