Cómo es la evasión en el sector de los granos

-Yo quiero más plata, pero no problemas -le dice el pequeño chacarero al comprador.

-Si lo quiere con boleta, el precio es otro -desafía el valijero-. Le pago un poco más y en efectivo, y hacemos como que usted "nunca me vendió nada" -cierra la propuesta, y también el trato.

El valijero es una figura conocida en el campo como el representante de ciertas firmas acopiadoras que operan en negro y que paga en efectivo a culata de camión, esto es, contra entrega del producto. El mecanismo es moneda corriente en el campo y les permite a los pequeños productores ganar unos pesos más sobre el precio que se paga en las operaciones blanqueadas en el mercado, aunque corra un riesgo cada vez más alto.

Pero ese punto también es el inicio de una larga cadena de evasión en el sector de los granos, que termina en el acopio y la exportación y que le hace perder al Estado 500 millones de pesos por año.

Ese monto representa el 40 % de las operaciones en ese sector y en el de las oleaginosas.

"El incentivo para evadir en granos es tan alto que hay acopiadores y exportadores que se juegan y lo logran", reconocen en la DGI, donde se declaró una guerra sin cuartel contra los evasores de ese sector, considerado como el más rebelde para la fiscalización.

Eslabones centrales

El acopio y la exportación son los eslabones centrales de la cadena de comercialización donde se concentra hoy el mayor peso de la fiscalización de la DGI.

La razón es simple. El 92% de la producción está destinada a la exportación y el exportador pide el reintegro del IVA. Para eso está obligado a hacer operaciones en blanco. Pero si opera en negro tiene que utilizar empresas fantasma para blanquear las compras de cereales en negro.

El acopio es el otro punto neurálgico de la evasión.

Según describieron fuentes de la DGI, el mecanismo para evadir es el siguiente:

• Si el producto le llega en negro al exportador, se crea una sociedad de acopio fantasma con directores insolventes o fallecidos, para blanquear la operación.
• Cuando la DGI los detecta y quiere ejecutar a esa empresa no hay quién pueda responder. Y el exportador puede aducir compra de buena fe.
• El exportador retiene, a nombre de la empresa fantasma que le vendió el cereal, el 12% en concepto de IVA.
• Después, cuando hace la operación de exportación, reclama a la DGI el reintegro del crédito fiscal que le generó el pago del 21% de IVA.
• Al final de la cuenta, esa maniobra le permite quedarse con el 9% de toda la operación que surge de la diferencia del crédito fiscal (21%) y el débito fiscal (12%).

Si toda la cadena fuera en blanco, el resultado final debería ser neutro.

Acopio

En el caso de los acopiadores, hay quienes utilizan facturas apócrifas e inventan operaciones inexistentes usando el número de CUIT (Clave Unica de Identificación Tributaria) de un productor cualquiera.

Eso le genera crédito fiscal a su favor, que utiliza para balancear luego con las ventas en negro.

Otra de las operatorias consiste en comprar directamente en negro. O una parte en negro y otra en blanco, lo cual les permite obtener facturas, que luego les facilita la realización de ventas en blanco.

El vendedor desconoce que generalmente queda enganchado por la totalidad del precio. Yhasta existen aquellos que, sin haber vendido a nadie, su nombre aparece en alguna factura o liquidación.

Al evaluar esta situación, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Enrique Crotto, dijo a La Nación que se equivocan quienes comercializan en negro, porque si todos trabajaran en blanco "con seguridad los precios subirían".

El dirigente ruralista aseguró que los productores venden en negro "porque hay frigoríficos que ofrecen más plata si venden de ese modo". "La Argentina tiene que terminar con el flagelo de la evasión si pretende ser un país serio", dijo Crotto.

Silvani: "Son el delito organizado"

MAR DEL PLATA. - El titular de la DGI, Carlos Silvani, calificó de "criminales del delito organizado" a quienes cometen defraudaciones contra el fisco al falsificar documentos o instrumentar prácticas que les permiten beneficiarse con el no pago de impuestos, y reafirmó su idea de que merecen la pena de cárcel porque la falta trasciende al solo resultado económico.

Ante unos 300 participantes del Quinto Congreso Tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se realiza en esta ciudad, el funcionario aseguró que desde un año atrás a esta fecha se mejoraron sustancialmente los plazos y las condiciones de los operativos de control fiscal, aunque reconoció que "queda mucho por hacer para remover los obstáculos que actúan para que las Pyme se hagan cargo de sus obligaciones".

Respecto de resultados específicos, aseguró que en lo que va del año se produjeron 2366 clausuras, al sumarse 400 nuevos inspectores a las tareas. Según Silvani, al comienzo de su gestión el organismo sólo lograba cobrar un 4 por ciento de las deudas de los contribuyentes morosos. "Ahora estamos llegando al 25 y 26 por ciento".

En ese sentido, destacó lo logrado por la metodología del "pago amigable". El mecanismo prevé que el moroso que lleva al día sus obligaciones corrientes pueda hacer un acuerdo con el jefe de Región correspondiente para facilitar el pago de los montos de la deuda.

"A esto hay que agregar que se han reducido multas en las deudas previsionales y las tasas de interés. Con esto promovemos el pago de las deudas", destacó Silvani.

Respecto de los controles instrumentados, el funcionario mencionó que hoy se opera con mucha más agilidad que hace unos meses. "Al 31 de marzo último fueron terminadas de una manera u otra todas las fiscalizaciones pendientes y, a partir de allí, recomenzamos con nuevas reglas de juego", afirmó.

Más eficiencia

Si bien Silvani admitió que en la actualidad el 40 por ciento de los trabajos de los fiscalizadores son rechazados por los jefes de unidad, consideró que hay un avance positivo en la eficiencia, "ya que cuando comenzamos con estas revisiones ese índice era del 98 por ciento.

Como aspectos centrales de la forma en que hoy se hacen los controles, el funcionario enumeró las siguientes: el proceso de fiscalización de una empresa no puede durar más de 120 días (antes el promedio era de un año y medio); el tiempo entre el control y la determinación de oficio (que corrige, cuando corresponde, lo que el contribuyente declaró) es de un promedio de 10 días, frente a los 180 del pasado; cada inspector atiende en promedio 5 casos simultáneos, mientras que antes atendían 14 o 15.

Si bien uno de los temas que este congreso plantea es el de las pequeñas y medianas empresas y la cuestión impositiva, Silvani no se refirió específicamente al proyecto de monotributo, un tema que causa una alta sensibilidad en el ambiente de los contadores.

Sí respondió, en cambio, a preguntas que se le hicieron previamente sobre el tema, y en ese sentido insistió en que el Congreso debe dejar al Ejecutivo la facultad de cambiar las condiciones que deben cumplir las empresas para ingresar al régimen.

Ante los asistentes, Silvani prefirió remarcar que la DGI ya hizo "grandes esfuerzos" en favor de las Pyme, con la reducción de los tiempos en que se hacen los trámites y con la metodología del pago amigable. Agregó también que la posibilidad de presentar las declaraciones juradas por medio de Internet será un aporte más en ese sentido, ya que agilizará los trámites que deben realizar los contribuyentes.

Oleaginosa Moreno salió a pagar con ayuda de Glencore

Causa: los problemas de la aceitera estallaron cuando los bancos recibieron una falsa alarma sobre la presunta iliquidez de la empresa.

La histeria sobre la situación del grupo Moreno surgió a la luz cuando la operación de su venta a la multinacional Glencore estaba prácticamente concluida.

La tragicomedia de enredos, informaciones entrecruzadas y confusiones interesadas, finalizó en un acuerdo que debe llevar a un cambio de manos en el control.

Glencore tiene ahora una opción de compra que por 150 días le permitirá analizar los libros y la gestión de las empresas que integran el grupo argentino, que incluye a Oleaginosa Moreno, Oleaginosa Oeste y Sucesión Antonio Moreno.

Parte del trato supone el compromiso del grupo suizo de cubrir todas las necesidades financieras de Moreno, mientras rija el plazo para la opción, lo que sugiere que la inversión de Glencore será un hecho.

Pero antes de firmar, Moreno vivió una virtual corrida en el sensible mercado primario de granos, cuando la empresa llegó a registrar demoras en los plazos habituales de pagos de hasta 48 y 72 horas, según revelaron ayer a La Nación fuentes inobjetables de este sector.

"Fue un golpe tremendo, nadie podía esperar eso de Oleaginosa Moreno, que siempre cumplió con todos sus compromisos", dijo otro operador. "Hubo muchos llamados del exterior de gente que no quería creer que Moreno anduviera con dificultades", agregó.

La cadena de confianza

Entre los cinco mayores complejos productivos de oleaginosas del país por su capacidad instalada, las empresas de Moreno entraron en una zona de abiertas dificultades hace dos o tres semanas, luego de que un gerente financiero que salió de la compañía, remitió a los principales bancos acreedores un fax en el que señalaba que el grupo afrontaba una grave situación financiera.

Al menos, ésa parece ser la razón principal que condujo a los apuros del grupo, según la versión que predomina en el mercado.

Sin embargo, no es la única explicación en danza.

Otra de ellas indica que Moreno sufrió la misma reducción de los márgenes de ganancia que el resto de la industria, que hoy tiene en la Argentina una capacidad instalada mayor que la disponibilidad de granos y se ve obligada a una costosa competencia por la obtención de materia prima.

Aparte de la caída de los márgenes, el grupo Moreno también habría sufrido los efectos de operaciones a pérdida en la compra de trigo brotado en el sur de la provincia de Buenos Aires, que debilitaron aún más su situación de caja.

En ese cuadro, el fax en cuestión, de un ejecutivo aparentemente despedido, actuó como una chispa que faltaba para encender la mecha.

Los principales bancos con los que opera Moreno (Nación, Francés, ING Baring, La Pampa, entre otros) entraron en virtual sesión de "comité de acreedores", lógicamente inquietos por la suerte de sus créditos, que pueden representar entre 300 y 400 millones de dólares, aunque ninguna de las partes confirma o niega en su precisión.

Uno de los mayores desafíos que afrontó el grupo oleaginoso -que tiene su base principal en Bahía Blanca- fue evitar la corrida de los productores.

"En el campo, el mercado de cereales funciona casi como el financiero, sobre la base de la confianza", según explicó a La Nación un corredor de granos.

Esa regla es muy importante, porque los agricultores entregan sus semillas a la industria aceitera "con precio a fijar" y por lo general sin anticipos. Una vez que deciden cobrar, fijan el precio y el comprador tiene un plazo de pago que llega a ser de hasta cuatro días. El problema es que cuando desaparece la confianza, los productores pueden lanzarse a una carrera para reclamar el pago de su mercadería.

En el caso de Moreno, la situación no llegó a una extrema gravedad sólo porque la propia compañía tenía grandes existencias acumuladas y pagadas, pero debió afrontar una cantidad suficiente de "fijaciones de precio" como para sentir la escasez de fondos. Que los bancos no salieron a cubrir.

Entre el viernes y el lunes último, la enorme disponibilidad de efectivo de Glencore calmó todas las urgencias del grupo.

Una carrera en la que todos quieren ganar

Los apuros de las empresas del grupo Moreno y la entrada de la suiza Glencore como su casi seguro nuevo accionista mayoritario actuaron como una sorpresa por partida doble en el escenario de la industria aceitera, que creció de a múltiplos desde fines de los años 70 y que hoy es uno de los sectores que más exporta en la Argentina.

Con ventas por más de U$S 700 millones -hasta anteayer los voceros de la propia empresa no eran muy generosos en precisiones-, Moreno es un caso atípico en esta industria.

Formado a partir del trabajo como transportista del aún hoy activo Pedro Moreno, el grupo creció silenciosamente por el sur y el oeste de Buenos Aires y por el sur y el este de La Pampa, con un estilo operativo que sus competidores sólo empezaron a tomar en cuenta cuando la sombra que hacía era inocultable.

La industria de aceites vegetales de la Argentina juega hoy un papel de primera línea en el mercado internacional, y en el panorama local hay una decena de grandes protagonistas.

Entre ellos y a la cabeza están la norteamericana Cargill y la santafecina Vicentín, que reúnen la mayor capacidad de molienda de este sector.

En el segundo pelotón están Molinos Río de la Plata -de Bunge y Born-, Aceitera General Deheza -de la familia cordobesa Urquía- y el grupo Moreno. La suma de inversiones en marcha y de capacidades instaladas anticipa que en ese segundo escalón habrá en poco tiempo más jugadores del mismo peso: las multinacionales Dreyfus y La Plata Cereal -del holding suizo André- y PecomAgra, un joint-venture de Pérez Companc y Conagra. Dentro de la decena de empresas que integran la primera división también están Buyatti, Nidera y Guipeba, ahora controlada por la brasileña Ceval.

¿En qué cambia el paisaje con la llegada de Glencore? En primer lugar, esta empresa ya estaba en el negocio aceitero, porque opera una pequeña planta en Entre Ríos y produce a faon en Córdoba. Pero, más importante que eso es que, con el control del grupo Moreno, Glencore entra en la categoría mayor, y con un poder financiero envidiable para cualquier competidor.

La firma maneja en todo el mundo operaciones por unos U$S 40.000 millones anuales y tiene liquidez propia y acceso a fuentes de financiamiento más baratas que las locales. Si los otros grandes jugadores de la industria se ilusionaban remotamente con tomar parte de la porción de Moreno, Glencore tal vez les arruinó el sueño. "Ya no hay problema con los bancos, porque no creo que necesitemos dinero prestado; más de uno de los que están aquí hubiesen querido comprarnos", dijo un vocero de Moreno.

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