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La política y las garantías para que los empresarios confíen
No quedan vestigios del color naranja, pero la retina sigue resentida. Fueron muchos los años en los que la provincia de Buenos Aires encandiló con proyectos y relatos. Siempre el final de fiesta trae consigo una acidez que debería ser pasajera. Pero todavía el malestar persiste.
El animador embriagó a más de uno. Habló de 25 años de pleno trabajo en las tres gradas de Astillero Río Santiago. Prometió un carnaval para toda la vida. Emborrachados con la cantata del gobernador Daniel Scioli, los sindicatos y los trabajadores lo vitoreaban.
Scioli, y su equipo, dejaron la gobernación. No firmaron las cartas de crédito necesarias para que el astillero -al que más de una vez fue a anunciar y celebrar sus propios discursos- pudiera poner las gradas a trabajar. La fiesta terminó y sólo dejó deudas. A principios de este año Astillero Río Santiago debería haber entregado el primero de una serie de remolcadores a la firma Abadía del Mar.
Tres cartas de crédito que destrabarían tres millones de dólares necesarios para la compra de insumos. Son los fondos que no tiene el Astillero Río Santiago y que el Banco Provincia no destraba. El astillero le debe plata al banco. El banco no tiene plata para el astillero.
Hay un año de paz social que se garantizaría en este hervidero social. Pero en la provincia de Buenos Aires todo es demora. La burocracia y la lentitud no tienen parangón, y la toma de decisiones es el lujo que queda cuando el último de los incendios se apaga. Aquí, hablar de planificación y largo plazo es menos optimista que utópico.
El astillero declaró la "emergencia laboral". La historia de este lugar se cansó de demostrar cuán malo es que la ebullición esté a sus anchas. Son muchos trabajadores, muchas familias y un sindicato muy frontal (ATE).
Más allá de este contexto, llama a la reflexión la relación que se abre entre una política que reclama a gritos inversiones pero, cuando éstas llegan, se quedan sin respuestas administrativas. Cada remolcador para Abadía del Mar cuesta US$ 12 millones. El mismo grupo inversor nacional (Abbey Sea) tiene órdenes de construcción para graneleros de US$ 20 millones para White Sea. Y US$ 3 millones traban este proyecto industrial sin precedentes.
La provincia, a cargo de María Eugenia Vidal, nombró a Joaquín de la Torre en el Ministerio de la Producción, que tiene a su cargo la gestión del astillero. De la Torre viene con buenos pergaminos de gestión. Más allá de la contención que deberá darle a esta inversión (que mira atónita la facilidad con la que Enarsa autoriza el ingreso de remolcadores usados), la gestión De la Torre deberá darle a los empresarios muchas garantías de que vale la pena confiar en la política.
Por Emiliano Galli
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