Cinco hitos de la historia reciente de YPF
Vaivenes por las decisiones de los gobiernos sobre su paquete accionario
De ser una sociedad del Estado, a pasar a manos privadas. Primero internacionales, con la española Repsol y más tarde también nacionales con el ingreso de la familia Eskenazi.
Néstor y Cristina Kirchner tuvieron un rol protagónico. Durante el gobierno de Carlos Menem, el por entonces gobernador de Santa Cruz recibió fondos, aunque luego se mostró enemigo de la privatización. En los últimos meses, la Presidenta viró su actitud frente a los accionistas y comenzó a sobrevolar la idea de la intervención estatal. Hoy, llegó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera.
Los hitos de las últimas dos décadas:
Desregulación (1989)
Con la llegada del gobierno de Carlos Menem, en 1989, comenzó la reestructuración de la petrolera estatal. Predominaba la idea de que la empresa debía deshacerse de empleados y activos y que era necesaria una desregulación del sector. En 1991, José Estenssoro tomó el control de la compañía y fijó los cambios que derivaron en su privatización. Su gestión duró hasta su muerte, en 1995, cuando cayó en Ecuador un jet privado en el que viajaba junto con otras 13 personas. "Aunque estoy en las antípodas de su pensamiento, debo reconocerle [a Estenssoro] la tarea que llevó a la producción más alta en 1998", sostuvo la Presidenta el pasado marzo.
Privatización (1992)
En 1992 se privatizó YPF a través de la ley 24.145: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que era una sociedad del Estado, se convirtió en YPF S.A. El Estado otorgó privilegios a la compañía para incrementar su valor en el mercado y el sector privado, compuesto por bancos y fondos de inversión de diversos países fue acrecentando su participación en el paquete accionario.
El entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, apoyó la iniciativa:
En 1996 Kirchner recibió acciones como compensación por regalías mal liquidadas, por una cifra que, con los años, quedó sumergida en la incógnita. Cuando el santacruceño llegó a la Casa Rosada, Menem se refirió a aquel momento: "Este presidente y su mujer fueron los más entusiastas en privatizar YPF. Nos ayudaron a impulsar la privatización".
Repsol se quedó con YPF (1999)
La empresa de capital español adquirió el 85,01% de las acciones de la compañía por US$ 13.439 millones. En enero de 1999, Repsol se había quedado con el 14,99% del paquete accionario. Pese a que la oferta ibérica recibió la resistencia inicial de los accionistas, el directorio recomendó aceptar la propuesta.
Ingreso de la familia Eskenazi (2007)
El grupo Petersen, comandado por la familia Eskenazi, se quedó con el 14,9% de YPF. El conglomerado empresario contó con el visto bueno del kirchnerismo en su intención de "argentinizar" la petrolera que supo ser propiedad del Estado. "Los argentinos tendríamos que estar contentos de que capitales argentinos estén recuperando parte de la empresa que lamentablemente nos ha traído tantos dolores de cabeza [luego de] su privatización", sostuvo el por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
En mayo de 2011 el grupo Petersen amplió su participación en YPF con la compra del 10% más de acciones por un total de US$ 1.304 millones. De esta manera, el grupo que controla la familia Eskenazi se quedó con el 25,46% de la petrolera. La Presidenta mostró una amistosa relación con los Eskenazi e incluso llegó a calificarlos como "la nueva burguesía nacional que necesita el país" .
Ruptura (2012)
El Gobierno inició una ofensiva pública contra los dueños de YPF y empezó a sobrevolar la idea de una mayor interferencia estatal en la compañía. Las provincias comenzaron paulatinamente a quitarles áreas petroleras. La primera medida la tomó el gobernador Martín Buzzi en Chubut, y enseguida hubo un efecto dominó en otros mandatarios provinciales. La segunda acción la llevó Santa Cruz, cuando oficializó el miércoles pasado la quita del mayor yacimiento de la provincia.
Sin embargo, todavía restaba el anuncio oficial de la expropiación de YPF, que llegó este mediodía a través de la cadena nacional. Se realizará por medio de una ley que la Presidenta decidió enviar al Congreso. El 51% irá a manos del Estado nacional y el 49, a las provincias.
Por otro lado, declaró de utilidad pública de la producción de combustible.
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