Hidrovía: fuego cruzado entre exsocios por el control de uno de los mayores negocios de la Argentina
El presidente de la compañía belga de dragado califica de “temibles” y “descaradas” las acciones para “apropiarse del trabajo de dragado” sin contar con los barcos, el personal, antecedentes ni conocimiento
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LA NACIONPaula Urien
Hay un nuevo capítulo de la saga que refleja la pelea por un negocio de unos US$200 millones anuales entre el dragado y el balizamiento de la Hidrovía. Tras la última comunicación de la Administración General de Puertos (AGP) que dejó sin efecto la licitación “corta” (por 180 días prorrogables) para adjudicar el dragado de la vía navegable troncal, la única empresa que pasó el filtro técnico envió a sus 400 empleados directos una fuerte comunicación interna firmada por Pieter Jan De Nul, donde el titular de la firma belga que había resultado adjudicataria calificó de “insólita” e “injustificada” la resolución. El joven presidente de la empresa suele hablar en forma directa, sin vueltas, y en pocas líneas resume su malestar.
“Como saben, la única empresa calificada técnicamente durante dicha licitación era Compañía Sud Americana de Dragados [el consorcio integrado por Jan De Nul]. Como también les hemos informado, en el dictamen de precalificación de dicho organismo quedaban claramente detalladas las notorias falencias técnicas del resto de las empresas que participaron de dicho proceso”, dice la misiva.
Luego, responsabiliza a la empresa de Gabriel Romero, su exsocio en Hidrovía S.A. durante 26 años y uno de los cuatro competidores por el negocio de US$80 millones para el dragado de la vía durante seis meses. “Como consecuencia del accionar de la empresa Emepa, que señaláramos oportunamente, se ha dictado en forma sorpresiva esta resolución que deja sin efecto la licitación, y que demuestra a la vista la influencia y el poder de lobby y de daño que ha ejercido esa empresa. Este hecho inédito y arbitrario genera un perjuicio enorme a Sud Americana de Dragados, porque nos privan de nuestro derecho de ganar la referida licitación, habiendo sido los únicos calificados”, sostiene la carta enviada a todos los colaboradores. Emepa pagó a la AGP una tasa oficial de US$800.000 para que se revise el dictamen.
Por otro lado, da un paso más. “Llama la atención que la AGP solo haya dejado sin efecto la licitación del dragado y no así la del balizamiento, que tramita en simultáneo, y donde incluso hubo menos participación que en la nuestra, y Emepa se encuentra próxima a ser adjudicada. Estaremos observando la conducta de AGP respecto de esta otra licitación”, advierte.
No hubo comentarios al respecto por parte de AGP.
“Ahora, seguramente se lanzará una nueva licitación para permitirles a otras empresas poder participar nuevamente, corregir sus errores y así quitarle a nuestra empresa el derecho de ganar la licitación que ahora se deja sin efecto”, asegura Jan De Nul.
Deja claro que esto no quedará así. “La empresa se encuentra analizando el curso de acción a seguir en defensa de nuestros derechos y los de todos nuestros trabajadores. Estamos dispuestos a agotar todas las instancias disponibles para objetar esta medida a todas luces tendenciosa y carente de argumentos. Ya no estamos en un escenario de juego limpio, y todo lo que hemos construido juntos se ve amenazado por la avaricia de unos pocos que se consideran dueños de la vía navegable troncal”, asegura.
“Esta decisión de AGP perjudica a la empresa, a los trabajadores, a los usuarios, al complejo agroexportador, a las navieras y a toda la Argentina”, dice, y agrega que “saldrán a la luz las temibles y descaradas propuestas de otras empresas de pretender apropiarse del trabajo de dragado de la vía navegable troncal, a pesar de no contar con dragas, con personal especializado, con antecedentes ni conocimiento en la materia”.
LA NACION pidió entrevistar a Gabriel Romero pero desde Emepa respondieron que “NO es algo que suela hacer”. Agregaron que “nosotros no solemos hablar con los medios. Nuestro perfil es muy bajo”. Sí contestaron que “la resolución de la AGP lo que dice en sus considerandos es que estima conveniente llamar a una nueva licitación porque quiere aumentar el grado de participación real. No tenemos nada que ver con la decisión de la AGP”.
Por Paula Urien
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