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Por qué es necesario que el estado se sume a la mejora de la capacitación en el sector
Si bien la cantidad de instituciones abocadas a la capacitación en comercio exterior se incrementó merced a una creciente demanda, ésta no fue debidamente acompañada por las instituciones públicas. Ello puede verse en los planes de estudio que priorizan la enseñanza de materias técnicas y esto, en una carrera vinculada a lo aduanero, implica alumnos sin bases en derecho público.
El doctor Héctor Guillermo Vidal Albarracín explica que las normas aduaneras tienen relación con otras ramas jurídicas como el derecho constitucional, el administrativo, el tributario y el Penal, entre otros. Por ende, su aprendizaje supone dificultades, lo que conlleva sea considerado un "mal necesario" para graduarse, sin tomar en cuenta que quienes pretendan desempeñarse como operadores de comercio exterior deben acreditar un conocimiento exhaustivo de la normativa.
Como bien ilustra el doctor Juan Patricio Cotter, "(...) La actividad aduanera fundamental, esto es, el debido ejercicio de las importaciones y exportaciones, es una actividad netamente administrativa ejercida por funcionarios públicos dependientes de una oficina administrativa como es la Aduana. Y toda esta actividad debe regirse por los principios y normas del derecho administrativo", señala, tras lo cual agrega: "De allí que la actividad de los funcionarios aduaneros debe analizarse considerando muy especialmente los requisitos esenciales de validez de los actos administrativos en la ley nacional de procedimientos administrativos". Un personal sin formación aumenta la comisión de infracciones y, si además, la resolución 333/99 de la AFIP posibilita documentar operaciones sin ser despachantes de aduana, el riesgo es mayor para los técnicos en comercio exterior no despachantes y sus potenciales clientes.
Lejos quedaron los tiempos en que bastaba saber el Código Aduanero, clasificación y valoración para operar como despachante de aduana. Hoy se suman responsabilidades exigidas a dichos operadores como la custodia de la documentación y reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero dan fe de ello. El sector público debe tomar nota de esta realidad para consensuar con el sector privado estrategias e incrementar la oferta pública de capacitación para aquellos que deseen adoptarla.
El autor es abogado, despachante de Aduana y docente de la Fundación ICBC y del Instituto Privado de la Cámara Argentina de Comercio, Industria y la Producción de la Republica Argentina (Cacipra).
Por Daniel Zarucki
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