Comercio. El balance en materia de intercambio del primer año de la nueva gestión

“La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global”. Ese es el décimo punto del Pacto de Mayo, el acuerdo sobre el que tanto insistió el presidente Javier Milei en el primer semestre del año y que terminó firmando con la mayoría de los gobernadores el 9 de julio, aunque no se avanzó en la constitución del Consejo de Mayo, que iba a trabajar en los proyectos de ley que materializarían el decálogo. A casi un año de la asunción de la gestión libertaria, LA NACION conversó con especialistas respecto de en qué se avanzó en materia de comercio internacional y qué queda por hacer.

En lo que va de su gestión, el Presidente ha realizado varios viajes internacionales, ha participado de foros internacionales (el último fue el G-20 en Brasil) y solo en las últimas semanas se ha reunido con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con el líder chino Xi Jinping y con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y con la italiana Giorgia Meloni. La figura de Milei escaló a nivel internacional y la pregunta es cuánto de esa dinámica también alcanza (y cómo) a los negocios de la Argentina con el mundo.

Los expertos consultados por este medio coincidieron en que todas las desregulaciones económicas encaradas impactan positivamente en las operaciones de comercio exterior, de la misma manera que lo hace el avance en la estabilización de la macroeconomía. Incluyen en el haber al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al levantamiento de las restricciones para pagos de importaciones.

En cambio, en el debe ponen a la política comercial. La de la Argentina sigue siendo una de las economías más cerradas del mundo, igual que lo es el Mercosur como bloque. Los ratios de exportaciones e importaciones sobre el PBI están entre los más bajos a nivel internacional. El 30% del PBI proviene del comercio internacional, cuando el promedio de la región es de 50%, con lo que el país debería exportar 70% más para equiparar al promedio latinoamericano, según datos de la consultora DNI que conduce Marcelo Elizondo.

Este año, las exportaciones rondarían entre los U$S 80.000 millones y los US$85.000 millones, lo que marcará una recuperación interanual del 15%, pero contra un 2023 muy afectado por la sequía. En lo que hace a inversiones extranjeras directas, el stock es de US$140.000 millones, 0,3% a nivel mundial. En plena crisis de 2001 era 0,9%.

“Este año la Argentina exportará unos US$80.000 millones, pero estamos en un contexto de mucha debilidad. Claramente, el país tiene que hacer algo para recuperar su participación internacional”, dice Elizondo.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera) elaboró una lista con las principales desregulaciones que alcanzan a la actividad. Incluye las eliminaciones del Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF), de las SIRA y del Sirase; de las restricciones de pago a 30 días posteriores a la efectiva prestación del servicio para el pago de fletes de exportación; de los valores referenciales; de las restricciones cuantitativas a la carne vacuna (se dejó vencer el decreto 911/2021); de los volúmenes de equilibrio en mercados agrícolas; de los fideicomisos basados en aportes de exportadores (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) y de la obligatoriedad de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) para ciertos productos.

También figuran la autorización para el aumento de la exportación por encima del Plan Gas.Ar; las mejoras de los regímenes de promoción de exportación, tal como importación temporaria y Repostock; la continuidad del 0% en retenciones para economías regionales; y la reducción a 0% para las de proteínas animales y sus cadenas. Además, la Cera destaca la decisión del Gobierno de retomar el camino de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la adhesión al convenio de subvenciones a la pesca de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la decisión de no ingresar a los BRICS.

Fernando Landa, presidente de la Cera, destaca la mejora en la interacción público-privada. “Las mesas sectoriales de diálogo están funcionando y hay integración de áreas. Vemos interacción en los aspectos de posicionamiento en discusiones multilaterales”, señala. También destaca la decisión de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional de medir la efectividad de las acciones de promoción y la revitalización del Comité Nacional de Facilitación del Comercio.

Estabilización

El especialista en economía internacional, comercio e integración regional y docente de la Universidad de San Andrés, Roberto Bouzas, apunta que en este primer año el Gobierno tuvo dos objetivos claves: desactivar “la bomba de tiempo” que recibió y encontrar algún tipo de ancla para frenar el proceso inflacionario. “No son lo mismo. La política comercial quedó en segundo plano, aunque hubo desregulaciones relevantes”, opina.

Coincide con esa mirada Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación. “Se reactivó la agenda, todo lo que se está haciendo en desregulación ayuda; hay un fuerte enfoque en reordenar la normativa interna del comercio internacional”, resume.

En tanto, para Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro, el primer desafío era “estabilizar la macro” y a eso se agregaron avances como regularizar la deuda con importadores y la reducción de la brecha cambiaria y de aranceles, “que está en línea con la integración del país al mundo”.

“Empezó de adentro para afuera –precisa Elizondo–. Hay muchas reformas internas que tienen amplio impacto en el comercio internacional. Todo lo que es estabilización y desregulación mejora la competitividad. Algunas alcanzan directamente a las operaciones internacionales y otras las favorecen, como por ejemplo los acuerdos de cielos abiertos y la baja del impuesto PAIS y lo que será su eliminación”.

Marengo y Elizondo incluyen al RIGI entre las medidas que favorecen el comercio internacional porque, “además de generar incentivos, también garantizan exportaciones”. Marengo explica que el régimen lo que busca es “estabilizar las reglas de juego a futuro”. Se diferencia del resto de los consultados en su apreciación sobre el cepo, al que le adjudica una función “precautoria para prevenir que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario”.

En ese punto, Landa entiende que debe ser levantado, así como eliminarse la liquidación mandatoria de divisas. “Estamos acostumbrados, después de tantos años, a que el Estado es el dueño de las divisas y no es así”, sintetiza.

Lo que queda

Elizondo admite que en este año “no hubo muchas noticias” en política comercial externa. La Argentina tiene el corsé del Mercosur, no puede firmar acuerdos de libre comercio sin la autorización del resto de los socios y, si no, debe salir del bloque. Bircher aclara que no puede firmar acuerdos bilaterales, sino son consensuados. Sobre el bloque, enfatiza que “no funcionará si no hay diálogo entre los mandatarios y eso corre para cualquier gobierno”.

A fin de año, la Argentina asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Para Elizondo es la oportunidad de insistir en recuperar autonomía para bajar aranceles y reabrir la discusión de acuerdos con terceros mercados.

“El modelo de unión aduanera está agotado –detalla Bouza–. Hay evidencia de que el Mercosur requiere una revisión. Javier Milei, quien tiene posiciones tan radicales en tantos campos, tal vez pueda encarar iniciativas para movilizar al bloque”. A la vez, entiende que el Presidente debería dejar de tener una “mirada reduccionista y simplificadora” como la que tuvo al hablar de un posible Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Señala que, además de las limitaciones para negociar por fuera del Mercosur, los tratados deben pasar por el Congreso de Estados Unidos, que hace varios años registra una pérdida de entusiasmo en ese campo. “Cuesta trabajo pensar que la Argentina pudiera dar vuelta esa decisión”, añade.

Para Marengo, “falta que la Argentina se incorpore al mundo, que se especialice en la producción en la que tiene ventajas y compre el resto”. Reconoce que la baja de aranceles implicará que habrá sectores que se quejarán. “Habrá ganadores y perdedores, y habrá que pensar cómo hacer para que los perdedores se incorporen, que integren las cadenas más beneficiadas”, reflexiona.

Una “agenda internacional con un enfoque más estratégico” es lo que Bircher considera que se debe poner en marcha. Y señala: “Hay oportunidades inmensas y lo mejor es no enfocarnos en uno o dos diálogos, sino tenerlos en simultáneo. Hay un enfoque político muy marcado y esperamos que se refleje en la balanza comercial”.

Otro factor clave que aparece en el repaso de los expertos es el de la promoción internacional, en la que el Gobierno no pareciera estar dispuesto a participar por entender que es una cuestión de privados. “Para que haya crecimiento de las exportaciones de más valor agregado se requiere de una serie de bienes públicos para iniciarse y para desarrollar capacidades. Pero no parece ni una prioridad ni parte de su mirada”, dice Bouza.

Elizondo agrega que la idea libertaria es que el Estado es más para generar reglas que para empujar negocios, más allá de que, en general, “los Estados tienen un rol, hacen promoción”. Cree que el Gobierno se dedicará más a la “apertura de mercados en términos relativos, a destrabar ingresos, a ayudar a cumplir estándares”.

Para Landa, la agenda 2025 está “toda relacionada con competitividad”. Y agrega: “Todo esfuerzo tiene que pasar por ahí, por el impacto sobre la competitividad que el Estado provoca (restricciones, retrasos en el recupero del IVA, el nivel de los reintegros). No podemos exportar impuestos. No queremos subsidios, queremos menos carga tributaria. También reducir los costos logísticos”. Menciona, por ejemplo, los “escalofriantes” aumentos en el Puerto de Buenos Aires y en la Hidrovía.

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