Buenas noticias para la exportación de servicios, pero hay mucho por resolver

Hace un suspiro, el Gobierno anunció el fin de los derechos de exportación en servicios para el 2022. Lo hizo durante un encuentro en Hacienda, del que participaron algunos representantes del área que los padecieron estos casi tres años y, por parte del Gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias y la Subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito.

Este gol en contra, comenzó con una primera reforma del Código Aduanero en el año 1998 (Ley 25.063), que colocó a los servicios al mismo nivel que las mercaderías en el caso de la importación. Y más recientemente en el tiempo, la Ley 27.467/2018 (presupuesto nacional 2019) que hizo lo propio con la exportación de servicios. A partir de ese momento estuvieron completas las insólitas bases en el Código Aduanero. Insólitas, porque la Aduana no tiene nada que hacer. Los servicios no pasan la frontera en cajas o contenedores. En todo caso, se mueven en mails, papeles por correo, pendrives, discos o incluso no tienen ningún soporte y están atados a la persona misma. La aduana no puede tocarlos ni contarlos. Como mucho puede imaginarlos, porque su gran particularidad es la intangibilidad.

Distraídos con el calorcito y de ojotas, nos sorprendieron en enero 2019 con el Decreto 1201/18 que reglamentó por primera vez a los derechos de exportación con una alícuota del 12%, y un piso no imponible de U$S 600 mil para las micro y pequeñas empresas. Después, a fin de ese mismo año, por decreto 99 se bajó esa alícuota al 5%. Si se cumple con lo anunciado, antes de fin de año se eliminaría por decreto el tributo (pero no sus bases en el Código lamentablemente).

El Decreto Reglamentario 1201 refiere como alcanzadas a las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. Por ejemplo: un arquitecto local que hace un plano para una casa que se construye en Uruguay; servicios de programación de software a empresas del exterior; servicios de traducción y subtitulado que se realizan en Rosario para las plataformas extranjeras de películas y series más conocidas; etc. No quedan alcanzadas exportaciones de servicios que se realicen en el exterior, como por ejemplo una fábrica de máquinas que envíe su personal al exterior para una puesta en marcha.

La Argentina ya anda en los servicios como en el chinchón (menos diez). Su balanza es históricamente deficitaria. Según las estadísticas de Indec, el comercio de servicios de los últimos años se situó, hasta 2019, entre US$30 mil y US$40 mil millones, con salidas netas crónicas: US$8452 millones en 2016, US$9695 millones en 2017, US$ 8935 millones en 2018 y U$S 4865 millones en 2019. Los principales rubros de pérdida de dólares por servicios son viajes y transportes. “Transportes” está integrado principalmente por los rubros “fletes” y “pasajes”. El primero representa una pérdida neta crónica en los últimos años, consecuencia -en parte- de la falta de una verdadera marina mercante nacional. En cuanto a las exportaciones, que es nuestro tema, tiene un importante rol y un saldo superavitario el rubro servicios empresariales, y en menor medida los ervicios informáticos. También el ingreso por viajes o transporte, pero estos ingresos quedan opacados por las salidas de divisas muy superiores en los mismos rubros. Dentro de los contados beneficios que dejó la pandemia habrá que anotar un poroto a la menor pérdida de divisas durante 2020. Las salidas netas fueron de US$2240 millones. Una baja impulsada fundamentalmente por una reducción de en más de 70% del rubro viajes, y del 46% del rubro transporte, respecto a 2019. Léase, turismo de argentinos en el exterior.

Paul Krugman, Nobel de Economía, sostiene que así como el comercio pasado estuvo dominado por los productos primarios, y el actual por las manufacturas; el comercio del mundo que viene será dominado por los servicios. Tiene sentido. Cuando analizamos nuestra propia economía familiar, podemos descubrir que nuestras compras domésticas de servicios de seguro, luz, agua, teléfono, cobertura médica, educación, alquiler, entretenimiento, transporte, turismo, etc., superan por lejos a las compras de supermercado, vestimenta, combustible, por dar un ejemplo. Ya respiramos el outsourcing (servicios que se brindan a distancia desde el exterior), y no es extraño que al hacer un reclamo en las plataformas de viaje o de pedidos de comida más conocidos nos atienda alguien en otro país.

Con la sequía de dólares que tenemos, castigar exportaciones de alto valor agregado y puro desarrollo intelectual como las exportaciones de servicios con un impuesto de este tipo es imperdonable. Somos exportadores de impuestos. Cuando se habla de falta de dólares por la restricción externa, anoten en el margen una importante restricción interna de sentido común y sensatez. Que se eliminen estos derechos de exportación, no es ningún logro para aplaudir. Es lo correcto. Lejos de promocionarlos, sólo le están quitando un injusto castigo (que vuelve como boomerang en contra de las propias arcas). Sería muy útil retrotraer también el Código Aduanero para que sólo refiera a mercaderías, que es lo que único que aduana sabe y puede controlar.

Más aún, si dice que con esto se fomentará notoriamente el ingreso de dólares, el Gobierno se equivoca. En este contexto de dualidad cambiaria, en los servicios, el dinero se escapa en criptomonedas, cajeros virtuales como Airtm, plataformas cross border como Payoneer o bancos digitales, sólo para dar ejemplos. Como la exportación es prácticamente invisible, las normas del Banco Central y de la AFIP son papel mojado. Si se pretende incrementar la oferta de dólares, en este rubro más que en ninguno, el Gobierno primero deberá resolver la brecha cambiaria. Y si no, seguiremos menos diez como en el chinchón.

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