Cómo bajar la inflación: las claves del eterno problema de la Argentina

Las luces amarillas se volvieron rojas en marzo. Y fue por el 4,8% de inflación registrado en el tercer mes del año, que pulverizó las estimaciones de los economistas y sepultó la referencia de 29% anual que el Gobierno ensayó en el presupuesto del Estado.

Después de un año de pandemia en el cual hubo meses de cuarentena estricta –acompañada con una emisión de más de $2 billones por parte del Banco Central para financiar al Tesoro–, la suba mensual de los precios se ubica en el 4% promedio desde diciembre, en una dinámica que golpea al bolsillo y empuja a miles de familias a la pobreza. La política monetaria de 2020, la apertura gradual de las restricciones y la normalización de la actividad, que lleva a un reacomodamiento de precios, las tensiones distributivas y la brecha cambiaria aparecen como factores clave de un problema recurrente en la historia argentina.

Pese a las medidas del Gobierno, orientadas a mayores controles, congelamientos de precios (en alimentos, electrodomésticos, transporte, servicios públicos) y un freno en el ritmo de devaluación, la inflación se aceleró en el último tiempo y acumula 13% en lo que va de 2021.

Según Gabriel Caamaño, economista y director de la Consultora Ledesma, hay “dos combustibles” que explican esta dinámica. “Uno es que la demanda de pesos estuvo muy adormecida cuando recién salimos de la cuarentena, y a medida que la actividad se normalizó, la gente empezó a ajustar sus saldos monetarios a sus necesidades”, dice, en referencia a que en la cuarentena muchas familias guardaron parte de sus ingresos, entre la necesidad y la imposibilidad de gastarlos en actividades entonces no habilitadas. “Con la liberación de las restricciones en la segunda mitad de 2020, la plata empezó a circular más rápido y, cuanto más rápido se mueve la plata, es como si hubiera más dinero circulado. Eso le da combustible a los precios”, agrega.

Además de la mayor velocidad de circulación, impacta en la dinámica de la inflación el crecimiento de los agregados monetarios, luego de la billonaria emisión del Banco Central en 2020 que, con rezago, empezó a impactar en los precios. “Por otro lado, hoy la tasa de interés real es negativa. Si fuera positiva, la velocidad de ajuste sería más lenta. Y también juegan las expectativas de que venga más emisión. Porque pueden venir restricciones más sostenidas y el Gobierno va a tener que asistir a más sectores”, indica Caamaño. En el primer trimestre de este año, sin restricciones, el déficit primario fue del 0,18% del producto bruto.

Un fenómeno heterogéneo

Detrás del número promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora y difunde el Indec, existen tendencias heterogéneas, con algunas categorías de bienes y servicios liderando las subas, con cifras que casi duplican al dato general y rubros que, entre congelamientos y regulaciones, se mantienen reprimidos.

Entre las cifras más calientes de los últimos 12 meses se destacan los aumentos en la indumentaria (80,6% en el área metropolitana, según el Indec), las frutas (82,5%), los autos cero kilómetros y usados (76,5%), el calzado (69,7%), la carne y sus derivados (62,8%) y los productos medicinales y equipos para la salud (50,9%).

En el otro extremo, los congelamientos de las tarifas de servicios públicos, que comenzaron en 2019 y que el Gobierno actual extendió antes de la pandemia de coronavirus a través de la Ley de Emergencia que aprobó el Congreso, llevaron a que la categoría electricidad, gas y otros combustibles acumule una suba del 1,5% en el área metropolitana en los últimos 12 meses. Medidas oficiales de regulación o congelamiento afectan a otras categorías que se ubican también por debajo del promedio, como los servicios de telefonía e Internet (12,4%), los gastos en prepagas (13,8%), el transporte público (18,8%) y el alquiler de vivienda (27,5%).

Esa distorsión de precios relativos, según la jerga habitual de los economistas, llevó a que creciera la brecha entre el precio de los bienes, que acumulan un alza del 50,5% en los últimos 12 meses y el de los servicios, que según el Indec tuvieron un incremento promedio del 26,9%. Este proceso también se refleja en la diferencia que muestran los precios regulados (22,5% de suba interanual) respecto del IPC Núcleo, que excluye a los estacionales y acumula un alza de 45,7% en el período.

“El hecho de que estos precios regulados estén siendo usados como ancla para que la inflación no sea todavía más alta, genera expectativa de que esos precios suban más que el resto más adelante, porque no pueden quedarse eternamente atrás. En muchos casos son tarifas de servicios públicos, que pueden retrasarse a fuerza de incrementar el gasto en subsidios, y eso tiene un costo fiscal. Este ritmo no es sostenible y en algún momento se empareja, pero eso ya es una definición política”, dice Martín Kalos, economista de Epyca Consultores.

La inercia

Además de las cuestiones monetarias y de la coyuntura micro de sectores puntuales, los economistas advierten sobre el componente “inercial” que adquirió hace años el proceso inflacionario en la Argentina. Como los pasajeros de un tren que frena, los precios en el país tienden a moverse al alza a partir de su tendencia previa, más allá del efecto de medidas de corto plazo. Supeditados a sus expectativas y condicionados por contratos, los agentes (empresas, sindicatos, consumidores, empleadores) tienden a ajustar sus precios hoy previendo que todos los valores aumentarán en el futuro, en una cadena sucesiva que hace difícil su contención y resta efectividad a las medidas.

Según Miguel Kiguel, director de Econviews, en un proceso de inflación “los aumentos de cada mes tienen persistencia en el mes, porque las subas no reflejan lo que pasa ahora, sino lo que ocurrió en el pasado o lo que puede pasar. Si una empresa tiene que fijar precios por seis meses, al definirlos mira sus costos y las chances de que el resto de los precios suban en seis meses”.

Según el economista, la inflación se “naturaliza” y afecta los comportamientos y demandas de diferentes actores. “Esta inflación del 4% es preocupante porque está medio enquistada. El trabajador va a pedir aumentos de salarios que reflejen esos valores, las empresas proyectan precios con esa referencia y ya no asusta”. En ese contexto, plantea que en un plan antiinflacionario no alcanzan las medidas ortodoxas desde lo monetario, si no se complementan con componentes “heterodoxos” que incidan sobre las expectativas. “Es un poco lo que le pasó a Macri. Si vos parás de emitir dinero pero hay que ajustar tarifas y transporte, o quedan retrasados los precios de las prepagas o por ahí el tipo de cambio, esos ajustes terminan impactando en otros precios. Hay que tener en cuenta todo el proceso con políticas de ingreso que ataquen las expectativas. Y ahí sí tiene sentido un consejo económico y social, que trate de acordar aumentos de salarios, precios o tarifas, pero en el marco de un plan”.

Para Caamaño, el proceso de aceleración de la inflación actual tiene que ver más con las consecuencias de la política económica. “La inercia es como en física: un cuerpo tiende a mantener su estado. No explica la aceleración sino que le cueste frenar, y si tiene mucha inercia le cuesta frenar más”, dice el analista. Desde esa perspectiva, medidas de contención de expectativas, como las referencias de Precios Cuidados, el monitoreo de precios, los acuerdos o congelamientos por períodos cortos de tiempo, resultan insuficientes para desarmar los factores que sostienen o aceleran la dinámica de los precios. “Si vos hicieras algo para que la inflación desacelere desde la política fiscal y monetaria y el manejo de expectativas, las políticas de contención ayudan a reducir la inercia”, concluye el analista.

Qué pasa en otros países

Con índices de inflación que ronda el 4% mensual, la Argentina sufre un problema que está ausente en la gran mayoría de las economías del mundo. De hecho, el ritmo de suba de los precios locales en solo un mes supera a la inflación que muchos países registran en todo un año, y también al promedio que se espera para 2021 en Sudamérica (4,4%).

Es el caso de los países de América Latina, excluido Venezuela, que hace años atraviesa una grave crisis social y económica: solo en 2020 tuvo una inflación de 2959,8%, según lo informado por el Banco Central, y un desplome del 30% de su PBI (según el FMI). Con el 4,8% de marzo, la Argentina superó en un mes a la inflación que se espera para 2021 en Brasil (4,6%), Colombia (2,1%), Chile (3,1%) o Perú (2%), según las proyecciones que el FMI consignó en su World Economic Outlook, publicado este mes. El informe omite dar proyecciones de precios para la Argentina.

El dato de inflación del Indec para marzo también se ubica por encima de lo que proyecta para todo este año Bolivia (3,9%), Paraguay (2,7%) o Ecuador (0,5%), que en 1999 adoptó al dólar estadounidense como moneda de curso legal. Para superar la inflación anual de Uruguay, en tanto, hacen falta dos meses: según el FMI, en este país los precios tendrán este año un alza promedio del 8,3%.

Pero la Argentina no solo está arriba en el ranking de países con inflación más alta en su continente, sino que también está en los primeros lugares del listado global. Porque más allá de la estimación del presupuesto 2021, donde el Gobierno ensayó un objetivo del 29%, las proyecciones reflejadas en el informe Latinfocus Consensus Forecast y en el del FMI marcan que el alza de precios este año será del 46%, un índice más elevado que el de más de 180 países del mundo, y que posiciona a la Argentina nuevamente en el top 10. Según las estimaciones del FMI, entre 195 países, el podio lo integran Venezuela, Sudan (197%) y Zimbabwe (99%). También esperan una inflación más elevada que la local Surinam (52%) y Líbano, que luego de 84,9% de 2020, proyecta más de 150% para 2021.

Las medidas del Gobierno

Con más palos que zanahorias, el Gobierno avanza en estos meses con un conjunto de medidas sectoriales y de control de algunas variables macroeconómicas, para intentar contener la suba de precios. Controles a la exportación de carne, congelamiento de los valores de electrodomésticos, aplicación de la Ley de Góndolas, y tensas gestiones con las empresas de alimentos para transformar Precios Máximos en un sistema de “precios de referencia” son algunas de las herramientas anunciadas días atrás.

El rubro alimentos está entre los más delicados. Según las estimaciones de la consultora LCG, acumula subas promedio de al menos 1% semanal desde fines de febrero. Además, se mantienen congeladas las tarifas de servicios públicos y habrá ajustes inferiores a los que estipuló el Gobierno en el presupuesto. A la vez, el Banco Central disminuyó su tasa de devaluación del tipo de cambio oficial: del 4% en enero al 1,5%.

“Esas medidas darán resultado en el segundo semestre; pero así entramos en el clásico problema de menos inflación hoy y más inflación mañana. El ministro Guzmán insiste en ‘coordinar’ pero actúa en la dirección contraria. Sincerar que la inflación será más alta (y no de 29%) y marcar un sendero de convergencia fiscal podría dar una señal de racionalidad y ser incluso expansivo para la economía. Hoy no hay plan anti-inflacionario y eso es gravísimo”, apunta Guido Lorenzo, director de LCG.

Según Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo, las medidas del Gobierno son insuficientes ante las dinámicas de los precios. “Hoy la política monetaria impacta a través del canal cambiario. La tasa queda corta contra la devaluación, pero corta con la inflación, y estás financiando al consumo. El exceso de pesos con esta inflación se convierte en aceleración de decisiones de consumo. La demanda tira y la oferta responde hasta donde puede”, dice la economista, quien plantea que el esquema contra la inflación depende indirectamente también de factores no económicos.

“Las medidas que pueden tener implicancias de oferta, como frenar exportaciones de carne, son medidas coyunturales con efectos adversos en el mediano plazo y tienen el riesgo de tener menor oferta de dólares. Una medida importante sería conseguir vacunas y alejar el riesgo sanitario. El otro punto es cerrar algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que descomprima el pago de vencimientos y el uso de reservas de corto plazo. Así, será más factible el objetivo de que la brecha no se escape. La agenda hoy es esa”.

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