Congelamiento. La medida le costará a YPF hasta US$120 millones mensuales

La medida de congelar los valores de los combustibles cayó como otro balde de agua fría en el sector petrolero. El primer shock había sido el resultado de las PASO. En la madrugada de hoy salió publicado por decreto de necesidad de urgencia (DNU) la normativa que obliga a las empresas a fijar los precios de la nafta y el gasoil por los próximos 90 días.

Daniel González, CEO de YPF, buscó llevar tranquilidad a los inversores y a las 10 de la mañana pactó una conferencia por teléfono de 10 minutos. En ese call, el ejecutivo le admitió a los accionistas que por la nueva reglamentación dejará de percibir entre US$100 y US$120 millones, según el cable de noticias especializado en finanzas Reorg, que tuvo acceso al detalle de la conversación.

Para que el capex (gasto en capital) de la compañía no se vea afectado, González indicó que YPF recortará sus inversiones "en una cantidad similar al impacto del Ebidta (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones)". La compañía tenía planeado proyectos de inversión por un total de US$4000 millones este año.

En ese sentido, indicó, según Reorg, que la decisión de reducir sus inversiones podía ralentizar el crecimiento de la producción, pero que es demasiado pronto para saber cuánto. Según González, YPF y otras compañías del segmento le comunicaron al Gobierno la implicación negativa de esta medida, e indicó que trabajarán para tratar de reducirla antes de los 90 días.

El Gobierno consideraba al principio congelar los precios de las naftas a través de YPF, que tiene operaciones en casi el 56% del mercado de estaciones de servicios (el llamado downstream). "La nafta no es un servicio público, tenemos nuestra empresa con participación importante en el mercado, mediante la cual podemos fijar de alguna forma el precio", había dicho Rogelio Frigerio, ministro de Interior.

Pero los directivos de YPF no pueden tomar una decisión que este en contra de los intereses de la empresa sin recibir una demanda penal por parte del 49% de los accionistas privados. Para eso se necesitaba un instrumento legal que obligue a la compañía a no aumentar los precios.

En principio, el Gobierno tenía planeado emitir una resolución para revivir la ley de abastecimiento, una medida utilizada por el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno durante el gobierno de Cristina Kirchner. Finalmente, se decidió sacar un DNU, que se fundamenta en la ley de soberanía hidrocarburífera de mayo 2012, por la cual se ordenó la expropiación del 51% de las acciones de YPF. "Es menos observable jurídicamente y la ley de abastecimiento hubiese sido un antecedente peor", justificaron en la Secretaría de Energía.

Más temprano a la mañana, Gastón Remy, CEO de Vista, la petrolera fundada por Miguel Galuccio, también señaló en una entrevista con radio Mitre que la normativa fue "algo que no se negoció, sino que se impuso a la industria", y que "pone en riesgo a Vaca Muerta".

La preocupación entre las petroleras ahora está en lo que ocurrirá con el día 91, ya que con la medida, los precios de las naftas van a acumular entre un 25 y 30% de atraso.

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