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Comenzó a regir la prohibición de incluir impuestos o tasas en las boletas de los servicios públicos

Tal como lo había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, en la factura del gas, de la luz o del agua sólo podrán cobrarse componentes vinculados con la prestación de esos servicios; el Gobierno busca que provincias y municipios se hagan cargo de la presión fiscal que ejercen sobre los contribuyentes

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Las tasas municipales o provinciales ajenas a servicios públicos no podrán incluirse más en las boletas del gas, de la luz y del agua.
Las tasas municipales o provinciales ajenas a servicios públicos no podrán incluirse más en las boletas del gas, de la luz y del agua.

La Secretaría de Industria y Comercio había estipulado un tiempo para adaptar medidas y finalmente ese período terminó. Tal cual establece la Resolución 267/24, hoy comenzó a regir la prohibición de incluir impuestos o tasas en las boletas de servicios públicos de todo el país. De esta manera, el Gobierno activó la herramienta con la que busca que los intendentes y gobernadores se hagan cargo de la presión fiscal que ejercen sobre los contribuyentes.

De acuerdo a la normativa, las facturas de fin de mes de gas, luz o agua sólo podrán contener la descripción y el precio de elementos correspondientes al servicio. Según se explicó en un comunicado oficial, “en caso de incumplimiento, los consumidores podrán denunciar las irregularidades a través de la casilla de correo electrónico denunciatufactura@comercio.gob.ar”.

“La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”, estableció la normativa que recientemente entró en vigencia.

Esta medida del ministro Caputo despertó una reacción negativa en la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “No le mienta más a la gente. Los ciudadanos pierden por las consecuencias que producen las políticas económicas que usted y Javier Milei están llevando adelante”.
Esta medida del ministro Caputo despertó una reacción negativa en la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “No le mienta más a la gente. Los ciudadanos pierden por las consecuencias que producen las políticas económicas que usted y Javier Milei están llevando adelante”.Collage

Aquellas empresas que persistan en la inclusión de impuestos o tasas ajenas al servicio pública que brinden son plausibles de recibir penalidades previstas en la Ley 24.240. Entre ellas, se encuentran la apertura de un sumario administrativo y la aplicación de multas económicas.

“La decisión de la Secretaría de Industria y Comercio surge como respuesta a las reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales”, sostuvo el comunicado oficial.

A modo de ejemplo, el ministro de Economía Luis Caputo mostró un caso que ilustraría el impacto que busca tener esta medida. El funcionario publicó en redes sociales una foto de una factura de luz de un municipio bonaerense. Allí se ven dos listas de ítems con sus respectivos precios. Una de ellas contiene el detalle del gasto de luz, la cobertura de subsidios e impuestos nacionales, como el IVA. La suma de esa columna asciende a $12.838,19.

En una segunda columna, se incluyen servicios públicos tales como “obras sanitarias”, tasa de seguridad e higiene, un cobro derivado de ordenanzas municipales, aportes a una cooperativa del Hospital de Mar de Ajó y a bomberos voluntarios. Es decir, son pagos que no están vinculados al servicio eléctrico. Todos esos ítems suman $11.109,14.

Sumando las dos columnas, la factura que mostró Caputo tenía un precio total de $23.947,33. El ministro remarcó en la imagen esta segunda lista para mostrar que esos serían los pagos que, a partir de la decisión del Gobierno, ya no podrán incluirse en las boletas de servicios. Esto es, en la factura aludida solo deberían aparecer los $12.838,19 relacionados con el servicio específico correspondiente.

La medida fue respaldada por asociaciones de consumidores de todo el país que manifestaron la necesidad de terminar con estos cobros indebidos, que encarecen el valor total de la factura. Por el contrario, contó con la reacción negativa de algunos intendentes, como Mayra Mendoza, de Quilmes.

Mientras el Gobierno esgrime que esta medida busca que los políticos no escondan su responsabilidad sobre la presión fiscal que sufren los contribuyentes, la intendenta de Quilmes respondió: “Los ciudadanos pierden por las consecuencias que producen las políticas económicas que usted (Luis Caputo) y Javier Milei están llevando adelante”.

Según informó LA NACION, al menos los intendentes de Merlo y de Morón, Gustavo Menéndez y Lucas Ghi, ambos de Unión por la Patria, pusieron en marcha las presentaciones de recursos de amparo tras la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en apoyo a la decisión de la Secretaría de Comercio e Industria.

En Merlo, la presentación judicial se activó tras la comunicación del ente. “Apenas observamos lo del ENRE”, contestó una fuente de la intendencia ante la consulta de LA NACION sobre cuándo efectivizaron el pedido de un recurso judicial para frenar la resolución de Caputo.

“La resolución del ministro es contraria a las leyes de la provincia de Buenos Aires que avalan el cobro como se viene haciendo. En caso de que eso avance [por la prohibición de percibir la tasa de alumbrado en conjunto con el servicio eléctrico], el resultado va a ser el conurbano a oscuras, porque ningún municipio va a poder pagar la factura”, indicaron desde la Municipalidad de Merlo.

“La confirmación de la medida” por parte del ENRE motivó también la puesta en marcha de una presentación judicial de la Municipalidad de Morón, señaló un funcionario local consultado por este diario.

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