Cómo es el plan para la jubilación sin tener los aportes suficientes que el oficialismo busca convertir en ley hoy en Diputados

En las horas previas a este martes, último día del período de sesiones extraordinarias en el Poder Legislativo -durante el cual el oficialismo se centró en su embestida contra los jueces de la Corte Suprema-, funcionarios y legisladores del oficialismo insistieron en que buscarán que se convierta en ley el proyecto sobre el “plan de pago de deuda previsional”. Con esa iniciativa promovida desde el kirchnerismo se busca habilitar temporalmente, mediante un esquema que implica fuertes subsidios estatales y que no soluciona los problemas de fondo, una modalidad de compra de períodos de aportes no hechos durante la edad activa. En la práctica, esa compra no implicaría ningún costo a cargo de los beneficiarios, porque las cuotas de la deuda con el Estado que sería computada se descontarían de los haberes que comenzarían a cobrar. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, unas 720.000 personas accederían a cobrar haberes en los próximos dos años a través del plan, en caso de resultar aprobado.

La iniciativa, una de las que está incluida en el temario de la sesión de hoy por la mañana en Diputados, fue votada por el Senado el 30 de junio pasado y durmió en la cámara baja durante seis meses, hasta que se intentó llevarlo al recinto el 21 de diciembre. Pero ese día no hubo sesión por falta de quórum.

En caso de aprobarse el proyecto, regirá un esquema por el cual, durante dos años, quienes tengan o cumplan la edad de retiro del régimen general de la Anses (60 años las mujeres y 65 los varones), y no reúnan los 30 años de aportes que exige la ley para acceder a la jubilación, podrían comprar períodos de contribuciones, a crédito y con subsidio estatal. La adhesión al plan habilitaría el cobro de haberes, de los que se descontarían, en hasta 120 meses, las cuotas para cancelar la deuda que se le computaría al beneficiario, quien, de esta manera, no asumiría en la práctica ningún costo real.

La situación de las moratorias y la PUAM

Aunque con un esquema diferente, el plan le daría continuidad al régimen y a la lógica de las moratorias que rigen desde mediados de la primera década de este siglo y que implican respuestas parciales y solo temporarias a un problema estructural de la Argentina. Se estima, sobre la base de datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares, que e la mitad de los trabajadores, entre asalariados y autónomos, están en la informalidad.

Hasta el último día de 2022 rigió la moratoria de la ley 26.970, que les permitía a las mujeres de 60 a 64 años declarar deudas por aportes de períodos previos a 2004. En tanto, sigue en pie otra moratoria, la de la ley 24.476, que es para mujeres y varones, pero que tiene un alcance muy limitado, porque permite declarar deudas por aportes no hechos en períodos previos a octubre de 1993. Hoy por hoy, las mujeres que cumplen 60 años podrían entrar a ese plan por 12 años y 8 meses de contribuciones faltantes, y los varones, por 17 años y 8 meses.

Y rige también la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en 2016, durante el gobierno anterior. Para acceder, al igual que en el caso de las moratorias, se debe pasar una verificación socioeconómica que hace el Estado. Equivale al 80% del haber mínimo y exige, a varones y mujeres por igual, tener 65 años de edad, algo que un dictamen de minoría presentado por legisladores de la oposición busca modificar, según explicó el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical-UCR), para permitir que las mujeres accedan al cumplir los 60 años.

Por otro lado, el diseño de la PUAM no contempla, como tampoco lo hace el sistema de prestaciones contributivas, un esquema de proporcionalidad, que defina el pago de beneficios según la cantidad de aportes que se haya hecho en la vida laboral. Entonces, percibe lo mismo quien no tiene ningún aporte que quien contribuyó, por ejemplo, durante 20 años.

Sobre ese punto, la iniciativa que tiene dictamen de minoría incluye a creación de una Prestación Proporcional dirigida a quienes tengan entre 10 y 29 años de aportes hechos al querer obtener un beneficio jubilatorio. Ese pago complementaría, según el proyecto, a los del sistema contributivo propiamente dicho y a los de la PUAM.

Los datos del sistema previsional general gestionado por la Anses revelan que, de las 368.033 jubilaciones que se dieron de alta en 2022, el 65% (239.418) tuvo moratoria. Y dos tercios de las jubilaciones que están en curso de pago también requirieron de un plan subsidiado de pago de deudas. Se trata de una política que, a la vez que permitió incluir a la mayoría de quienes actualmente cobran una jubilación en el régimen nacional, no contempló un análisis previo de proyecciones y necesidades de financiamiento para poder prever que el esquema sea sostenible y para que los recursos no vayan surgiendo, tal como ocurre ahora, del ajuste a los propios jubilados.

Como resultado de la insistencia en planes como el que podría aprobarse hoy, sin que se plantee una política para intentar cambios de fondo, se generan fuertes desigualdades. Hoy por hoy se le niega a una persona un derecho que sí se le otorgó a otra, por el solo hecho de haber nacido, la primera, unos días o unas horas después que la segunda (las mujeres que cumplieron 60 años en diciembre pudieron acceder a la moratoria de la ley 26.970, mientras que no pueden hacerlo quienes cumplen esa edad en estos días).

Los ejes de la iniciativa

El proyecto de ley que se trataría hoy prevé, para quienes tengan la edad jubilatoria, la posibilidad de comprar períodos de aportes que tendrían un precio determinado por la propia normativa. Esa posibilidad estaría vigente durante un plazo de dos años. El proyecto busca disponer también un plan de pagos de aportes no hechos para personas a las que les falten 10 años o menos para el retiro.

Para el primer grupo (el de quienes tengan la edad jubilatoria o la cumplan en los próximos dos años) se crearía la “Unidad de pago de deuda previsional”, que valdría, cada una, un mes de aporte. Con la adquisición se generaría una deuda con el Estado, que se cancelaría mediante descuentos en los haberes, en hasta 120 meses. Podrían declararse aportes por períodos previos al inicio de 2009.

Una condición es que, en el momento del período más antiguo que se declara como adeudado, se debe haber tenido al menos 18 años. Por eso, si el sistema rige desde marzo de este año las mujeres podrían comprar hasta 27 años y 10 meses de aportes y los varones podrían acceder a los 30 años exigidos por ley. El régimen también admitiría que, con la compra de aportes, los derechohabientes de un fallecido –que haya estado registrado– puedan cobrar una pensión.

También se crearía la llamada “Unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, que podría ser adquirida por personas a las que les falten hasta 10 años para a la edad jubilatoria. Cada unidad valdría un mes de contribución y podrían comprarse solo períodos “anteriores al 31 de marzo de 2012″, según el proyecto, siempre que el solicitante no haya estado trabajando de manera registrada –ni como dependiente, ni como autónomo ni como monotributista– en los meses declarados.

Cada mes de aporte, en ambos planes, tendría un precio equivalente al 29% de la remuneración mínima que rige para calcular los descuentos de la seguridad social. Esa referencia se actualiza cada tres meses según el índice de movilidad (por tanto, el precio también variaría con frecuencia trimestral). En marzo, el valor de cada unidad sería de $5729,97. Si se necesitaran 20 años, la deuda tendría un valor inicial, actualizable, de $1.375.192,80. Y si se pagara en 120 cuotas, la primera sería de $11.459,94.

En el proyecto se indica que quienes adhieran al plan deben haber residido en el país en los períodos por los que declaran deuda. También se prevé la incompatibilidad de los beneficios otorgados vía el plan con “el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza”, con la excepción del cobro de un único beneficio, si es contributivo y no mayor al haber mínimo. De todas maneras, se podría renunciar al cobro de otra mensualidad para acceder al programa.

Para quienes están en edad activa, además de los requisitos relacionados con los períodos declarados (residencia en el país y no haber trabajado de manera registrada), se establecería la exigencia de acreditar que se tienen ingresos para pagar la obligación tomada.

Por otra parte, el texto le delega a la Anses la facultad de fijar los parámetros para acceder al plan de cancelación de deuda, sobre la base de “evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas objetivas”. Esa condición rigió y rige también para el ingreso a las moratorias.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, en el primer año de la eventual vigencia del régimen podrían recibir su jubilación, haciendo uso de la modalidad, unas 494.242 personas (casi el 80%, mujeres). En cuanto a la población masculina, la hipótesis es que dejarían de solicitar la PUAM e irían al nuevo plan (las mujeres también pueden acceder a la PUAM, pero con una espera de cinco años más respecto de la edad de jubilación, es decir, a los 65 años). En el segundo año se agregarían a la jubilación por la vía propuesta, según la estimación del citado centro de estudios, otras 225.409 personas.

Los datos son, claramente, luces de alerta respecto de la necesidad de revisar las exigencias de la ley jubilatoria y, a la vez, de generar un debate sobre cómo solucionar las deficiencias del mercado laboral. Las moratorias y el proyecto actual son respuestas solo temporales, que provocan inequidades, a problemas fuertemente enraizados.

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