Graciela Corvalán. "La actual ley de zonas francas es incompleta"

Las 11 zonas francas operativas de la Argentina decidieron poner en práctica lo que reza el viejo dicho: la unión hace la fuerza. Hace algunos días se presentó formalmente el Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas. "Nos dimos cuenta de que compartíamos un objetivo común, que es la posibilidad de reflotar a nivel de gobierno nacional la política para el sector y trabajar sobre eso", dice Graciela Corvalán, secretaria de Estado de San Luis Logística, y presidenta del Consejo. El diagnóstico (y la preocupación) de Corvalán tiene un costado cuantitativo y otro cualitativo: "Si se analiza la totalidad de las zonas francas aprobadas por el gobierno en los 90 y las que hoy están operativas? y además se mira dentro de esas zonas francas quiénes verdaderamente están trabajando y generando, cada vez nos quedamos con menos zonas francas exitosas".

El régimen genera resquemor, ¿es por falta de conocimiento o por el mal uso que se hizo del mismo en ciertos casos?

-Creo que se mezcla un poco de cada cosa, pero fundamentalmente tiene que ver con una falta de definición de los gobiernos nacionales en relación a esta política específica que es el tratamiento de las zonas francas. Hoy operan bajo la legislación nacional, la ley 24.331 de la década del ?90, que es una ley incompleta y que con la evolución de las zonas francas en el mundo -absolutamente todas exitosas- quedamos atrás en materia de legislación y con eso con las múltiples posibilidades para desarrollar que tiene un territorio declarado zona franca. Esto tiene que ver con la falta de una política nacional en la materia, a punto tal que desde la década del ?90 hasta hoy no existe en el organigrama del PE un área a nivel subdirección, dirección, secretaría y ni qué hablar de ministerio. Hay un empleado de la administración pública -que todos conocemos-, con buena voluntad, que es quien nos responde las dudas que se puedan suscitar.

¿De quién depende ese funcionario hoy?

-Hoy, del Ministerio de la Producción.

¿Por qué dice que la ley es incompleta? ¿Cómo se define hoy una zona franca?

-Es un territorio diferente del nacional desde el punto de vista de sus operaciones comerciales y productivas y todo lo que se genera dentro de ese territorio es considerado como fuera del país en cuestión.

¿Tiene que ver con la parte impositiva?

-Sí, con lo que se puede considerar una importación o exportación. Ahí empiezan a jugar temas como derechos de exportación, pago de aranceles por importación. La zona franca es un instrumento más de política económica que tiene mucho efecto en lugares alejados de los centros de consumo o de los grandes centros de producción precisamente porque esta diferenciación permite la generación de empleo a partir de inversión que se hace por lo general en el interior, como el caso de Iquique, en Chile, y Manaos, en Brasil.

Las provincias de la Argentina lo vimos en su momento -y lo seguimos viendo- como una herramienta que posibilita un polo productivo y de generación de nuevos empleos que en el interior y en las economías regionales, es sumamente útil. La ley nacional tiene definiciones muy básicas y entonces cualquier política económica del gobierno de turno puede generar acciones que dejan de lado los conceptos de la ley y empieza a tener un impacto sobre la posibilidad cierta de operar en una zona franca la medida de un funcionario del Ministerio de Economía, ya sea de comercio exterior o de aduana. Y eso genera una inestabilidad muy grande en materia de las reglas de juego cuando uno decide entrar con una inversión en una zona franca.

¿Por ejemplo?

-Es claro el caso de La Pampa, una de las zonas francas -la única en la Argentina-, que tiene la posibilidad de generar procesos productivos dentro de su territorio y que en el gobierno anterior, con su política para la exportación de carne, vio cómo un frigorífico tuvo que cerrar sus puertas dentro de la zona franca. Esta falta de decisión en relación a cuál es la política y si verdaderamente se continuará con las zonas francas, es lo que tiene que decidir el Gobierno. Es la regla de juego para que las zonas francas puedan resurgir.

Uruguay, que tiene un esquema muy desarrollado de zonas francas, es sin embargo muy crítico del sistema argentino. ¿Qué diferencia a unos y otros?

-En la Argentina hoy las zonas francas sirven para almacenar mercadería que llega de otros países cuando el importador no quiere ingresar la totalidad en un mismo momento. Las usa para no tener que erogar el total de los derechos de una sola vez. En función de lo que va necesitando, va sacando. No está mal, financieramente produce un beneficio, que es uno de los puntos que tiene la zona franca, pero no es lo único. Es un punto que lo diferencia de un depósito fiscal que tiene muchísimo menos tiempo de almacenamiento de la mercadería antes de ser ingresada al territorio nacional. Hoy, la mayoría de las zonas francas cumplen con esa tarea de almacenamiento, excepto La Pampa, que tiene un agregado a la legislación nacional y puede hacer algún tipo de proceso productivo -creo que hoy la zona franca de General Pico tiene alrededor de 300 empleados-. La otra cuestión sería agregar algún tipo de proceso productivo que sólo se exporte a terceros países. El tema es que ante una política nacional tan errática como la que hemos tenido hasta ahora, ¿qué confiabilidad puede tener un inversor para ingresar, hacer una infraestructura, invertir en maquinaria y demás si luego se toman decisiones que dan por tierra con esas cuestiones de comercio exterior?

Más allá de lo que ha sido la política oficial a lo largo de estos años, la decisión de conformar el Consejo muestra una postura proactiva del sector privado.

-Exactamente. Estamos muy unidos para poder sacar una legislación que modifique y aumente las posibilidades de generación de empleo, inversión, y actividad dentro de las zonas francas porque creemos que es un resorte económico importante para desarrollar la economía. Es la primera vez que todos los concesionarios de las zonas francas y los poderes ejecutivos a los que pertenecen se ponen de acuerdo en conformar un consejo para compartir con el gobierno nacional la visión sobre el sector y pelear para que puedan ser verdaderamente un espacio productivo más en la Argentina.

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