Licencias no automáticas: ¿pueden haber sanciones para la Argentina en el plano internacional?

Cambian las reglas sin pausa. Las nuevas medidas para aumentar las licencias no automáticas (LNA) afectan al comercio exterior, pero también provocan inquietud en países que pueden actuar en “espejo” y practicar el ojo por ojo a la hora de comprar los productos argentinos, según los expertos.

A través de la Resolución 26/2022, el Gobierno incrementó la cantidad de posiciones sujetas a licencias no automáticas (LNA) de importación. Se trata de un requisito que suma más permisos y burocracia para que ciertos productos entren al país. Parte de la Resolución dice que “se ha identificado una serie de bienes respecto a los cuales, en función de la actual coyuntura económica, resulta indispensable evaluar sus respectivos flujos comerciales”. Agrega que “sin resultar taxativa su enumeración, resulta pertinente señalar que elementos como hidrolavadoras, palos de golf, skies y patines de hielo, son algunas de las licencias que ameritan el cambio propiciado en la presente resolución”.

Para el presidente de la International Chamber of Commerce (ICC) en la Argentina, Marcelo Elizondo, “la Argentina está en riesgo de entrar en la ilegalidad en materia de comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio (OMC), de la cual forma parte, tiene tratados internacionales entre países y sus acuerdos tienen jerarquía constitucional. Hay que cumplirlos”, sostiene.

La Argentina es miembro de la OMC desde el 1°de enero de 1995. El principio sobre el que se basa es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez (más ágiles y menos restringidas), libertad, equidad y previsibilidad, y que se respeten los principios y obligaciones contenidas en los acuerdos de la OMC. Estos acuerdos establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio. También de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios.

“Son principios, comunes en el mundo, que regulan el comercio internacional”, afirma Elizondo. En cuanto a las licencias, como las no automáticas, el especialista en comercio internacional explica que están previstas en la OMC, pero “en casos excepcionales, como, por ejemplo, si un producto importado afecta la seguridad, el medioambiente o la sanidad del país importador. Pero no por razones cambiarias o de proteccionismo. Desde que existe la OMC el mundo ha avanzado en la reducción de trabas aduaneras”.

Elizondo opina que la Argentina se pone en una postura por lo menos cuestionable tanto con el abuso de las licencias no automáticas como con “las prácticas cambiarias que impiden importar, e incluso exportar. La OMC establece que el comercio tiene que estar basado instituciones y no en decisiones puntuales que van cambiando según la ocasión”, opina.

Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION afirman que “no hay posibilidad alguna de que la Argentina sea sancionada porque no está cerrando las importaciones. Lo que está cambiando es el régimen de trazabilidad para ordenarlas. En cuanto a las LNO, se pasaron algunas posiciones arancelarias del régimen de licencias automáticas (LA) a LNO”.

Parte de la explicación, según las fuentes oficiales, es que “había muchos bienes suntuarios que se pasan para una revisión detallada de las importaciones. También esto se da para trabajar sobre insumos para las pymes”. Además aclaran que “el hecho de que sean LNO no quiere decir que no puedan ingresar, sino que tienen un procedimiento un poco más detallado. Se pone el ojo en estos elementos”, aseguran.

Riesgo país

Marcelo Scaglione, especialista en desarrollo, cooperación y política internacional y subsecretario de Estado (2016-2019) a cargo del proceso de acceso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirma que “las diferentes restricciones en el sistema de importaciones y exportaciones –además de hacer más complejo y menos competitivo al sistema productivo de las economías regionales– se relacionan con las normas de la Organización Mundial de la Comercio (OMC). Sin embargo, estas restricciones tienen también un impacto en la calificación de riesgo país de la OCDE, que a su vez se traslada fuertemente en el costo del capital para las empresas ya que constituye una base importante de la evaluación de las calificadoras de riesgos globales”, explica.

¿Cómo funciona la calificación de riesgo país de la OCDE? “Este sistema tiene un rango entre 0 y 7 puntos donde el 0 es asignado a los países miembros de la OCDE y los restantes países –entre los que se encuentra Argentina– se puntúan de 1 a 7, siendo 7 la nota más baja. Hoy la Argentina está calificada con 7, la peor nota. Cada punto de mejora en la calificación equivale a 150 puntos básicos de reducción en el costo de los seguros de las inversiones realizadas en nuestro país, así como en el costo de las importaciones de bienes de capital para el proceso productivo”, continúa Scaglione.

“Bajar la calificación de riesgo de la OCDE del puntaje de 7 a 2, lo cual podría realizarse en el marco del proceso de acceso de la Argentina a la OCDE, representaría –según las cifras del stock de inversiones en 2017– un ahorro del orden de los US$700 millones en el costo de capital para las empresas que invierten en país y que generan empleo creando valor a través de las importaciones y las exportaciones. Además está el beneficio de poder acceder al financiamiento y a las garantías –hoy vedado– de las Agencias de Créditos a la Exportación (ECAs)– de los países miembros de la OCDE.”

Más complicaciones

Además de la intervención de la OMC y de las consecuencias para el riesgo país, la Argentina puede estar sujeta a otras complicaciones. “La Unión Europea y Estados Unidos ya acusaron al país en el pasado por poner retenciones diferentes a distintos productos de exportación, en las cadenas de valor. Esto fue considerado por los países extranjeros “dumping” es decir, un subsidio. Es cuando se ponen retenciones más altas al producto primario y menores al producto terminado”, recuerda Elizondo.

Tal como publicó La Nacion, finalmente el problema se resolvió: “por un reclamo de los productores europeos de biodiésel, la Comisión Europea había iniciado el año pasado (2018) una investigación por supuestos subsidios que, de haber prosperado, hubiera significado la imposición de un arancel de entre 25% y 33%, por el que la Argentina se hubiera quedado fuera del mercado europeo”. Así demostraron que las acciones tienen consecuencias.

En el caso de la OMC, la operatoria es la siguiente. Si un país acusa a la Argentina (o a otra nación), el organismo internacional forma un panel para evaluar la situación, y si resulta culpable, el país acusador puede poner medidas “espejo” que también impidan o dificulten el comercio con él. Desde que se estableció la OMC en 1995, hubo más de 400 diferencias.

Tal como recuerda Elizondo, a lo largo de la historia la Argentina fue muchas veces objetada en el marco de la OMC. La última vez fue con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Establecían, entre otras cosas, que para importar había que exportar por el mismo monto. Esto fue observado y demandado por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Finalmente, en 2016 se cambiaron por las SIMI ya que un fallo de la OMC obligó a modificar este sistema.

Por otro lado, la Argentina también recurre a la OMC cuando otro país pone en marcha medidas que pueden perjudicarla. Por ejemplo, el mes pasado impugnó seis medidas relativas a la imposición, por parte del Perú de derechos antidumping y compensatorios al biodiésel procedente de la Argentina. “La Argentina alega que la investigación y la imposición de las medidas en cuestión parecen ser incompatibles con varias disposiciones de los Acuerdos de la OMC”, declara la entidad.

Más licencias no automáticas

De 2013 a la actualidad, las licencias de importación siguen siendo uno de los principales elementos de la política comercial en la Argentina. “Las listas de los productos sujetos a las distintas licencias se actualizan sin una periodicidad predeterminada, según lo requieran las circunstancias, por lo que el número de productos sujetos a licencias varía frecuentemente”, evalúa la OMC.

Según los números, en 2020, el 14,3% del universo arancelario estaba sujeto a licencias no automáticas, “lo que constituye un aumento sustancial si se compara con 2012, cuando solo el 6% estaba sujeto a licencias no automáticas”, afirma la entidad. Hoy esa cifra trepa al 29%.

Qué dice el sector

Fuentes vinculadas a la exportación e importación afirman que “las expectativas no son buenas. El hecho de que se hayan incluido tantas licencias no automáticas hasta llegar al 29% de las importaciones causa preocupación. Es un control muy estricto, que no sabemos todavía cómo va a operar ni cómo se van a manejar los pagos al exterior”.

Quienes trabajan con las compras y ventas externas se quejan de que este tipo de medidas generan una enorme red de burocracia para la empresa. Directa o indirectamente, el más perjudicado es el empresario pyme, dicen. “Las empresas más grandes tienen una batería de abogados, consultores, asesores, consultores y expertos, además de espalda para contratar servicios, pero la pyme tiene en general poco personal administrativo. Es muy probable que tenga dificultad para administrar toda esta cadena de obstáculos”, asegura un empresario.

Auguran que habrá grandes desequilibrios en los patrones de consumo y “faltantes de un montón de productos. Es claro que habrá desabastecimiento en muchos sectores. El mercado de consumo será más rudimentario con productos más simples, pero más caros, porque habrá menos oferta de productos importados. La consecuencia es que los artículos nacionales de menor calidad tienden a subir de precio”.

Otro empresario afirma que establecer una fecha de pago con el fin de mostrar previsibilidad, como indican las nuevas medidas, no es lo mejor porque “el empresario que compra en el exterior está cerrando un pacto comercial entre privados. No puede intervenir el gobierno para ordenar cuándo será el pago”.

Las fuentes consultadas advierten que “donde las restricciones cierran una puerta, se abre una ventana. Esto puede generar muchos problemas de transparencia y de calidad institucional”, sostienen.

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