Claves alrededor de la discusión presupuestaria
Calificar al Presupuesto como “ley fundamental de la Nación” es pura poesía porque los diputados y los senadores que la votan no tienen forma de poder pronosticar con certeza los ingresos
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Cayetano Antonio Licciardo me explicó, en la Universidad Católica Argentina (UCA), en 1964, que el presupuesto nacional es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos, así que déficit o superávit no se sabe bien qué es. Porque diputados y senadores pueden votar la cantidad de bomberos, maestros y directores de música que pueden trabajar en el Estado nacional, pero, ¿qué quiere decir votar un pronóstico de ingresos? Por lo cual, calificar a la del presupuesto nacional “ley fundamental de la Nación” aquí y ahora es pura poesía, a la que Licciardo era tan afecto… pero no cuando trabajaba.
Licciardo sabía de lo que hablaba porque había sido Director Nacional de Presupuesto y luego fue ministro de Economía y de Educación de la Nación.
El presupuesto nacional se plantea en pesos corrientes y por consiguiente se elabora sobre la base de pronósticos referidos a inflación, variación del producto bruto interno (PBI), aumento del tipo de cambio oficial, tasas de interés, políticas tarifarias y de salarios públicos, etc. No perdamos tiempo cuestionando el “realismo” de la hipótesis inflacionaria (60% entre 2022 y 2023).
Pero esto no quiere decir que el debate y la votación en el Congreso sean irrelevantes. Buena parte de los diputados de la oposición juraron por su madre que no votarán impuestos nuevos ni aumento de la alícuota de los existentes, pero al parecer no pueden impedir que el Poder Ejecutivo modifique las valuaciones sobre la base de las cuales se liquidan los impuestos, cobra anticipos “de manera anticipada”, etc. Junto a lo cual, como mostró la reciente aprobación del consenso fiscal, algunos diputados de la oposición son formalmente de “la Nación”, pero votaron según las instrucciones recibidas por sus gobernadores, quienes también integran la oposición, pero tienen que afrontar los gastos de sus respectivas jurisdicciones.
La implicancia es clara: las elecciones legislativas de 2021 fueron muy importantes. Explican, por ejemplo, el anodino pronunciamiento de Diputados, a propósito del atentado a la vicepresidenta de la Nación; porque si el oficialismo no hubiera perdido la mayoría, el texto habría responsabilizado del hecho a la justicia, los medios y la oposición.
Pero en el plano fiscal la lucha será más dura. ¿Podrán los diputados de la oposición frenar iniciativas en materia impositiva sin tener que compartir con el oficialismo el costo político de algún ajuste de ciertos gastos?
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