Cómo es el plan de tres economistas para reorganizar el Estado que cuestiona viejos consensos de la política

El conductor de un auto y sus acompañantes pueden estar de acuerdo en que deberán circular tres cuadras por la calle en la que están, para tomar luego un camino hacia el norte y seguir dos kilómetros. Pero esas personas podrían terminar en una zona desconocida y no en el lugar buscado. Los consensos suelen gozar de buena imagen, pero pueden no apuntar a lo correcto, a lo bueno, o a lo más conveniente.

Esa conclusión es la advertencia que hacen tres economistas –no con la metáfora del auto, sino con sus palabras–, en el punto de partida de una propuesta para un reordenamiento del sector público en la Argentina. “Está muy instalada la idea de que el problema del país es la grieta, que eso es lo que no nos permite generar políticas de Estado”, dice Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba y coautor, con Carlos Seggiaro y Jorge Colina, de Una vacuna contra la decadencia, un libro en el que se cuestionan consensos que, según los autores, hubo en las últimas décadas y que se manifestaron en los hechos y en las políticas de diferentes gobiernos, más allá de cuáles fueron los discursos.

“Hay dos políticas que se sostienen con los años y que son muy perversas”, define Giordano, en una charla con LA NACION. Por un lado, gastar más de lo que se tiene (en los últimos 60 años hubo 54 de déficit) y, por el otro, despreocuparse de la calidad de lo que ofrece el Estado.

En este último punto entra en consideración, por ejemplo, lo ocurrido con el sistema previsional, que representa una parte muy significativa del gasto y que, a la vez, es un tema de alta sensibilidad social. Para Giordano, el régimen de moratorias que rige desde hace más de una década y media, y que permite la jubilación sin aportes o con aportes insuficientes, es “uno de los actos de mayor irresponsabilidad fiscal de la Argentina”, dada la falta de previsión que lo caracteriza (no se estimaron los costos ni se planificó alguna manera de financiar las prestaciones). “No podemos dejar a una persona desamparada –agrega–, pero la política debe hacerse con previsión y, además, hay que ver que tenemos tres instrumentos diferentes para el mismo objetivo” de dar ingresos a adultos mayores sin aportes.

Los autores no pasan por alto un dato muy significativo: el sistema gestionado por la Anses tiene más beneficios previsionales otorgados por moratorias (3,6 millones) que por haberse cumplido con todos los aportes (3,2 millones). Es una realidad que debería llamar la atención de quienes diseñan las políticas, porque hasta ahora no se buscó dar una respuesta de fondo a la problemática social -la muy elevada informalidad laboral- que hay detrás de los números. La moratoria es, en teoría, una solución de “excepción”, pese a los números mencionados y a que no solo en una política vigente hace ya más de una década y media, sino que que podría extenderse aún más en el tiempo, en caso de aprobarse en el Congreso un nuevo proyecto de ley que presentaron senadores afines a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los autores del libro apuntan, además, contra las inequidades generadas tanto por las moratorias como por la coexistencia de muchos sistemas especiales de jubilación. Muchas cajas provinciales y regímenes de excepción les permiten a las personas que integran determinados grupos de la sociedad, jubilarse antes o con mejores haberes. No suele haber justificación, dicen, para esas diferencias con quienes están en el régimen general. Y, si en algún caso la hubiera, debería definirse con un cálculo actuarial cuál es el aporte especial que deberían pagar quienes se ven alcanzados por normas específicas (hoy rigen aportes más altos, pero no está estimado que eso sea suficiente para financiar las prestaciones).

En la práctica, la falta de previsión en el régimen jubilatorio como una cuestión general (no hay información pública que permita saber si se podrán sostener los pagos, según señalan los autores), lleva a que se manipule periódicamente la movilidad de los ingresos. Y eso es motivo de juicios. El congelamiento de cientos de miles de haberes entre 2002 y 2006, por ejemplo, derivó en una litigiosidad récord de jubilados contra el Estado, luego de que la Corte declaró la inconstitucionalidad de aquella política que había llevado a cabo el gobierno de Néstor Kirchner.

Superposiciones

Que haya más de una política para un tema, o más de una jurisdicción ocupándose de lo mismo es, según los autores, un problema de gestión que se arrastra desde hace mucho. También lo es que, en sus diferentes niveles, el Estado grave los mismos hechos o bienes.

Sobre esto último, la propuesta es simplificar el sistema tributario y “volver a las fuentes”, dándoles más protagonismo a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires en la recaudación. Cada jurisdicción recaudaría –para hacerse cargo de sus funciones, como la educación y la salud– dos impuestos: uno sobre las ventas de bienes y servicios, en reemplazo del IVA (hoy nacional), Ingresos Brutos (provincial) y las tasas de industria y comercio, y otro sobre los patrimonios (se anularía Bienes Personales).

En ese esquema, el Estado nacional se quedaría con lo que cobre por derechos de comercio exterior y por los tributos sobre los ingresos. En el caso de las personas, la propuesta es unificar el impuesto a las ganancias y los aportes personales (los descuentos salariales).

El concepto que sobrevuela la propuesta es que la organización federal está desdibujada. Y que los tres Estados (nacional, provincial y municipal) actúan de manera superpuesta y no coordinada. Se considera que si cada jurisdicción comienza a depender de los recursos que pueda generar, eso debería derivar en que los gobernadores e intendentes se preocupen más por lo que pasa en sus territorios que por cuánto reciben de coparticipación, según evaluó Colina en un acto de presentación del libro realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA). La iniciativa incluye la conformación de un fondo de convergencia (allí iría el impuesto al cheque, para el cual se propone un camino hacia su eliminación), para compensar inicialmente las pérdidas que tendrían varias provincias respecto de lo reciben hoy por la coparticipación, que desaparecería.

Con ese esquema, se señala, se desalentarían las superposiciones. Hoy, para solucionar problemas de gestión o para corregir políticas, muchas veces se recurre a decisiones que generan más gasto. En un esquema de improvisación, eso lleva a crear o a subir impuestos y, eventualmente, a imprimir más dinero. “Cuando un organismo o programa estatal funciona mal, la reacción más común no es hacer los cambios que sean necesarios para que funcione mejor o suprimirlo –advierten los economistas–. La reacción más común es crear otro organismo o programa que asuma roles idénticos o parecidos, para suplir las deficiencias del responsable primario”.

El crecimiento del empleo público y el problema de la corrupción

En cuanto al crecimiento del empleo público, en parte derivado de esas superposiciones, los economistas ponen el ojo en lo que llaman los ingresos de personal “por la ventana”, una práctica naturalizada por muchos, y enraizada en la idea de que quien llega al Estado debe ayudar a otros a tener allí mismo un empleo, con lo cual se privilegia dar una solución individual a la búsqueda de actuar en beneficio del interés colectivo. También apuntan contra la estabilidad del empleado público, cuya razón de ser quedó desvirtuada.

¿Y la corrupción? El tema es abordado, pero con una aclaración. Según Seggiaro, “si alguien dice que su programa de gobierno es enfrentar la corrupción, es que no tiene otra cosa”. Porque, advierte, si bien es una condición básica, la honestidad no alcanza para tener buenos resultados en la gestión.

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