Cómo debería hacerse en el país el cambio de planes sociales por trabajo
Antes de cualquier nueva consigna primero cabría ordenar y fomentar los de mejores resultados
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1. Plan por trabajo. Últimamente, comenzó en el país la discusión sobre el cambio de planes y programas de asistencia por trabajo genuino. Pero esto no es nuevo. Un trabajo realizado en 2008 bajo la órbita del Banco Mundial indicó que casi la totalidad de los encuestados receptores de planes sociales (93%) opinó que los programas que distribuyen ingreso deberían tener una contraprestación que debería ser laboral, dado que la inserción en el mundo del trabajo posterior al proceso formativo es lo que resulta más valorado. Esto confirma la dificultad que poseen los programas de renta mínima para ser aceptados y el predominio del trabajo como camino para la inserción social.
2. Historia. Desde la década de 1990 y, especialmente, los primeros años de los 2000, se ha observado un incremento del gasto público en protección social a nivel global. En el caso latinoamericano, la expansión de esquemas de pensiones universales y la implementación de programas de transferencias monetarias condicionadas han sido los principales determinantes de este fenómeno. En términos del monto erogado en redes de protección social con respecto al PBI, el promedio global es 1,3%, al igual que en los países latinoamericanos. El caso argentino refleja un gasto por encima, con valores cercanos al 2% del PBI.
3. Formas. Los programas sociales no tienen la misma finalidad ni los mismos efectos y, a nivel internacional, se pueden clasificar en seis tipos. 1) El primero, y el más aceptado, es el de transferencias monetarias condicionadas, en el que se otorga una cantidad de dinero a cambio de que se cumplan ciertas condiciones. 2) En el caso de las transferencias no condicionadas, no se exige contraprestaciones. 3) Pensiones: orientadas a asistir a aquellas personas fuera de los regímenes regulares de seguro social para compensar la falta de ingresos causada por vejez o discapacidad. 4) Exenciones en el pago de servicios y subsidios específicos, que, pese a ser comunes, son muy limitados en su efectividad. 5) Programas de alimentación escolar, focalizados en zonas afectadas por la inseguridad alimentaria, con el objetivo de mejorar la nutrición y la salud. 6) Transferencias por especie, que consisten en alimentos, vivienda y artículos escolares, entre otros. Si bien todas tienen efectos progresivos y pro pobre, las de transferencias condicionadas son las que tienen efectos más acentuados.
4. Actual. Casi tres cuartas partes de los gastos en promoción, asistencia y seguridad social se concentran a nivel nacional, un 22% corresponde a provincias y el restante a municipios. En 2019 se implementaron 53 programas presupuestarios dentro de las funciones de “Seguridad Social” y “Promoción y Asistencia social” (que incluyen 168 actividades). Los programas están mayormente concentrados en el Ministerio de Desarrollo Social y la Anses, pero los ministerios de Producción y de Salud también tienen los suyos. Hay 19 millones de titulares de distintos programas. Se destacan Sumar, que brinda cobertura de salud, con cerca de 5 millones de titulares, y la AUH (4,4 millones). Por la pandemia, en 2020, 8,9 millones de personas cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia.
5. Orden. Si bien el esquema de programas sociales en la Argentina es muy amplio, está también muy atomizado. Esto otorga diferentes encuadres y esquemas de evaluación que complejizan el sistema. Antes de cualquier nueva consigna primero cabría ordenar y fomentar los de mejores resultados.